El juez de instrucción Daniel Cesari Hernández ordenó en las últimas horas el allanamiento de la clínica CEMEP, donde se produjo la muerte de Lucía Baptista el domingo último, y dispuso la exhumación del cuerpo para la realización de una autopsia.
La causa comenzó a raíz de la denuncia penal presentada por Carlos Herrera, el marido de la víctima, quien relató que su mujer acudió al sanatorio “totalmente sana, sin ninguna enfermedad ni patología” para realizarse “una simple operación de ligadura de trompas”.
El encargado de la intervención fue el ginecólogo Edgar Miranda Flores, a quien el fiscal Jorge López Oribe le imputó el presunto delito de “homicidio culposo”.
Según relató Herrera en una carta pública, su mujer fue ingresada directamente al quirófano, y tras la intervención, el ginecólogo lo fue a ver para preguntarle si su esposa “había tenido algún tipo de infección” porque mientras la operaba “se encontró con algo pegado” y al intentar retirarlo “tocó una venita o arteria producto de lo cual se generó un sangrado”.
El médico también le dijo que se “quedara tranquilo”, y que por precaución iban a dejarla internada unas horas en terapia intensiva.
Sin embargo, profesionales de ese sector de la clínica lo contactaron al cabo de unas horas para comunicarle que “el cuadro con el que había ingresado su mujer no era nada alentador”.
Más tarde, volvieron a convocarlo para decirle que “el cuadro de la paciente era crítico” y que “se preparara para lo peor”, hasta que el domingo 25 a las 12.30 le confirmaron el fallecimiento.
“Quiero que los responsables sean condenados con la máxima pena posible, que sea justa y que nunca más puedan firmar ni siquiera una receta. No hay medicina que alivie tanto dolor, solo me queda la esperanza de encontrar paz y seguir adelante por mis hijas”, aseveró Herrera en la carta donde cuenta su versión de los hechos.
Lucía Baptista se desempeñaba como portera en el jardín de infantes Nº6 ubicado en el barrio Margen Sur de Río Grande, y era madre de tres hijas de 11, 13 y 16 años. Su marido, empleado metalúrgico, adelantó que se presentará como querellante en la causa penal que investiga lo ocurrido.
En tanto, desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tierra del Fuego exigieron “el pronto esclarecimiento de este suceso trágico por parte de la justicia provincial y solicitamos a las autoridades sanitarias el apartamiento del profesional ginecólogo responsable de la práctica del sistema público y privado hasta tanto se investigue su accionar por protección a nuestros derechos sexuales y reproductivos”.
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