Sociedad

Río Gallegos: a 9 años del cierre de las "casas de tolerancia"

Por La Opinión Austral


En los primeros días de junio se cumplirá un nuevo aniversario del cierre del "barrio rojo" que tenía nuestra ciudad. Si bien en ese momento se pensaba que la red de proxenetas que promovía y promocionaba la prostitución había terminado, hoy ha mutado y continúa existiendo en nuestra ciudad capital. Tan sólo en 2016, 79 mujeres fueron rescatadas en procedimientos llevados adelante por las fuerzas de seguridad provinciales y federales.

* Por Martín Muñoz Quesada

Reclutamientos, desarraigo y vulnerabilidad son los conceptos que contempla la última modificatoria de la Ley de Trata de Personas desde 2012, conceptos que hoy le permiten a la Policía poder detectar a chicas que se encuentran siendo prostituidas en locales nocturnos de nuestra ciudad.

Si bien en el año 2009 se pensaba que el problema de la prostitución y la explotación sexual se había erradicado en Río Gallegos tras la clausura preventiva de "Las Casitas", barrio ubicado en el patio trasero de la terminal de colectivos de la localidad, hoy la promoción de la prostitución ha mutado y es mucho más difícil de detectar.

La Opinión Australdialogó con Lucas Shearer, integrante de La Alameda y persona que estuvo a cargo de la investigación, durante 2009, que llevó al cierre de "Las Casitas", quien comentó cómo fueron las averiguaciones llevadas adelante por la agrupación que encabeza Gustavo Vera.

"Fue un procedimiento extenso, nos llevó bastante tiempo, creo que, al igual que la gente de Gallegos, nosotros sabíamos que existía el delito, pero había que comprobarlo con la Justicia llevando evidencia, la cámara oculta realizada por nosotros, presentada en su momento por Facundo Pastor, nos sirvió para darle relevancia a nivel nacional", dijo Shearer en relación al programa de televisión periodístico realizado en su momento por el entonces periodista de América Noticias, quien presentó en su programa un registro fílmico de los momentos en que el regenteador de un bar negociaba para que un cliente tuviera relaciones con una menor en un pieza pegada a un bar de "Las Casitas".

Por orden de la Dra. Ana Cecilia Alvarez del Juzgado Federal, un grupo de aproximadamente 220 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal, un sábado de los primeros días de junio de aquel año, a las 05:00 hs., procedió a allanar todos los 36 locales del barrio denominado "Las Casitas" en la ciudad de Río Gallegos, procurando encontrar droga, menores y mujeres en situación de cautiverio o explotación involuntaria. Ese megaoperativo no tuvo antecedentes desde la existencia misma de los prostíbulos en la capital, dado que hasta el momento sólo se habían registrado algunas requisas en lugares puntuales del barrio o bien el cierre transitorio de locales por diversas razones, mayormente por contravenciones sanitarias o falta de habilitación.

Los números oficiales difieren entre los presentados en ese momento por las fuerzas federales y La Alameda, ya que según estos últimos hubo un total de 300 chicas rescatadas, mientras que para la Policía hubo 170 mujeres identificadas.

Igualmente, para la agrupación alrededor de 100 mujeres continuaron siendo explotadas, tanto en Río Gallegos como en otros lugares del país, por los mismos regenteadores.

Avance de la causa

Días después del cierre de "Las Casitas", las mujeres que prestaban sus servicios sexuales en los locales nocturnos realizaron la denominada "Marcha de las Putas", exigiendo volver a trabajar. Es de recordar que, en ese momento, algunas de las chicas rescatadas fueron devueltas a su provincia o país de origen, situación que hasta el día de hoy es repudiada por la Pastoral Migratoria, ya que revictimiza a las jóvenes cuando nuevamente quedan vulnerables y pueden ser nuevamente reclutadas por proxenetas.

En octubre de 2012, un controvertido fallo de la Cámara Nacional de Casación confirmó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Chubut al indicar que el "barrio rojo" podría ser nuevamente habilitado. En esa oportunidad se dividieron las opiniones entre quienes sostenían que la prostitución debía estar "resguardada" y "concentrada" en un lugar donde las autoridades sanitarias pudieran actuar y no desperdigada, como sucedía desde que los prostíbulos cerraron.

Gran parte de la sociedad, La Alameda y el Concejo Deliberante de Río Gallegos ganaron la pulseada y finalmente Raúl Cantín, intendente en aquel tiempo de nuestra ciudad, dispuso el cierre definitivo de los locales emplazados en las afueras de la ciudad. Incluso la agrupación liderada por Gustavo Vera pidió en su momento la intervención de la procuradora general de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, para que intercediera y no permitiera la reapertura de los locales nocturnos.

Al igual que lo expuesto en su momento por Gustavo Vera, Shearer indicó a este medio que le parecía "una locura, una ridiculez, era ilegal e inconstitucional, era lo mismo que si una cámara resolviera la habilitación de cocinas de paco".

 

 Lucas Shearer, de La Alameda, estuvo a cargo de las investigaciones en aquel momento.
Lucas Shearer, de La Alameda, estuvo a cargo de las investigaciones en aquel momento.

Actualidad

Ahora bien, parte de la opinión pública pensaba que estaba mal el cierre de "Las Casitas" porque entendía que desde ese momento la promoción de la prostitución iba a continuar. Tenía razón. El sólo cierre de aquel barrio generó en nuestra ciudad un nuevo dolor de cabeza para la Policía.

Fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que en la actualidad el delito es mucho más difícil de detectar. 

En 2016 se realizó un operativo que desmanteló una red de trata de personas en Río Gallegos, siendo este el último gran acontecimiento en relación con este delito. Se trataba de un complejo de departamentos ubicado en la esquina de Richieri y Alvear, donde un proxeneta promocionaba a jóvenes de Santa Fe que cumplían las denominadas "plazas" (solamente se quedaban tres meses en Río Gallegos y luego eran llevadas a otro lugar). 

Este caso, hasta el momento, no fue llevado a juicio, aunque se espera que en el futuro cercano se conozcan detalles del proceso judicial.

Tanto desde la Policía como desde la Pastoral Migratoria indicaron que con los procedimientos llevados adelante solamente durante aquel año, gracias a la última modificatoria de la Ley de Trata, se pudo rescatar a 79 mujeres que por diversas cuestiones ejercían la prostitución.

La prostitución no constituye un delito en sí misma, lo que se busca ahora es que las mujeres vulneradas de sus libertades no estén siendo promovidas por un tercero. Estos casos son detectados por la Policía en momentos en que se realizan controles preventivos en diferentes locales nocturnos.

Desde la Policía indicaron que si bien la trata de personas sería un problema hasta incuso "cultural", en la actualidad se ha llegado a controlar todos los bares nocturnos de la ciudad. Los procedimientos apuntan a la identificación y posible detección de estas cuestiones.

El problema de fondo hoy es la identificación de las meretrices, ya que en los controles dicen ser clientas que se encuentran en el lugar y no muestran indicios de haber sido violentadas ni encontrarse en situaciones de vulnerabilidad.

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