Consorcio Portuario Regional Mar del Plata también expresó su rechazo a la “ley ómnibus”

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata se opuso a los cambios que genera en el Régimen Federal de Pesca la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos“, también conocida como “Ley Ómnibus“.

Esta crítica, que se suma a la realizada por Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina y gobernadores patagónicos, quedó expuesta a través de un comunicado. En el mismo, el organismo bonaerense afirmó que el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei “significa un retroceso en materia de soberanía sobre nuestros recursos y destruye a la industria pesquera, naval y portuaria nacional”.

Entre las desregulaciones para el Régimen Federal de Pesca, se plantea que las cuotas de capturas de recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva pasen a licitarse de manera internacional, que los buques puedan descargar capturas nacionales en puertos foráneos o que deje de regularse la nacionalidad de los trabajadores a bordo.

En tal aspecto, desde el Consorcio Portuario señalaron que dichas medidas afectarían “a miles de familias marplatenses que dependen de esta actividad” y plantearon que tanto los gremios, las cámaras empresarias y la comunidad portuaria en general “defenderán el trabajo y la industria nacional”.

Si bien son varios los cambios y derogaciones contemplados para la Ley de Pesca N°24.922 en el proyecto que Milei elevó al Congreso, uno de ellos en particular se lleva el principal foco de cuestionamiento.

Se trata del articulo 246 que apunta a sustituir el 27 de la Ley de Pesca que actualmente establece que “se asignará una cuota de captura a cada permiso de pesca, tanto a los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro”.

No obstante, la nueva redacción apunta a fijar que el Consejo Federal Pesquero asigne las cuotas de captura por especie “a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”.

Asimismo, “Ley Ómnibus“ deroga el artículo 25 que obliga a desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos y el articulo 40 que fija que la tripulación de los buques pesqueros debe estar constituida por capitanes y oficiales argentinos nativos, por opción o naturalizados y por un 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo argentinos o extranjeros con más de diez años de residencia permanente.

“Ley Ómnibus”: gobernadores patagónicos alertaron sobre su impacto en la actividad pesquera

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y sus pares de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, alertaron sobre el impacto negativo que tendrá en la actividad pesquera la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos“.

Los cinco mandatarios patagónicos firmaron un comunicado en el que rechazaron el controversial proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Justamente, advirtieron que las modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa “nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”.

De esta manera, coincidieron en que son tres los ejes principales que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

Con respecto al primer eje, expresaron su preocupación por la derogación del artículo 25 del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922. “Con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino”, señalaron.

En tal sentido, aseguraron que “hoy, hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística”, pero con la derogación de dicho artículo “nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”.

El segundo aspecto que interesa a los gobernadores refiere al artículo 27 del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos.

Sin embargo, indicaron que hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, “una competencia absolutamente desigual”.

Por último, consignaron que el artículo 40 de la misma Ley establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.

Informaron que con la “Ley Ómnibus” eso ya no es obligatorio, “teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace mas de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”.

También hicieron hincapié en que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional“.

Tras exponer estos argumentos, criticaron: “Las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca“.

En el cierre del comunicado, los gobernadores reiteraron su rechazo a las modificaciones impuestas y consideraron que “es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas”.

Y advirtieron: “Habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica”.