Silvina Lamas: “El cierre de la ANDIS es un retroceso gravísimo en derechos”

El cierre del año llegó con una noticia que cayó como un baldazo de agua fría para el colectivo de la discapacidad. El Gobierno nacional comunicó, en plena previa de las fiestas, la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad tal como se la conocía, para pasar a integrarla dentro de la estructura del Ministerio de Salud.

El nuevo secretario de la Agencia de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones: “esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, sentenció en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el pasado 30 de diciembre.

No obstante, para Silvina Lamas, presidenta de la Fundación TEA Santa Cruz, el momento elegido no fue casual. “El anuncio se hizo en fechas de festejos, cuando uno intenta dejar lo malo de lado, reunirse con la familia y estar en paz. Y nos encontramos con esta noticia que nos preocupó sobremanera”, sostuvo en declaraciones a Radio LU12 AM680 Río Gallegos. Y agregó: “Lo tomamos como un intento de que pase desapercibido”.

La referente santacruceña confirmó que las organizaciones ya conocían el decreto, pero remarcó que su contenido y su forma de comunicación agravan el escenario. “Ya sabíamos que la ANDIS dejaba de ser lo que era hasta fin de año y pasaba a depender de la estructura interna del Ministerio de Salud. Y eso es gravísimo”, enfatizó.

Corrupción denunciada

Uno de los puntos más críticos del análisis de la Fundación TEA tiene que ver con las irregularidades que el propio Gobierno utilizó como argumento para avanzar con la disolución del organismo. Para Lamas, lejos de aclarar la situación, la decisión busca taparla.

“De la manera en que se comunicó, se trató de tapar un montón de información”, afirmó. “Las denuncias públicas que hizo el colectivo de discapacidad sobre hechos de corrupción directamente ligados al Estado Nacional y a la cúpula máxima del poder no figuran en ningún informe. Eso quedó relegado”.

En ese sentido, fue contundente: “Esto tendría que haber sido objeto de investigación directa por parte del Gobierno y no lo fue. La disolución de la ANDIS la vemos como una estrategia más para tapar esa situación y, además, para seguir atacándonos como colectivo y tratar de silenciarnos”.

Un cambio de paradigma

Más allá de la estructura administrativa, Lamas alertó sobre un cambio profundo en la mirada del Estado hacia la discapacidad. Un giro conceptual que, según explicó, representa un retroceso histórico.

“El Estado nos viene invalidando hace mucho tiempo”, señaló. “Nos están tratando desde un modelo que desconoce la actualidad y las conquistas de derechos, viéndonos como sujetos de cuidado que deben ser rehabilitados, como si la discapacidad fuera una enfermedad que hay que curar”.

La presidenta de Fundación TEA fue clara al describir las consecuencias de esa mirada: “Esta concepción es gravísima porque quita el foco de la persona con discapacidad como sujeto pleno de derecho, en toda su integralidad”.

Y remarcó que el impacto no es solo nacional: “Esto afecta de la misma manera en Santa Cruz y en toda la Argentina”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, en jaque

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la relación entre esta decisión y la Ley de Emergencia en Discapacidad, fruto de años de movilización y reclamo del sector.

“Fue una lucha constante que venía dirigiéndose hacia la Ley de Emergencia en Discapacidad. La fuimos ganando, la entorpecieron, la volvimos a ganar y hoy se sostiene gracias a presentaciones judiciales, no por decisión política”, explicó Lamas.

Según detalló, la ley menciona de manera permanente a la Agencia Nacional de Discapacidad como organismo central. “Todo el fortalecimiento presupuestario, organizativo y el trabajo con las organizaciones está pensado sobre la ANDIS. Al transformarla en una Secretaría, va directamente en contra de la ley”, advirtió.

Y dejó una frase que sintetiza el clima de época: “El diálogo con nosotros no les interesa. Eso ya lo demostraron. No escucharon ninguna de las luchas del colectivo de discapacidad”.

Qué se pone en riesgo en la vida cotidiana

Lamas también explicó, con ejemplos concretos, por qué la desaparición de la ANDIS no es una discusión técnica sino un problema real para miles de familias.

“Tratamos de poner en palabras acciones concretas que estaban a cargo de la Agencia y que ahora quedan en un limbo”, dijo. Entre ellas mencionó la administración del Fondo Nacional de Discapacidad, la capacitación de las juntas evaluadoras para otorgar el Certificado Único de Discapacidad, la accesibilidad física y digital, la provisión de elementos ortopédicos, medicamentos de alto costo y becas deportivas.

“Al pasar todo a la estructura interna del Ministerio de Salud no hay claridad de que esto tenga continuidad”, alertó. “Por eso hablamos de cómo nos afecta en lo cotidiano, como personas y como familias”.

La vía judicial como único camino

Ante el cierre de canales de diálogo político, el colectivo de la discapacidad ya empezó a organizarse en el plano judicial. “La única alternativa que nos queda es la judicial”, afirmó Lamas.

Detalló que las organizaciones nacionales ya están en contacto y asesorándose para presentar acciones legales. “Estamos organizándonos, convocando a más miembros del colectivo para fortalecernos. No estamos quietos”, aseguró, aunque reconoció que la feria judicial puede demorar los tiempos.

Un cierre con llamado a la comunidad

Sobre el final de la entrevista, Lamas agradeció el acompañamiento de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos en la difusión de las luchas del sector y actividades propias de la fundación, y dejó un mensaje claro hacia la sociedad santacruceña y argentina.

“Esta es una lucha dura, y va a ser más dura aún con los anuncios del Gobierno Nacional”, sostuvo. “Necesitamos la compañía de toda la comunidad, porque estamos hablando de calidad de vida, de derechos y de personas que no pueden quedar fuera de la agenda pública”.