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A través de un comunicado difundido este martes, cinco gobernadores de la Patagonia, entre los que se encuentra el santacruceño Claudio Vidal, rechazaron las modificaciones que plantea la “Ley Ómnibus” – que el presidente Javier Milei envió recientemente al Congreso – debido a que afectan a la industria de la pesca.
Según expresaron, “afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos“, al tiempo que indicaron que “resulta preocupante” que la reforma pretendida en el Artículo 9 de la Ley Federal de Pesca provoca “una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras“, ya que remueve facultades del Consejo Federal Pesquero para que sean asumidas por la autoridad nacional.
Los firmantes de ese documento, además de Vidal, son el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa. Todos ellos coincidieron en tres ejes principales: La reforma afectará gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros y la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina“.
Sobre estos temas, los mandatarios puntualizaron que el artículo 25° del Régimen Federal de Pesca de la Ley 24.922 “obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino”.
“Hoy por hoy hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística, pero con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”, afirmaron.
También remarcaron que la reforma del artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país. “A partir de ahora, eso no sería obligatorio“, dijeron.
Es importante destacar que los gobernadores que firmaron el documento pertenecen a diferentes sectores políticos. No obstante, todos ellos destacaron como principal punto defender los recursos y el trabajo de los Patagónicos. En ese aspecto, estas últimas horas también vienen coincidiendo otros dirigentes de la región como los diputados nacionales Jorge Ávila y José Glinski (ambos de Chubut), que rechazaron algunos aspectos del proyecto de ley del gobierno nacional.
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