El exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), Héctor Aníbal Alonso, declaró este 5 de marzo de 2026 en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan y aseguró que el submarino se encontraba habilitado para zarpar al momento de iniciar su última misión. Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal, el exoficial rechazó las imputaciones en su contra y afirmó que su función dentro de la estructura naval era exclusivamente de asesoramiento.
Alonso explicó que el Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos actúa como un órgano auxiliar del comandante de la fuerza y que no forma parte de la cadena de mando operativa de los submarinos. En 2017, el comandante de la fuerza era el capitán de navío Claudio Villamide.
En ese sentido, remarcó que sus funciones estaban establecidas en el Reglamento General del Servicio Naval y en el Reglamento Orgánico de la Fuerza de Submarinos. Sin embargo, advirtió que este último documento fue editado en 1992 y nunca recibió actualizaciones. “El reglamento orgánico de las fuerzas submarinos fue editado en el año 1992, con lo cual estaba desactualizado y no tenía correcciones. Causa por la cual la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia me imputó una serie de falencias debido a esa reglamentación”, sostuvo.
“Nunca tuve poder decisorio sobre los submarinos”
Durante su declaración, Alonso cuestionó la imputación que realizó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que le atribuyó la posibilidad de detener la zarpada del submarino o exigir inspecciones de seguridad antes de la misión.
El exjefe del Estado Mayor negó esa interpretación y aseguró que no tenía facultades para impartir órdenes operativas. “Endilgándome un poder decisorio sobre los submarinos. Nunca lo tuve”, afirmó ante el tribunal.
Explicó que las decisiones operativas y las órdenes directas a las unidades navales correspondían exclusivamente al comandante de la fuerza. Según detalló, su rol se limitaba a analizar información, elaborar asesoramientos técnicos y asistir al comandante en la toma de decisiones.
También aclaró que su firma en determinados documentos durante la ausencia del comandante no implicaba autoridad decisoria. Indicó que se trataba de una práctica administrativa habitual en la Armada, realizada por el oficial de mayor antigüedad presente.
Durante su declaración, Alonso explicó que en distintas oportunidades firmó documentos “en ausencia del señor comandante” Claudio Villamide, pero aclaró que esa práctica estaba prevista en el Reglamento General del Servicio Naval.
Según detalló, la normativa establece que cuando el titular del destino se encuentra ausente o temporalmente inhabilitado, el oficial de mayor antigüedad presente puede firmar documentación administrativa consignando expresamente esa condición.
“Durante el año firmé mucha documentación de la Fuerza de Submarinos en ausencia del señor comandante”, declaró ante el tribunal. En ese sentido, indicó que la orden de operaciones de julio de 2017 también llevó su firma bajo esa modalidad, sin que eso implicara asumir decisiones operativas propias del comandante.
Alonso explicó que en esos casos el documento mantiene la identificación del titular del cargo y que el oficial que firma debe aclarar su función y consignar que lo hace “en ausencia del señor comandante”. Según sostuvo, se trata de un procedimiento administrativo habitual cuando el responsable del comando no se encuentra presente.
El exjefe del Estado Mayor agregó que solo podría haberse negado a firmar si asumía formalmente el comando de la fuerza, algo que —según explicó— ocurrió recién en diciembre de 2017, cuando una orden superior lo designó a cargo tras la suspensión de Villamide en el marco de la investigación administrativa por el hundimiento del ARA San Juan.
Alonso sostuvo que el submarino estaba en condiciones de navegar
Uno de los ejes centrales de su declaración fue el estado operativo del ARA San Juan antes de la misión de noviembre de 2017. Alonso sostuvo que no existían indicios técnicos que impidieran la zarpada del submarino.
Según detalló, tras la reparación de media vida finalizada en 2014, el buque había registrado una mejora en su índice de calificación de material. Indicó que inicialmente ese indicador era de 3.98 y que en el último informe elaborado por el capitán Pedro Fernández —comandante del submarino— había ascendido a valores cercanos a 4.24 o 4.25.
El exoficial también describió el nivel de actividad que tuvo el submarino durante 2017. Señaló que el ARA San Juan acumuló 53 días de navegación, 1029 horas de inmersión y más de 7500 millas náuticas recorridas, cifras que superaban los parámetros mínimos de adiestramiento previstos para la unidad.
En relación con la tripulación, afirmó que contaba con un alto nivel de experiencia. De los 41 tripulantes, 32 tenían más de cuatro años a bordo del submarino y 21 superaban los seis años de servicio en la unidad.
“Buque listo zarpar”
Durante su exposición, Alonso también avaló las declaraciones realizadas previamente por otros imputados en el proceso, entre ellos el almirante Luis López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide.
El exjefe del Estado Mayor sostuvo que, según los registros y procedimientos habituales de la Armada, el submarino había cumplido con todas las instancias de control antes de iniciar la navegación. “Independientemente de todo lo señalado, yo quiero también avalar lo dicho por el señor almirante López Mazzeo y el señor capitán Villamide de que no había indicios de que el submarino estuviera en condiciones de no zarpar”, declaró.
En ese marco, explicó que el informe técnico y las pruebas operativas avalaban el estado del buque. “El ICEM lo daba como que estaba habilitado. Las pruebas de 48 horas se hicieron. El comandante del submarino fue a ver al comandante de la fuerza y a decirle ‘buque listo zarpar’. Esto los submarinistas sabemos que es una cosa que es imposible de falsificar”, afirmó.
Luego agregó: “Nadie va a hacerse a la mar sin las seguridades que corresponde. Menos un comandante”.
El incidente de la válvula E-19
Alonso también fue consultado sobre un episodio ocurrido en julio de 2017 durante una navegación del ARA San Juan. Se trató de la apertura de la válvula E-19, una situación que generó un incidente técnico en el submarino.
El exjefe del Estado Mayor explicó que tomó conocimiento del hecho a través del suboficial Figueroa, quien tenía a su cargo ese sistema dentro de la unidad. Según relató, el suboficial informó que no se logró identificar quién dejó la válvula abierta.
Alonso indicó que en esas navegaciones solían embarcar personal en comisión o alumnos en formación, lo que podía generar errores operativos. En ese contexto, confirmó que la manipulación de la válvula E-19 durante una inmersión está expresamente prohibida por los procedimientos de seguridad.
De acuerdo con su explicación, el episodio fue considerado un error de operación y no una falla estructural del submarino.
Los cargos que enfrenta en la causa
Héctor Alonso está imputado en el proceso judicial por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio.
La acusación sostiene que el exjefe del Estado Mayor no garantizó el cumplimiento de las normas de alistamiento técnico del submarino y que no activó con rapidez la estructura del Estado Mayor cuando se conocieron los primeros reportes de emergencia durante la navegación.
Además, se le atribuye haber recibido uno de los primeros mensajes satelitales enviados desde el submarino sobre un principio de incendio en baterías y haber minimizado la gravedad de la situación.
Sin embargo, Alonso defendió su actuación y recordó que el Consejo General de Guerra —la máxima instancia de justicia militar— evaluó su responsabilidad y le aplicó una sanción de 30 días de arresto riguroso, cuando la pena era la destitución. Según explicó, ese organismo reconoció que su rol dentro de la estructura naval era asesor y que no tenía poder decisorio sobre las operaciones del submarino.
Correa también rechazó las imputaciones en el juicio
Las declaraciones de Alonso se suman a las realizadas previamente por el capitán de fragata Hugo Correa, quien también integra el grupo de exmandos de la Armada imputados en la causa.
Durante su testimonio ante el tribunal, Correa rechazó las acusaciones que le atribuyen haber impuesto tareas excesivas al submarino y sostuvo que las órdenes de operaciones surgían de reuniones previas entre los comandantes de la estructura naval.
“El reproche que me hace la Cámara de Comodoro no tiene sentido. Yo no le impongo tareas al submarino”, afirmó. También aclaró que, como jefe de operaciones del Estado Mayor, no integraba la línea de comando y que su función era exclusivamente asesorar.
Correa señaló que las actividades asignadas al ARA San Juan formaban parte de ejercicios planificados por la flota y de patrullas de control en la milla 201, una zona donde operaban flotas pesqueras extranjeras.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, continúa en el Tribunal Oral Federal mientras se analizan las responsabilidades penales de los exmandos de la Armada imputados en la causa.
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