Sobre la reforma procesal penal

*Por Gabriel Lucio Giordano, ex fiscal de Cámara

Hace unos días un colega señalaba algo que no puedo menos que compartir,
“los jueces de Instrucción son más conservadores que la iglesia y se resisten
al cambio”, y ello nos lleva a señalar que el problema no es del chancho sino
quien les da de comer, esto a mi juicio concluye si ponemos sobre la mesa la
problemática y quiénes son los que no quieren que nada cambie o que nazca una
esperanza en dicho sentido.

Entiendo que si bien los llamados jueces de Instrucción fueron
detractores de los sistemas acusatorios y verdaderos lacayos de los procesos
inquisitivos, cierto es que la gran conflictividad judicial y la imposibilidad
de resolver razonablemente los casos, hicieron variar dicho pensamiento, de
forma tal, que hoy día, no existe resistencia en dicho sector, aunque sí un
gran silencio por quienes conducen jerárquicamente los destinos del Poder
Judicial, ¿será por temor o por ideología?

Todo indica que el
diagnóstico resulta desalentador para los operadores del sistema penal, puesto
que nos encontramos frente el dilema de la imposibilidad de satisfacer las
demandas y necesidades ciudadanas, en un campo territorial y espacial que se
encuentra en pleno crecimiento demográfico, los delictuales son superados por la
realidad cotidiana, producto de la ineficacia del sistema que componen jueces
de investigación llamados de Instrucción. Algo que está sin lugar a dudas
agotado. Es nuestra opinión y así lo venimos proponiendo hace ya varios años,
que es tiempo de trabajar en un sistema de persecución penal eficaz.

La provincia de Santa
Cruz, al igual que las que componen la Patagonia Austral, están siendo
integradas real y efectivamente a las demás zonas del país, dato no menor, como
para pensar en que en el campo de la Política de Materia Criminal deberá de inmediato
planificarse una estructura lo suficientemente sólida para abordar los nuevos
tiempos, toda vez que somos el furgón de cola, ya que el resto del país ya
efectuó las reformas pertinentes.

No alcanza con crear nuevas
agencias judiciales (Juzgados, Fiscalías, Defensoría, etcétera) en puntos
diversos de las distintas localidades de la provincia, según pareciera ser
demandado. Es sin lugar a dudas otro el camino que debe orientar la reforma, y
a poco que nos introducimos en la materia, surge el primer e inevitable
escollo, que estamos ante un Poder (el Judicial) con estructuras muy cerradas,
que carece de iniciativa para abordar esta problemática.

Los fiscales,
preocupados por ello, desde hace ya unos años hemos iniciado una autocrítica a
lo dicho, y logramos consolidar entre los pares el acuerdo de que, sin un
adecuado sistema de persecución (investigación) penal no lograremos alcanzar
los objetivos para los que el MPF está creado, hoy críticamente abandonado por
quienes me precedieron en el cargo. Ese mismo compromiso ciudadano, nos llevó en
aquel momento a conformar la Asociación de Fiscales de la Provincia de Santa
Cruz, y en el camino nos encontramos con un sinnúmero de escollos, trabas y
demás penurias, hoy se extinguió la asociación y en apariencia la idea de
cambio.

La mayor parte de las
provincias ha logrado, trasladar la investigación a los fiscales, siendo sólo
Santa Cruz, la única que no ha dado paso esta importantísima materia pendiente.
Una de las ideas principales es tratar de concientizar al medio, pues los
operadores de justicia, ya están convencidos de dar el salto, resta
concientizar a las autoridades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, de las
ventajas del cambio, como así también conformar comisiones mixtas de trabajo
con sectores del Poder Judicial; el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa;
la Cámara de Diputados y el Ministerio de Gobierno, sectores académicos, todo
ello teniendo en cuenta los lineamientos estipulados, en el marco de la reforma
del Código de Procedimiento Nacional.

Propuesta

Asimismo, es un objetivo
demarcar las problemáticas de la región patagónica, desarrollando y estudiando
el mapa delictual de la misma, a fin de que con el proceso de reforma, se pueda
contar con una agencia de resolución de conflictos en cada localidad, que nos
nivele no sólo a estándares internacionales, sino también igualdad de
oportunidades y tratamiento de los distintos habitantes de la provincia de
Santa Cruz. Es decir contar con un representante del Ministerio Público Fiscal
en cada localidad, permitirá gracias a la ventaja del sistema investigativo en
manos de fiscales resolver expeditivamente gran número de casos, bajo el
principio de oportunidad reglado, corriendo el fantasma de la duda sobre la
implementación, bajar el costo social y operativo y direccionar adecuadamente
el presupuesto de dicho organismo.

Santa Cruz no puede
quedar al margen del proceso de modernización del sistema procesal en el campo
del derecho penal, las constantes demandas ciudadanas y el divorcio cada vez más
apreciable entre sociedad y Poder Judicial, requiere de la inmediata puesta en
marcha del proceso de reformas, siguiendo la tendencia latinoamericana que ha
fijado los estándares mínimos del debido proceso y las defensas de los derechos
de los habitantes de la región, abandonando los sistemas de persecución penal
existentes hasta las décadas anteriores, (inquisitivos o inquisitivos mixtos)
sustentados en la figura de un juez de Instrucción, recientemente criticados
por mi colega el Dr. Muriete, con quien comparto su pensamiento al intentar
poner en agenda del Estado el colapso que genera un instituto totalmente
desgatado, como es el juez de Instrucción.