Las mujeres del Estado tendrán licencia por violencia de género

La Comisión de Género de la Legislatura dio ayer despacho al proyecto para crear la licencia por violencia de género para trabajadoras de los tres poderes del Estado Provincial. Sería aprobada en la próxima sesión y su puesta en vigencia será el día posterior a su promulgación.

La
Comisión de Género de la Cámara de Diputados definió ayer, de manera unánime,
dar despacho favorable a la Licencia por Violencia de Género para las
trabajadoras de la administración pública. El proyecto final surge de dos
iniciativas presentadas el año pasado, por un lado la 533 de la diputada
Gabriela Peralta y por otro la 053 de Javier Flores, Carlos Santi, José
Bodlovic y Claudio Barría. Sin embargo, las modificaciones de la Comisión
fueron sustanciales, sumando entre otras cosas, que los municipios adhieran.

Si
bien la “Licencia Laboral Especial por Violencia de Género” no va a ser tratada
en la jornada de hoy, son altas las chances de que se apruebe sin más trámite
en la sesión que viene.

La
licencia estará destinada para todas las trabajadoras del ámbito público que sean
víctimas de situaciones de violencia ejercidas por un varón, en cualquier
ámbito, y que afecten su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, económica, entre otras comprendidas en la ley nacional Nº 26.485 a
la que Santa Cruz adhirió con la Nº 3.201.

El
proyecto pide que se la incorpore a las negociaciones paritarias a través de
los convenios colectivos, de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo,
porque aquella mujer que sufra violencia de género va a poder reducir su
jornada, reordenando el tiempo de trabajo, justificar inasistencias o faltas de
puntualidad, mediante la acreditación de su situación.

Además,
la licencia tiene una duración de un mes con días corridos continuos o discontinuos,
en los que no va a sufrir recortes de sueldo y va a percibir los aumentos que
se acuerden.

Pero,
además, para acceder a la licencia sólo hará falta una “comunicación
fehaciente” de la trabajadora al área donde presta servicios, donde le van a
dar dos días para que presente certificado emitido por cualquier organismo
judicial, policial o administrativo al que hubiera acudido.

El
proyecto también habla de cómo los lugares de trabajo deberán ocuparse de
cuidar el derecho a la intimidad de las trabajadoras (serán actuaciones de
carácter reservado) que se solicitan esta licencia, pero además los compromete
a llevar adelante “medidas de acompañamiento, seguimiento y abordaje integral a
través de los organismos competentes”.

Los
últimos dos artículos establecen que la ley entra en vigencia inmediatamente
después de su promulgación y la invitación a los municipios para que adhieran.