Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Senado de la Nación tratará el próximo jueves 26 de febrero la reforma a la Ley de Glaciares y el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja en la edad de imputabilidad, en una sesión especial convocada en el marco de las sesiones extraordinarias dispuestas por el Decreto 24/2026.
La convocatoria formal ingresó por Mesa de Entradas el 20 de febrero y lleva la firma de jefes de bloque y senadores aliados del oficialismo, entre ellos Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Flavia Royon, Edith Terenzi, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Coto y Martín Goerling. La nota fue dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para fijar la sesión a las 11 horas.
La jornada del jueves se completará con el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias, mientras que el viernes 27 el Senado debatirá la Reforma Laboral y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en una doble sesión que marcará el cierre del período extraordinario.
Régimen Penal Juvenil: baja en la edad de imputabilidad
Uno de los ejes centrales del jueves será el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados.
El proyecto fija la edad de imputabilidad en 14 años y establece un régimen específico para adolescentes en conflicto con la ley penal. El oficialismo impulsa la sanción definitiva antes del 1 de marzo.
La iniciativa generó un fuerte debate en comisiones, con exposiciones de familiares de víctimas y cuestionamientos de sectores que consideran que la baja en la edad no resolverá los problemas estructurales de violencia y exclusión social.
Reforma de la Ley de Glaciares: cambios en la protección ambiental
El otro punto clave del jueves será el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), sancionada en 2010.
La normativa vigente protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas.
La iniciativa que ahora impulsa el oficialismo introduce modificaciones sustanciales. Entre los cambios más controvertidos, propone que no todas las formaciones con hielo perenne cuenten automáticamente con el mismo nivel de protección y que las provincias definan, con criterios propios, qué áreas presentan “función hídrica relevante”.
Este punto genera fuertes cuestionamientos porque, al trasladar la definición a cada jurisdicción, se relativiza el concepto de “presupuestos mínimos” ambientales, que establece un piso uniforme de protección para todo el territorio nacional.
Críticas por posible desprotección del agua
Organizaciones ambientalistas y sectores científicos advierten que la reforma podría debilitar las salvaguardas ambientales y comprometer la seguridad hídrica, especialmente en un contexto de crisis climática.
El debate también se vincula con presiones de gobernadores y sectores ligados a la megaminería que buscan habilitar inversiones en zonas actualmente vedadas. El propio presidente Javier Milei reconoció que los cambios responden a pedidos de mandatarios provinciales interesados en flexibilizar el marco normativo para facilitar proyectos extractivos.
Empresas multinacionales del sector minero siguen de cerca la discusión parlamentaria, ya que la modificación podría habilitar desarrollos hoy restringidos por la legislación vigente.
La postura de la Iglesia y el llamado al bien común
La Comisión Episcopal de Pastoral Social publicó una carta abierta dirigida a diputados y senadores en la que expresó “profunda preocupación” ante la posibilidad de modificar la Ley de Glaciares.
El documento subraya que la norma representa “un hito fundamental en la protección de reservas estratégicas de agua dulce” y advierte que el acceso al agua potable constituye un derecho humano básico y universal.
“La Iglesia tiene una responsabilidad de respeto a la creación y la debe hacer valer en público”, señala el texto, que retoma conceptos de la encíclica Laudato Si’ y llama a anteponer el bien común a intereses sectoriales o de corto plazo.
La Pastoral Social también exhorta a escuchar a comunidades locales y científicos y a respetar el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú en cualquier debate sobre explotación de recursos naturales.
Una semana determinante para el Gobierno
La convocatoria a las sesiones del 26 y 27 de febrero configura una semana decisiva para el Ejecutivo. El oficialismo buscará cerrar el período extraordinario con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, la sanción del Régimen Penal Juvenil y la Reforma Laboral, además del acuerdo Mercosur–Unión Europea.
En un contexto de tensión política y movilización social, el Senado afrontará dos jornadas consecutivas de debate sobre reformas estructurales que impactan en el régimen ambiental, el sistema penal juvenil y el mercado de trabajo.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
La Libertad Avanza consiguió el dictamen exprés de la Reforma Laboral y el Senado lo tratará el 27 de febrero
Diputados aprobó en general el proyecto de la reforma laboral
Para Alicia Kirchner la Reforma Laboral es “un manifiesto libertario” del que el pueblo trabajador no se tiene que dar cuenta
“Necesitamos humanidad, ni palos, ni balas, ni encierro”: el pronunciamiento de los Salesianos por la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario