Your browser doesn’t support HTML5 audio
La semana pasada se generó una fuerte controversia política y judicial en la provincia de Chubut, tras la decisión del gobernador Ignacio “Nacho“ Torres de denunciar al juez de Familia de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil. La denuncia surge luego de que el magistrado ordenara a la obra social provincial Seros cubrir la totalidad de una cirugía de cambio de sexo, que incluye múltiples intervenciones estéticas de alto costo económico.
“Vamos a denunciar a este juez demagogo, irresponsable e ignorante que pone en riesgo todo lo que logramos“, lanzó el mandatario patagónico en un comunicado publicado en sus redes sociales. Acompañado por el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Sergio Wisky, Torres afirmó que su Gobierno no permitirá que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social“, la cual recibió con un déficit de más de $ 6.000 millones que, según señaló, lograron sanear con estrictos controles.
Ante esto, fue consultado el prosecretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Biglieri, quien indicó que hay que centrar la discusión en un tema económico, aunque está de “absolutamente de acuerdo con la libertad identitaria en materia de género, lo que no implica que la decisión judicial esté o no ajustada a derecho y, además, a la razonabilidad, que es lo que tiene que primar en la forma de decidir de los jueces“, dijo.
En ese mismo sentido, señaló que es un tema “especialmente complejo“, ya que Chubut “está ahora organizando su fuero contencioso administrativo, que es el que se dedica a controlar al Estado y la constitucionalidad de su reglamentos, y en el mientras tanto, los jueces comunes son los que resuelven estos temas que irían a un fuero especial”. Al respecto, sostuvo que “la filosofía que nutre al juez es diferente en el juez civil que en el juez público o contencioso administrativo“.
Afirmó que en la lógica pública es distributiva y “acá viene el problema, ¿tiene derecho la actora a obtener una mejora en su salud porque consideran que hay una cantidad de medicación o de intervenciones estéticas que hacen a su sana psicología y a su libre opción? Sí. ¿Con la plata de quién? Bueno, esa es la discusión“, subrayó el abogado: “Si yo soy el juez y doy una orden, tengo que entender que la sábana es corta y que cuando tapo una decisión, destapo otra“, expresó.
“El impacto presupuestario creo que es lo que enoja al gobernador (Torres), que no sé si va a cristalizar su denuncia en el sistema de enjuiciamiento al juez, pero la verdad que de lo que leí del fallo tengo que decir que hay una valoración sobre la obligación del tema del cambio de género, que lo dice la ley, pero no da los alcances y los que da el juez, a mi entender, exceden la razonabilidad económica de poder cubrir esta intervención“, manifestó Biglieri en “La Decana de la Patagonia”.
Cabe remarcar que la intervención que el fallo ordena cubrir incluye feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno mandibular y transferencia de grasa facial, junto a todos los honorarios médicos y gastos sanatoriales. Para el Ejecutivo chubutense, se trata de una cirugía estética que excede incluso los costos de tratamientos oncológicos de mayor complejidad y no corresponde al catálogo de prestaciones obligatorias de Seros.
Respecto a cómo seguiría el tema, Biglieri dijo que la medida cautelar sería de cumplimiento, aunque dijo que eso también está en discusión.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario