“Si tuviese plata o la casa más grande sí la cuidaría”

La frase fue dicha por la mamá de la beba que pudo haber sido dada en adopción a una de las juezas destituida ayer, en votación unánime del Tribunal de Enjuiciamiento que puso el foco donde realmente importa: no se entrega a un hijx porque se es pobre.

*Por Sara Delgado

El
Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por la jueza Reneé Fernández, el diputado
José Blassiotto y la abogada Florencia Moreira, decidió este lunes expulsar del
Poder Judicial a las juezas de Familia, María del Rosario Alvarez y del Menor,
Angélica Zari, por la tramitación irregular de la adopción de una beba nacida
en febrero en Caleta Olivia.

La
votación fue unánime y el fallo tiene más de cien páginas, que ayer fueron
publicadas por la versión online de La
Opinión Austral, en un recorrido por un caso disruptivo para la Justicia
santacruceña que pocas veces sentó a unx de los suyos en el banquillo, o que
cuando lo intentó, sortearon el apuro con carpetas médicas, tal como sucedió
ahora con la jueza del Civil, Malena Totino, la tercera magistrada involucrada
en el escándalo.

Durante
la cobertura que este diario le dio al caso, se supo cómo fue que la maniobra
se detectó gracias a la intervención de la titular del Registro Provincial de Adopción,
Silvia Manríquez, respecto de la existencia de un trámite irregular iniciado
por la familia de la jueza Zari en los estrados de Alvarez, de la posterior
Acta que se labró en el Tribunal Superior de Justicia, de la intervención de la
Secretaría de Niñez de la provincia y la denuncia penal del Ministerio de
Desarrollo, después de que se pidiera la nulidad de todo, pero también de las
circunstancias de vulnerabilidad que rodeaban a la mamá de la beba que era
menor de edad al momento del embarazo y de los más de treinta días que la
recién nacida pasó sin nombre en una cuna de hospital.

Sin
embargo, el fallo de ayer y a pesar de la diatriba mediática de las defensas,
pone el foco en los derechos vulnerados detrás de las actuaciones que duraron
desde diciembre a marzo, con una mujer en situación de pobreza, una beba sin
identidad y un padre al que no se lo tuvo en cuenta.

En
la declaración de la titular de la Oficina de Infancia de la Municipalidad de
Caleta Olivia, a la que las juezas no dieron intervención sino hasta que se
pidió la nulidad de todo, se lee que Laura, -así le ponemos a la mamá de la
beba- “dijo en la primera entrevista quién era el padre de la bebé. Lo
citamos, él se presentó? no sabía que la bebé había nacido. Le preguntamos si
quería ejercer su paternidad y dijo que sí”.

En
este punto hay que recordar que, en marzo, hay presentaciones de la ex jueza
Zari solicitando la entrega de la beba, un escenario que nunca debió ser
pensado porque la menor tenía un padre biológico que no sabía nada.

Sin
embargo, en la centralidad del asunto está el modo en el que se desata la idea
de la adopción, que dio origen a la tramitación que iniciaron las magistradas,
en ausencia absoluta de perspectiva de género.

“Estoy embarazada de seis meses y medio? y lo quiero dar
en adopción, por motivos económicos porque no lo puedo cuidar? Porque somos
muchos en mi casa? Si tuviese plata o la casa más grande sí la cuidaría. Sé quién
es el papá, pero no quiero decirlo porque ya no somos pareja, no lo veo desde
agosto? El papá del bebé me ayudaría, pero no estaríamos juntos, él lo dijo en
el momento, pero no trabaja y no terminó la escuela. Eso y lo de mi familia me
angustia, si tuviera una familia contenedora la tendría, ahora ellos están en
problemas y uno más, se complica?”.

El
tribunal entendió que ante semejante panorama, las juezas debieron dar intervención
a Niñez para que aplicara el sistema de protección integral de derechos y darle
a Laura asistencia psicológica y económica para decidir en libertad. Porque para
la Ley, ser pobre no alcanza para arrancar un niñx de su familia biológica.