Your browser doesn’t support HTML5 audio
Después de meses de audiencias, cientos de horas de testimonios, peritos, especialistas, familiares, exintegrantes de la Armada y una inspección judicial sobre un submarino gemelo con una cobertura especial de La Opinión Austral desde la primera jornada, el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan llegará este lunes a una instancia decisiva. En los tribunales federales de Río Gallegos se desarrollará la última audiencia de alegatos, el paso previo a que los jueces comiencen la deliberación que desembocará en uno de los fallos más esperados de los últimos años.
Desde las 9 de la mañana, el Tribunal Oral Federal integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Guillermo Adolfo Quadrini y Luis Alberto Giménez escuchará las exposiciones finales de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, representante del capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y del capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa que será transmitida por Youtube y se encontrará disponible en la home de laopinionaustral.com.ar.
Será la penúltima audiencia del proceso si se tiene en cuenta que, una vez concluidos los alegatos, el tribunal ingresará en la etapa de deliberación y el veredicto se conocerá dentro de aproximadamente veinte días hábiles.
La jornada marcará el cierre de un proceso judicial que comenzó a principios de marzo y que fue seguido de manera permanente por La Opinión Austral desde Río Gallegos. Durante estos meses desfilaron cerca de un centenar de testigos entre militares, técnicos, especialistas, familiares de las víctimas y peritos. Además, el tribunal realizó una inspección ocular sobre el ARA Santa Cruz, submarino gemelo del San Juan, con el objetivo de comprender mejor distintos aspectos técnicos discutidos durante el debate.
Con los alegatos de este lunes concluirá la etapa oral de una causa que busca determinar las responsabilidades penales por el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017, tragedia que terminó con la vida de los 44 tripulantes del submarino y que conmovió profundamente a toda la Argentina.
Las últimas defensas buscarán desmontar la acusación
De acuerdo con lo que pudo conocer La Opinión Austral, las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa sostendrían una línea argumental similar a la desarrollada días atrás por Juan Pablo Vigliero, representante legal de Claudio Villamide.
La estrategia defensiva apuntará nuevamente a cuestionar la construcción jurídica realizada por la fiscalía, especialmente respecto de la relación entre las supuestas omisiones atribuidas a los imputados y el desenlace fatal del submarino.
En ese sentido, insistirán en que la acusación no logró demostrar de qué manera los presuntos incumplimientos de funciones incrementaron el riesgo para la navegación del ARA San Juan ni cómo esos hechos guardan un nexo causal directo con el hundimiento registrado durante la última misión de la nave.
Ese planteo ya había sido introducido por Vigliero durante su alegato, cuando solicitó la nulidad de la acusación fiscal al sostener que no se pudo precisar cuáles fueron concretamente las omisiones funcionales atribuidas a Claudio Villamide.
Tal como lo informó La Opinión Austral, el defensor también había afirmado que aún hoy no existe certeza sobre las causas exactas del estrago y que, por ese motivo, resulta imposible construir una condena penal sobre bases firmes.
Asimismo, sostuvo que su defendido había cumplido con todos los reglamentos de la Armada Argentina y que el submarino se encontraba operativo y apto para cumplir la misión encomendada.
Ahora será el turno de las restantes defensas de intentar convencer al tribunal de que tampoco existen elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los otros tres acusados.
Los pedidos de condena ya quedaron sobre la mesa
Mientras las defensas preparan sus últimos argumentos, las posiciones de la fiscalía y de las querellas ya quedaron claramente definidas durante las jornadas anteriores.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el hundimiento del ARA San Juan fue consecuencia de una sucesión de decisiones imprudentes, incumplimientos de protocolos de seguridad y omisiones dentro de la cadena de mandos de la Armada Argentina.
Según la acusación, esas conductas permitieron que el submarino zarpara en condiciones que incrementaban el riesgo para la tripulación, derivando finalmente en la pérdida de los 44 marinos.
En función de esa reconstrucción, la fiscalía solicitó cinco años de prisión para Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.
La misma pena fue requerida para Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos, al considerar que tuvo un rol determinante en la autorización de la navegación pese a los antecedentes técnicos que presentaba el buque. Para Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión. En tanto, para Hugo Miguel Correa, quien ocupaba la jefatura de Operaciones de la fuerza, requirieron una condena de tres años de prisión.
Posteriormente fue el turno de la querella mayoritaria, que adoptó una postura más severa al solicitar cinco años de prisión efectiva para los cuatro imputados sin distinción, además de requerir una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante diez años.
Al concluir su alegato, la abogada Lorena Arias pidió justicia para los tripulantes y nombró, uno por uno, a los 44 marinos fallecidos. “Porque la memoria es un deber y la justicia es un derecho“, expresó ante el tribunal.
Durante la misma jornada también alegó Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los submarinistas fallecidos. Su postura fue la más dura de todas las partes acusadoras. Solicitó siete años de prisión para Luis Enrique López Mazzeo y Héctor Alonso, mientras reclamó ocho años de prisión efectiva para Claudio Villamide y Hugo Correa.
Comienza la cuenta regresiva
Con la audiencia de este lunes concluirá definitivamente una de las etapas más extensas y complejas del proceso judicial. Desde entonces ya no habrá más testigos, ni peritos, ni nuevos alegatos.
El expediente quedará exclusivamente en manos de los cuatro magistrados que deberán analizar durante las próximas semanas el enorme volumen de prueba producido a lo largo del juicio para resolver si existieron responsabilidades penales en la tragedia que marcó para siempre a la Armada Argentina y a las familias de los 44 submarinistas.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia