En julio de 2021, La Opinión Austral dio a conocer el caso de un hombre que fue engañado por tres personas que simularon ser policías para robarle su camioneta. Hoy se sabe, por registros fílmicos y testigos, que en realidad los delincuentes también pueden llevar uniforme, algo tan descabellado que ni siquiera la víctima creyó posible.

Como sucede con la falacia del experto, que se produce cuando confiamos en la palabra de una persona por sobre la otra porque lleva traje, bata de  médica o uniforme de seguridad, la investigación por el robo de una camioneta a plena luz del día apareció como la búsqueda de tres ladrones que se hacían pasar por policías de la Federal, y no fue hasta que  aparecieron las pruebas que se barajó la idea de que, en realidad, los ladrones eran policías.

El 28 de julio del año pasado, tres policías vestidos de civil pararon una camioneta Volkswagen Saveiro que salía de la estación de servicio YPF ubicada en avenida Gregores y Liniers. Hicieron bajar a su conductor, le mostraron placas de la Policía Federal y le dijeron que su vehículo tenía una orden de secuestro, por lo que se los debía entregar luego de que verificaran el número de motor y chasis.

Para hacerlo, lo escoltaron hasta el estacionamiento del Hipertehuelche y, luego de revisarle el auto, le dijeron que los números estaban adulterados, dándole a entender que la camioneta era robada y, efectivamente, debían secuestrársela.

Ante ello, la víctima, S. José, de quien se sabe es un trabajador cuentapropista, les rogó que primero le permitieran sacar las  herramientas de trabajo y llevarlas a su casa, algo a lo que curiosamente los oficiales accedieron, escoltándolo nuevamente, para luego culminar con el procedimiento en inmediaciones del Hospital Regional de Río Gallegos.

Fue en ese lugar donde los tres federales buscaron testigos para que acreditaran que estaban llevando adelante el secuestro de un automotor y entre ellos aparece el obispo Jorge García Cuerva, que circunstancialmente pasaba por el lugar, tras lo cual le pidieron al dueño de la camioneta que se fuera caminando.

Cuando a José le “secuestraron” el auto, los policías le pidieron al obispo García Cuerva que saliera de testigo.

Así lo hizo, pero al cabo de unos minutos decidió regresar al lugar del procedimiento porque dudaba y la razón de esto es que mientras los policías le sacaban el auto, quedó en evidencia que sabía perfectamente quién era, a qué se dedicaba y de qué vivía.

Sin embargo, cuando José volvió ya no había rastros de la camioneta ni de los policías. El operativo se había esfumado sin que se convocara a una grúa.
Todo era sospechoso, pero en especial que nunca le mostraran ninguna orden y que le pareció que los federales lo habían estado esperando, por eso decidió presentase en la delegación local de la Policía Federal, donde le confirmaron que no se había ordenado ningún procedimiento al respecto ni tenían reporte de su existencia.

José había sido víctima de una emboscada. Pero ¿por qué? Al día siguiente su camioneta apareció abandonada en el barrio San Benito, en calle 5, entre 36 y 38. La noticia de esa fecha reportaría que un hombre había sido engañado por tres personas que se hicieron pasar por policías de la Federal, aunque la investigación determinó que los efectivos existen, a partir de la obtención de cámaras de seguridad que registraron secuencias del operativo montado y la recopilación de testimonios de vecinos y vecinas.

Los policías sabían bien quién era S. José y todo indica que lo estaban esperando. ¿Por qué?

José siempre creyó que lo habían engañado tres delincuentes que se hacían pasar por policías. De hecho, horas antes de que apareciera su camioneta, en declaraciones que hizo a LU12 AM680, le agradece a la delegación federal local por la “ayuda” que le dieron cuando fue a cerciorarse y porque encontraron su camioneta.

“Ahora vamos a tener que conseguir un cerrajero, esperar que hagan las patentes de nuevo y que me entreguen la camioneta, pero lo importante es que está y que ya la voy a volver a tener”, aseguró entonces.

A la camioneta que dejaron en el bario San Benito le faltaban ahora las chapas patentes, el estéreo y varios papeles, además que no estaban las llaves y en su interior sólo quedaba la cédula única de identificación del vehículo, también conocida como tarjeta verde.

Durante el año de investigación, los tres siguieron trabajando y portando sus armas

La investigación, que en un primer momento estuvo a cargo de la jueza de Instrucción Rosana Suárez, siguió la pista de una banda de ladrones que simulaban ser miembros de las fuerzas de seguridad. Hasta que, mediante una rueda de reconocimiento, se determinó quiénes eran: tres jóvenes policías que vinieron a Santa Cruz a cumplir servicio en la delegación federal.

Además, resultaron claves los videos de las cámaras de la zona, que mostraron que una camioneta de la Policía Federal pasaba por el lugar en el momento en el que abandonaron el vehículo de José.

Con la ratificación de que se trataba de hombres con placa, la cosa se ensombreció y el expediente pasó a manos del juez federal Claudio Vázquez, quien recientemente ordenó allanamientos en las casas de los policías así como también de sus espacios de uso dentro de la delegación, en los que secuestró teléfonos, equipos y la ropa que habrían usado en el día de la emboscada a José.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, cree que el delito que cometieron los policías es de extorsión.

La semana pasada el magistrado los llamó a indagatoria, entendiendo que el delito que cometieron fue el de extorción, aunque los motivos por los cuales eligieron a esa víctima y no a otra o qué buscaban realmente son todavía un misterio.

José dijo no conocerlos y sobre él no pesan antecedentes y, al parecer, lleva una vida de trabajador común y corriente, por lo que deducir cualquier vínculo emerge como un escollo.

Los tres federales permanecen detenidos. En la indagatoria se negaron a hablar

A comienzos de la semana, los policías, que tienen como abogado a Matías Solano, fueron citados a indagatoria, pero se negaron a declarar, por lo que la  incógnita es norme, aunque la expectativa del juez es que los teléfonos reconstruyan los hechos.

En efecto, según pudo saber La Opinión Austral de forma preliminar, los datos derivarían en otros hechos, aunque no está claro si los tres efectivos operaban como una organización criminal en todos los casos.

El delito cometido por los tres federales es grave y podría tener penas de hasta cinco años. Es decir que se enfrentan a un expediente no excarcelable. En detención llegarán a juicio y actualmente se encuentran bajo custodia de Gendarmería, en la zona de Chimen Aike.

Lo que resulta llamativo hasta acá es que en casi el año que se lleva de investigación, los policías continuaron portando el uniforme y el arma reglamentaria y no fue hasta que se los detuvo que la Policía Federal inició un sumario interno. Hasta acá, el jefe de división Unidad Operativa Federal Río Gallegos de la Policía Federal Argentina, Carlos Quinteros, nada aportó ni consultó al juzgado. El silencio habita más allá de los tres acusados.