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La Administración General de Puertos (AGP) dejará de existir y, en su lugar, se creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), cuyo objetivo es eliminar superposiciones y desarrollar una gestión más transparente del sistema portuario nacional. Como ente autárquico, la ANPYN absorberá funciones y recursos de la AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Cabe mencionar que la AGP habría pasado de ser una empresa del estado superavitaria en el año 2021, con un excedente de USD 28 millones, a registrar un déficit de USD 45 millones en 2023.
De esta manera, el Ejecutivo impulsará una profunda reestructuración del sector portuario, puesto que el nuevo organismo asumirá importantes responsabilidades, como son las de regular el puerto de Buenos Aires y gestionar el dragado y balizamiento de la Hidrovía, la cual se encuentra en un proceso de licitación no exento de cuestionamientos.
Desde el Ministerio de Economía subrayan que la ANPYN también tendrá la responsabilidad de promover inversiones privadas, reducir los costos logísticos del comercio exterior y modernizar la infraestructura portuaria con una visión estratégica. La información que trascendió indica que el presidente Javier Milei formalizaría este cambio mediante un decreto, que entraría en vigencia el 1 de enero de 2025.
Con ello, la ANPYN quedaría bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía. Este nuevo organismo contará con autarquía económica-financiera, lo que le permitirá operar de manera independiente en términos financieros, así como tener personería jurídica propia. Además, tendrá capacidad para intervenir en ambos sectores, el público y el privado.
Con la absorción de las funciones de la AGP SAU, la ANPYN garantizará la continuidad de los procesos en marcha, tomando las competencias y responsabilidades que estaban a cargo de los organismos anteriores.
De acuerdo al futuro Decreto, la nueva autoridad será responsable de supervisar todos los aspectos relacionados con la habilitación y control de puertos, el dragado de accesos, las concesiones portuarias y la gestión ambiental de las instalaciones.
También fomentará la inversión privada en puertos y vías navegables, en línea con las políticas orientadas a la modernización del sistema logístico nacional. Un cambio importante será la modificación del artículo 22 de la Ley 24.093 referida a actividades portuarias, asignando a la ANPYN la función de aplicar la ley, asesorar al Ejecutivo nacional sobre la habilitación de puertos y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Con el fin de mejorar la competitividad del sistema portuario argentino, el Gobierno apunta a incrementar la eficiencia y reducir los costos logísticos. La ANPYN promoverá, igualmente, la colaboración público-privada para fortalecer la infraestructura y los servicios logísticos, con especial énfasis en los centros de transferencia de carga y las instalaciones ferroportuarias.
A propósito de la infraestructura, según difundió Infobae, el Decreto establecerá estándares tecnológicos y protocolos de ciberseguridad para los actores del sistema portuario y fluvial.
De igual forma, se desempeñará un rol activo en la evaluación ambiental de las actividades y proyectos en puertos y vías navegables, en coordinación con las autoridades correspondientes.
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