Guillermo Carmona sobre el proyecto Cuenca Malvinas Norte: “La extracción de petróleo consolidará la situación colonial en las islas”

La Opinión Austral entrevistó al exsecretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Guillermo Carmona, ante el avance del proyecto hidrocarburífero en las Islas Malvinas en manos de la petrolera británica Rockhopper y la israelí Navitas.

Se trata del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. La medida activa licencias por 35 años o más para el Programa de Desarrollo del Área Norte. Recientemente, el ex ministro de Economía de la Nación, Matías Kulfas, alertó que el “el proyecto petrolero en Malvinas generará exportaciones por 1.000 millones de dólares anuales”.

Asimismo, Daniel Guzmán, excombatiente de la Guerra de Malvinas y director de Agenda Malvinas, precisó a LU12 AM680 que el conglomerado petrolero tiene previsto perforar en 2027 y comenzar la extracción entre fines de ese año y el primer trimestre de 2028, apuntando a una fase inicial de 520 millones de barriles.

Antecedentes

LOA: ¿Cómo se inició y cómo avanzó el proyecto petrolero en las Islas Malvinas?

Guillermo Carmona: El proyecto comienza a tomar forma tras la adquisición de la participación de la empresa Premier Oil en el proyecto Sea Lion por parte de Navitas Petroleum, sumado a que esta compañía israelí obtuvo un porcentaje muy importante de participación en ese desarrollo. Hay que recordar que Sea Lion fue iniciado originalmente por la firma británica Rockhopper Exploration.

A raíz de esto, y en el marco de la Ley Nacional 26.915 (Ley de Hidrocarburos en la Plataforma Continental), en el 2022 se tomó conocimiento de esas adquisiciones y se inició el procedimiento sancionatorio correspondiente a Navitas Petroleum. Entre 2022 y 2023, el Gobierno nacional aplicó sanciones administrativas y declaró ilegal la actividad de la empresa e inició gestiones ante el Gobierno de Israel para denunciar la participación de la firma. Tembién hubo denuncias en la Justicia Federal de Argentina para que se investiguen los delitos contemplados en la normativa por parte de sus directivos.

Sin embargo, los proponentes de este proyecto, Rockhopper y Navitas Petroleum, siguieron avanzando. Ya con la gestión del presidente Javier Milei, se conoció que Navitas había conseguido financiamiento a través de la Bolsa de Valores de Tel Aviv. Durante todo el 2024, en su primer año de gestión, el Gobierno de Milei no realizó ningún tipo de declaración pública. Recién en septiembre, cuando se conoció que se había alcanzado el financiamiento y tras múltiples publicaciones en Israel que la Cancillería no podía desconocer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina emitió un comunicado muy tibio.

Posteriormente, en diciembre del año pasado, se hizo público que las empresas habían obtenido la habilitación ambiental otorgada por el ilegítimo gobierno isleño, en abierta violación a la legislación nacional. Aunque el procedimiento ambiental era de conocimiento público, la Cancillería argentina nunca protestó formalmente mientras se llevaba a cabo, del mismo modo que no lo había hecho frente a la búsqueda de financiamiento. Recién cuando se otorgó la autorización ambiental formal, la Cancillería emitió otra tibia declaración.

LOA: ¿Qué consecuencias genera este posicionamiento del Gobierno nacional mientras el proyecto avanzaba?

Guillermo Carmona: Posibilita que se haya llegado a un punto en el que se anuncia que en 2028 se comenzaría con la extracción de petróleo, es decir, con la etapa de explotación.

Si Argentina no logra revertir esta situación, ese momento constituirá un punto de inflexión en la cuestión Malvinas. La extracción de hidrocarburos significa una consolidación, por la vía económica, de la situación colonial en las islas. Se trata de un hecho sumamente grave. El presidente Milei viajó reiteradas veces a Israel y en ningún momento hizo público el planteo de esta situación; ni siquiera han afirmado haberlo hecho en forma privada.

En su reciente visita a la Argentina, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, afirmó que se trata de una empresa privada sobre la cual no pueden intervenir. Sin embargo, no es cualquier empresa privada y el Gobierno de Israel sí tiene la facultad y la responsabilidad de actuar. Argentina no puede mantener un alineamiento automático con un Estado que promueve actividades ilegales en territorio argentino.

Navitas Petroleum participa activamente en un plan de autoabastecimiento energético promovido por los gobiernos israelíes desde hace varios años. El presidente de Navitas, Gideon Tadmor, fue uno de los propietarios de Delek, firma que heredó activos tras la privatización de la empresa estatal de energía israelí, y mantiene estrechos vínculos con el gobierno de su país. A su vez, el vicepresidente de Navitas Petroleum, Jacob Katz, fue ministro de Energía, Hidrocarburos y Aguas de Israel.

Por lo tanto, ni el gobierno de Israel puede argumentar imposibilidad de acción, ni el gobierno de Milei puede aceptar mantener un vínculo de esta naturaleza con un Estado que no muestra compromiso para evitar las actividades ilegales de una petrolera de su país. A esto se suma que tampoco se conoce que el Gobierno nacional haya impulsado acciones penales contra estos directivos, como Tadmor y Katz, ante el Juzgado Federal de Río Grande, donde se encuentra radicada la causa.

LOA: ¿El Gobierno nacional debe impulsar las acciones judiciales de forma directa?

Guillermo Carmona: Las acciones judiciales fueron iniciadas en 2023 por la Secretaría de Energía de la Nación, la cual notificó al Juzgado Federal sobre la sanción administrativa impuesta a Navitas Petroleum.

Lo que corresponde ahora es que el Gobierno nacional impulse ese proceso penal. La Justicia Federal debe realizar todas las medidas necesarias, incluyendo las notificaciones internacionales a través de la Cancillería argentina ante la Cancillería israelí, para citar a declarar a los involucrados. Ese es el procedimiento legal que corresponde seguir. Resulta llamativo el silencio y la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo nacional respecto a las gestiones realizadas o no.

LOA: ¿Considera que a nivel internacional existen actores que deberían pronunciarse y no lo hacen?

Guillermo Carmona: No tengo dudas. Hay un llamativo silencio de parte de las ONGs ambientalistas internacionales que operan en la Argentina, como así también de las nacionales, como si consideraran que Malvinas no forma parte del territorio argentino.

Existe un evidente condicionamiento vinculado al financiamiento que reciben estas organizaciones. Suelen manifestarse contra proyectos de desarrollo en territorio continental, como ocurrió en Mar del Plata, pero guardan silencio frente a proyectos coloniales británicos. La situación en Malvinas es sensiblemente más grave: el Estado argentino cuenta con capacidades de evaluación y control ambiental consolidadas, mientras que el ilegítimo gobierno isleño carece de la estructura para fiscalizar una operación hidrocarburífera de esta magnitud.

Por eso hablo de un punto de inflexión. El inicio de la explotación de hidrocarburos no solo consolida el colonialismo británico desde el punto de vista económico, sino que representa un potencial riesgo ambiental para un área crítica. Un eventual derrame de hidrocarburos en esa zona no solo afectaría a las Islas Malvinas, su biodiversidad y su población, sino que comprometería las costas de la Argentina continental y los mares antárticos.

LOA: ¿Sería positivo que la opinión pública reaccione ante este escenario?

Guillermo Carmona: Totalmente. El proceso de convocatoria a capitales para invertir en Malvinas fue público en Israel. La Embajada argentina en Tel Aviv no podía desconocer las convocatorias realizadas en la Bolsa de Valores de esa ciudad, donde participaron fondos israelíes, estadounidenses, fondos de inversión europeos y fondos bucle. Esto involucra a países con los cuales el Gobierno nacional sostiene una política de alineamiento.

En relación con la evaluación de impacto ambiental, el ilegítimo gobierno isleño realizó una convocatoria pública sin audiencias formales, donde se podían presentar objeciones de manera totalmente manipulada. Que la Cancillería no haya actuado frente a esto resulta incomprensible. Existe una falta de atención sobre el tema y una postura de complacencia por parte del Ejecutivo.

Asimismo, existen denuncias penales presentadas por organizaciones de excombatientes por las omisiones en relación con la cuestión Malvinas, así como pedidos de juicio político al Presidente firmados por diversos referentes que no han prosperado en los ámbitos correspondientes.

