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La desaparición de Loan Peña continúa generando revuelo y polémica. Fernando Burlando, abogado de la madre del niño, anunció que solicitará el juicio político a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y al fiscal Mariano De Guzmán, a cargo de la investigación.

El letrado expresó su profundo descontento con el desarrollo de la causa, asegurando que existe una “situación de negligencia o encubrimiento” por parte de las autoridades judiciales. Burlando sostiene que se ha perdido evidencia clave y que se ha producido una demora injustificada en la investigación, lo que podría estar favoreciendo a personas influyentes involucradas en el caso.

En particular, el abogado criticó la demora en el secuestro de los teléfonos celulares de José Fernández Codazzi, el ex abogado que junto a la tía de Loan instaló la versión falsa del atropello. Burlando había solicitado esta medida hace semanas, pero recién en las últimas horas se concretó el procedimiento.

No quieren ingresar al terreno del poder, no quieren indagar al senador Pellegrini ni poner contra las redes de la Justicia a Codazzi“, afirmó Burlando. “Tengo entendido que se ha perdido prueba, hay una situación de negligencia o de encubrimiento”.

El abogado también cuestionó la celeridad con la que se detuvo a otras personas involucradas en el caso, en comparación con la demora en avanzar sobre Codazzi. “Es llamativo que, con menos elementos, a Méndez se lo haya metido preso y a Codazzi no. No me cabe otra que pensar que esa situación de obediencia y de obsecuencia hacia el poder político está hasta incluso en el fuero federal de Corrientes“, advirtió.

Burlando aseguró que la investigación “empezó mal y continuó peor” y que si no hay un giro en la actitud investigativa, “esto termina en desastre“.

Para entender las acusaciones de Burlando, es necesario recordar que José Fernández Codazzi acompañó a la tía de Loan a denunciar un falso atropello. Sin embargo, luego se descubrió que esta versión había sido fabricada bajo presión y amenazas.

La investigación ha puesto en evidencia posibles vínculos entre los involucrados en el caso y personas influyentes de la provincia de Corrientes, lo que ha generado sospechas sobre la existencia de una red de protección.

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