A partir de hoy, en Santa Cruz se retoma la segunda etapa del calendario escolar del 2023 luego de dejar atrás el receso invernal y un primer semestre en el que el protagonismo estuvo dado por las medidas de fuerza.
“Asistiremos a un reinicio con alegría y expectativas para cumplir los objetivos que tenemos por delante en este segundo semestre”, señaló este domingo la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez a La Opinión Austral.
Seguidamente, precisó que rige la medida cautelar dispuesta por la Justicia de la provincia, por la que se declaró “abusivo” e “ilegal” el paro docente que hizo perder por encima de 60 días efectivos de clases en la primera parte del año, a pesar de que se mantuvieron abiertas las negociaciones colectivas desde enero pasado. De hecho, está previsto que a lo largo del mes de agosto sigan las audiencias entre ADOSAC, AMET y el Consejo de Educación.
Antecedentes
Al cierre de la última semana, la Justicia hizo lugar a la acción de amparo presentada por el Gobierno de Santa Cruz contra ADOSAC y declaró ilegal la huelga que mantienen los docentes e instó a cesar en su conducta para garantizar el derecho a clase de los alumnos.
Asimismo, el dictamen calificó esencial la prestación del servicio de educación en la provincia, limitando a un 20% los días de clase de lo que resta del año 2023 que puedan verse afectados por medidas de acción directa dispuestas por ADOSAC, bajo apercibimiento de aplicación de multas progresivas.
En este sentido, instó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz a emplear en lo sucesivo todas las facultades que le otorgan las leyes 2.450 y 2.986 para procurar que, ante un conflicto colectivo, las partes se avengan a establecer mecanismos de autorregulación que minimicen el daño que las medidas de acción directa ocasionan sobre el alumnado provincial.
El recurso de amparo sostenía que ADOSAC adoptó “medidas de fuerza extremas” que “en forma arbitraria e ilegal vulneran derechos con protección constitucional y convencional”, alegaba que todas las ofertas realizadas por el Estado al gremio han sido rechazadas sistemáticamente y, además, acusa que la “situación excede la discusión salarial y de condiciones de trabajo, involucrándose cuestiones de política partidaria”.
El argumento del Gobierno fue que el objetivo de la asociación sindical es frustrar el dictado de clases con connotaciones de política partidaria. “Que la reticente conducta del gremio que sistemáticamente rechaza todas las ofertas que el Estado realiza sólo tiene en consideración estrategias políticas, por cuanto el Estado ha realizado ofertas que satisfacen sus reclamos y brindado las herramientas para evitar el conflicto que sólo persiste por cuestiones ajenas a la relación entre los docentes y su empleador”.
De esta manera, el regreso a las aulas a partir de esta jornada se podrá encaminar de forma normal y habitual, este esquema permitirá a la comunidad educativa planificar el dictado de contenidos que ya fueron reajustados ante las extensas huelgas de los maestros y maestras.
Por lo pronto, el regreso al aula está garantizado, mientras que las entidades sindicales aguardan por un pronto llamado a las negociaciones salariales para debatir los futuros incrementos, más allá de la vigencia de la cláusula gatillo que seguirá vigente hasta diciembre próximo según lo acordado.
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