LOA: ¿Se requiere una decisión política y judicial para avanzar?

Guillermo Carmona: Totalmente. Los directivos de Navitas Petroleum incurren en infracciones severeas de acuerdo con la legislación argentina, realizando actividades ilegales por las cuales son pasibles de un proceso penal.

Comunidad internacional

LOA: ¿Qué rol debe asumir las Naciones Unidas en este conflicto?

Guillermo Carmona: Corresponde que el Gobierno argentino exija el cumplimiento de la resolución específica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual establece la obligación de abstenerse de realizar actos unilaterales de exploración o explotación de recursos naturales mientras la disputa de soberanía no se encuentre resuelta.

De hecho, durante la gestión anterior denunciamos ante la ONU la llegada de Navitas a Malvinas para poner en evidencia el incumplimiento del derecho internacional por parte de Gran Bretaña. Sin embargo, no es la ONU la encargada de accionar directamente, sino el propio Gobierno argentino.

LOA: ¿Cómo se puede calificar el actuar del Reino Unido en este caso?

Guillermo Carmona: Es un acto ilegal, de reiterada violación del derecho internacional y un acto directo de colonialismo.

LOA: ¿Qué consecuencias puede tener este accionar?

Guillermo Carmona: Los argentinos no debemos especular sobre lo que pueda pasar, sino exigir al Reino Unido el cese inmediato de las violaciones al derecho internacional, y al gobierno de Israel que ordene el retiro de sus capitales de las islas.

Las leyes 26.659 (sancionada en 2010) y 26.915 (sancionada en 2014) permitieron que durante más de 16 años la Argentina impidiera el avance de la explotación petrolera unilateral en Malvinas, logrando el retiro de numerosas empresas a partir de las acciones legales encaradas en gestiones anteriores. Mauricio Macri en sus días de presidente cesó ese accionar durante su gestión y el actual Gobierno sigue un camino similar. Navitas Petroleum debería retirarse del proyecto. Pero para que ello ocurra, el Gobierno argentino debe cumplir con las responsabilidades que le competen.

LOA: El Gobierno nacional expresó que busca apoyarse en Estados Unidos para encarar las negociaciones con Gran Bretaña. ¿Cómo analiza ese abordaje diplomático?

Guillermo Carmona: En primer lugar, el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dejó en claro públicamente que no hay cambios en la posición histórica de su país respecto de la cuestión Malvinas. Lo ratificó posteriormente en sus reuniones con las autoridades británicas.

En segundo lugar, durante la última sesión del Comité de Descolonización de la ONU, celebrada el 25 de junio, ni Estados Unidos ni Israel estuvieron presentes para respaldar a la Argentina. Quienes acompañaron la posición nacional fueron los países de la región, junto a naciones de Asia y África, además de China.

Considerar que Estados Unidos resolverá un diferendo de soberanía respecto al cual ha ratificado su neutralidad es un error conceptual. Tampoco corresponde resignar soberanía o ceder presencia en puntos estratégicos como la Base Naval de Ushuaia o la Vía Navegable Troncal a cambio de expectativas diplomáticas infundadas sobre un país que no ejerce tutela sobre las decisiones británicas.

LOA: ¿Cómo analiza lo que hizo la Selección Argentina luego de vencer a Inglaterra en el Mundial de Fútbol?

Guillermo Carmona: Considero que fue un hecho de relevancia internacional. La manifestación de los futbolistas de la Selección Argentina no solo ratificó el reclamo por las Islas Malvinas, sino que visibilizó la persistencia de una situación colonial contraria al derecho internacional.

El hecho generó un impacto global significativo: se incrementaron las búsquedas del término “Malvinas” en plataformas digitales y se registraron expresiones de adhesión en diversos países, especialmente en aquellos con antecedentes de dominación colonial. Incluso en el propio Reino Unido se abrieron debates en la prensa y en la opinión pública de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sobre la continuidad de estos resabios imperiales.

En el ámbito local, la sociedad reaccionó de manera mayoritaria en favor del mensaje expresado. Por el contrario, las posturas de rechazo o minimización manifestadas por funcionarios del Ejecutivo nacional reflejan la orientación desmalvinizadora de la actual administración.