La Justicia Federal ordenó frenar el inicio y la ejecución material del proyecto petrolero León Marino (Sea Lion), que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum pretenden desarrollar sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Río Grande ante la acción preventiva de daño ambiental colectivo presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Tras conocerse la decisión del fallo judicial, LU12 AM 680 dialogó con los protagonistas de la demanda. Fabián Maggi, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó los alcances de la iniciativa, los detalles de la medida cautelar y qué esperan del gobierno de Javier Milei.
“Hay que detener el proyecto antes de que la explotación petrolera empiece. Defender el Mar Argentino es ejercer soberanía”, señalaron desde la organización ambientalista.
LU12: ¿Qué implica la medida cautelar que ordenó la Justicia Federal de Tierra del Fuego?
Fabián Maggi: Es una acción que se inició hace algunos días. Primero, la jueza se declaró competente en concordancia con la opinión del Ministerio Público Fiscal y, en el día de ayer, dictó una medida cautelar. Esto representa un avance en el intento de detener este robo de los recursos y el elevado riesgo en el que se pone a todo el ecosistema del Mar Argentino por esta explotación offshore en la plataforma petrolera, considerada de alto riesgo.
Puntualmente, la jueza ordenó el cese de la ejecución de obras y dispuso una serie de medidas complementarias destinadas a conformar una base de datos que permita profundizar aquellas acciones tendientes a evitar que el proyecto se ejecute.
LU12: Van a ocurrir notificaciones hacia Rockhopper y Navitas para ir advancing en esta medida tomada por la Justicia Federal, ¿no es cierto?
Fabián Maggi: Claro. Obviamente, el caso presenta ciertas dificultades porque estamos hablando de un territorio usurpado, bajo una ocupación colonial sobre la cual el Estado argentino no tiene posibilidad material directa, justamente por la existencia de dicha usurpación y ocupación colonial.
Lo que la jueza ha diseñado, a raíz de nuestro pedido, es valerse de un sistema internacional de notificaciones: una vía alternativa que permita la notificación directa a las empresas involucradas. Eso es lo que la magistrada ha ordenado puntualmente.
LU12: Los ingleses dijeron que van a ser implacables en la defensa, tanto en el plano diplomático como en el militar. ¿Cómo encaja esto con lo resuelto por la Justicia argentina?
Fabián Maggi: Más allá de la exhibición bélica que realiza el Reino Unido, la posición del Estado argentino se encausa justamente por la vía pacífica y la negociación diplomática en la ONU. No me refiero únicamente a este gobierno en particular, sino a la posición histórica del Estado argentino, en la cual existen resoluciones específicas de la ONU que instan a ambas partes a abordar la negociación correspondiente sobre ese territorio. Esa vía diplomática es la trayectoria histórica del Estado argentino y nosotros propiciamos que se mantenga.
Por otro lado, en razón de lo que ordena la jueza y de las características mismas de este territorio usurpado, la acción que hemos presentado contempla también un diseño para buscar efectividad a través del sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas, para ejecutar este proyecto, necesitan conseguir capitales. La obra en sí es de tal magnitud que excede las posibilidades económicas de las compañías que la llevan a cabo.
Por lo tanto, forzosamente salen al mercado de valores a buscar fondos para poder llevar adelante la ejecución de las obras. Dentro del mercado de valores rigen reglas específicas que no solo se relacionan con el cumplimiento de la normativa ambiental, sino también con el deber de información, los riesgos materiales y los asuntos planteados judicialmente.
Lo que se busca, en definitiva y para ser breve y concreto, es desalentar a los inversores para que no apoyen este proyecto. Esa es una de las estrategias que estamos desplegando.
LU12: El Gobierno nacional plantea que aquellos que inviertan en Sea Lion no podrán invertir en el país. ¿Qué lectura hacen ustedes?
Fabián Maggi: Nuestra línea va por un camino distinto al planteado por el Gobierno nacional. Nosotros no estamos sosteniendo que no van a poder invertir en el territorio nacional; lo que planteamos es una intervención desde y con el apoyo del Poder Judicial.
Eso es lo que estamos haciendo. El Reino Unido y las empresas afirman que van a seguir adelante, pero esa manifestación es, justamente, una muestra de la preocupación que les genera cómo puedan reaccionar los mercados.
Las expresiones de que van a continuar buscan contrarrestar la incertidumbre de los inversores con respecto a este proyecto, el cual presenta una gran debilidad en términos financieros. Más allá de que hayan conseguido los fondos necesarios para la primera etapa de inversión, resta afrontar otras etapas. Ante la elevación del riesgo por las decisiones judiciales y el tiempo de ejecución que demanda la obra, se potencia la posibilidad de desinversión que estamos buscando.
LU12: Luego de la cadena nacional de Javier Milei, las acciones de Navitas y Rockhopper cayeron. El mercado toma un posicionamiento.
Fabián Maggi: Es cierto que hubo una reacción a la baja y que después aconteció una estabilización. Lo cierto es que no esperamos reacciones inmediatas ni que el efecto sea instantáneo.
Este es un trabajo que se prolonga en el tiempo. Por un lado, tenemos la ventaja de haber accionado anticipadamente, dado que el proyecto se encuentra recién en vías de ejecución. Esto nos otorga la posibilidad de ir escalando con el tiempo la presión sobre el sistema financiero para alcanzar el objetivo trazado.
LU12: ¿Qué esperan que debiera hacer Argentina para ir en consonancia con la cautelar que ustedes interpusieron ante la Justicia?
Fabián Maggi: Nuestra acción se inició antes del cambio de rumbo del Gobierno. Digo cambio de rumbo porque con anterioridad no se veía esa vehemencia ni la decisión en el cumplimiento del mandato constitucional de buscar la presencia soberana en las Islas Malvinas.
El Gobierno mantenía otra actitud y, de repente, se presentó con la intención de aplicar sanciones y profundizar lo que antes no se hizo. Lo que esperamos ahora del Estado Nacional es que mantenga esa línea y preste toda la colaboración necesaria al Poder Judicial para que el objetivo trazado por la jueza pueda cumplirse a la brevedad.
LU12: La pesca argentina también suma su inquietud por las actividades en Malvinas.
Fabián Maggi: Hay mucho por hacer. El tema de la pesca es sumamente preocupante: allí también se produce un saqueo de los recursos de manera escandalosa.
Vemos que el Gobierno mantiene una absoluta pasividad en ese tema puntual. Se sabe de la presencia de flotas españolas que saquearon el recurso pesquero en la zona usurpada, y recientemente circuló información sobre pesqueros dentro del mar territorial que custodia el Estado Nacional.
La situación resulta muy preocupante respecto al recurso pesquero y, en ese punto en particular, no observamos reacción alguna por parte del Gobierno nacional hasta el momento.
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