Política y Economía

Sobre la reforma procesal penal

Por La Opinión Austral


*Por Gabriel Lucio Giordano, ex fiscal de Cámara


Hace unos días un colega señalaba algo que no puedo menos que compartir,

"los jueces de Instrucción son más conservadores que la iglesia y se resisten

al cambio", y ello nos lleva a señalar que el problema no es del chancho sino

quien les da de comer, esto a mi juicio concluye si ponemos sobre la mesa la

problemática y quiénes son los que no quieren que nada cambie o que nazca una

esperanza en dicho sentido.


Entiendo que si bien los llamados jueces de Instrucción fueron

detractores de los sistemas acusatorios y verdaderos lacayos de los procesos

inquisitivos, cierto es que la gran conflictividad judicial y la imposibilidad

de resolver razonablemente los casos, hicieron variar dicho pensamiento, de

forma tal, que hoy día, no existe resistencia en dicho sector, aunque sí un

gran silencio por quienes conducen jerárquicamente los destinos del Poder

Judicial, ¿será por temor o por ideología?


Todo indica que el

diagnóstico resulta desalentador para los operadores del sistema penal, puesto

que nos encontramos frente el dilema de la imposibilidad de satisfacer las

demandas y necesidades ciudadanas, en un campo territorial y espacial que se

encuentra en pleno crecimiento demográfico, los delictuales son superados por la

realidad cotidiana, producto de la ineficacia del sistema que componen jueces

de investigación llamados de Instrucción. Algo que está sin lugar a dudas

agotado. Es nuestra opinión y así lo venimos proponiendo hace ya varios años,

que es tiempo de trabajar en un sistema de persecución penal eficaz.


La provincia de Santa

Cruz, al igual que las que componen la Patagonia Austral, están siendo

integradas real y efectivamente a las demás zonas del país, dato no menor, como

para pensar en que en el campo de la Política de Materia Criminal deberá de inmediato

planificarse una estructura lo suficientemente sólida para abordar los nuevos

tiempos, toda vez que somos el furgón de cola, ya que el resto del país ya

efectuó las reformas pertinentes.


No alcanza con crear nuevas

agencias judiciales (Juzgados, Fiscalías, Defensoría, etcétera) en puntos

diversos de las distintas localidades de la provincia, según pareciera ser

demandado. Es sin lugar a dudas otro el camino que debe orientar la reforma, y

a poco que nos introducimos en la materia, surge el primer e inevitable

escollo, que estamos ante un Poder (el Judicial) con estructuras muy cerradas,

que carece de iniciativa para abordar esta problemática.


Los fiscales,

preocupados por ello, desde hace ya unos años hemos iniciado una autocrítica a

lo dicho, y logramos consolidar entre los pares el acuerdo de que, sin un

adecuado sistema de persecución (investigación) penal no lograremos alcanzar

los objetivos para los que el MPF está creado, hoy críticamente abandonado por

quienes me precedieron en el cargo. Ese mismo compromiso ciudadano, nos llevó en

aquel momento a conformar la Asociación de Fiscales de la Provincia de Santa

Cruz, y en el camino nos encontramos con un sinnúmero de escollos, trabas y

demás penurias, hoy se extinguió la asociación y en apariencia la idea de

cambio.


La mayor parte de las

provincias ha logrado, trasladar la investigación a los fiscales, siendo sólo

Santa Cruz, la única que no ha dado paso esta importantísima materia pendiente.

Una de las ideas principales es tratar de concientizar al medio, pues los

operadores de justicia, ya están convencidos de dar el salto, resta

concientizar a las autoridades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, de las

ventajas del cambio, como así también conformar comisiones mixtas de trabajo

con sectores del Poder Judicial; el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa;

la Cámara de Diputados y el Ministerio de Gobierno, sectores académicos, todo

ello teniendo en cuenta los lineamientos estipulados, en el marco de la reforma

del Código de Procedimiento Nacional.


Propuesta


Asimismo, es un objetivo

demarcar las problemáticas de la región patagónica, desarrollando y estudiando

el mapa delictual de la misma, a fin de que con el proceso de reforma, se pueda

contar con una agencia de resolución de conflictos en cada localidad, que nos

nivele no sólo a estándares internacionales, sino también igualdad de

oportunidades y tratamiento de los distintos habitantes de la provincia de

Santa Cruz. Es decir contar con un representante del Ministerio Público Fiscal

en cada localidad, permitirá gracias a la ventaja del sistema investigativo en

manos de fiscales resolver expeditivamente gran número de casos, bajo el

principio de oportunidad reglado, corriendo el fantasma de la duda sobre la

implementación, bajar el costo social y operativo y direccionar adecuadamente

el presupuesto de dicho organismo.


Santa Cruz no puede

quedar al margen del proceso de modernización del sistema procesal en el campo

del derecho penal, las constantes demandas ciudadanas y el divorcio cada vez más

apreciable entre sociedad y Poder Judicial, requiere de la inmediata puesta en

marcha del proceso de reformas, siguiendo la tendencia latinoamericana que ha

fijado los estándares mínimos del debido proceso y las defensas de los derechos

de los habitantes de la región, abandonando los sistemas de persecución penal

existentes hasta las décadas anteriores, (inquisitivos o inquisitivos mixtos)

sustentados en la figura de un juez de Instrucción, recientemente criticados

por mi colega el Dr. Muriete, con quien comparto su pensamiento al intentar

poner en agenda del Estado el colapso que genera un instituto totalmente

desgatado, como es el juez de Instrucción.

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