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El gobierno que encabeza Javier Milei incluyó como último punto del temario de las Sesiones Extraordinarias convocadas hasta el 30 de diciembre, al Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial – Ley Nº 26.639.
El mismo será girado al Congreso, este miércoles, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Impulsa una reforma con la idea de redefinir la noción de “ambiente periglacial” y trasladar su regulación desde el Estado nacional hacia las provincias.
Las razones para los cambios
Según los promotores del cambio, la definición vigente de “periglaciar” es demasiado amplia e imprecisa. Esa vaguedad, argumentan, permite que demandas judiciales o ambientales frenen proyectos productivos aun cuando no haya glaciares propiamente dichas. Concepto que comparte el Gobierno nacional.
La reforma plantea devolver a las provincias la capacidad de definir qué áreas, en función de sus estudios técnicos locales, deben seguir protegidas.
El objetivo explícito es destrabar inversiones mineras e hidrocarburíferas estratégicas, especialmente en zonas cordilleranas ricas en minerales como cobre, litio u otros —una estrategia congruente con el plan de atracción de “grandes inversiones” del Ejecutivo.
Qué dice la ley vigente y cuál es la polémica
La Ley 26.639 define glaciares como “toda masa de hielo perenne, estable o en lento desplazamiento” y considera periglaciar a zonas de media y alta montaña donde suelos congelados o saturados de hielo actúan como reservas de agua dulce.
Bajo esta norma, están prohibidas en esas zonas actividades mineras, hidrocarburíferas, construcción de infraestructura, tratamiento de sustancias tóxicas, etc.
Quienes defienden la modificación sostienen que la actual extensión de la protección abarca zonas donde no hay hielo real ni reservas hídricas relevantes, y que por ello muchas provincias siguen sin poder desarrollar su potencial minero.
En cambio, especialistas ambientales alertan que el “ambiente periglacial” incluye formaciones con suelos congelados o glaciares de escombros que sí regulan caudales y recargas de cuencas. Para ellos, recortar esa protección implica poner en riesgo fuentes clave de agua dulce, biodiversidad y sostenibilidad hídrica.
Qué opinan las provincias
Gobiernos provinciales de zonas mineras, en particular los vinculados a la llamada Mesa del Cobre —como las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy— respaldan la reforma.
Según funcionarios y gobernadores, garantizar que cada provincia determine sus áreas periglaciares representa un acto de “federalismo ambiental” y una forma de impulsar desarrollo e inversiones.
Desde algunas legislaturas provinciales —especialmente de jurisdicciones con tradición minera— el cambio es visto como una oportunidad para atraer capital, generar empleo y dinamizar economías locales, tras años de trabas vinculadas a la normativa actual.
Santa Cruz tiene doble protección
No todas las provincias han expresado complacencia con los cambios. En particular el caso de Santa Cruz han existido expresiones de preocupación pero la jurisdicción tiene su propia protección.
Una de ellas es Santa Cruz. Los primeros en reaccionar fueron los diputados de Unión por la Patria, quiénes alertaron que modificar la ley “representa una amenaza directa a la democracia, al equilibrio ecológico y a los derechos de las futuras generaciones”.
En Santa Cruz existe ya una normativa provincial —Ley 3123 — que protege glaciares y periglaciares como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades extractivas en esas zonas. Si la ley nacional cambia, se abre un escenario de redefinición de mapas, permisos y criterios, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de cuencas, usos del suelo y conservación ambiental.
¿Por qué Santa Cruz es clave a nivel glaciológico
- Según el inventario nacional de hielos, la superficie glaciar en Argentina abarca unas 8.484 km². Más del 40 % de esa superficie se encuentra en Santa Cruz.
- Eso significa que Santa Cruz alberga una proporción mayoritaria de glaciares del país — desde grandes hielos continentales hasta glaciares de escombros, hielos enterrados, zonas de periglaciar y zonas de recarga hídrica.
- La importancia de las áreas glaciarias y periglaciarias no es solo estética: cumplen funciones esenciales. Actúan como reservas estratégicas de agua dulce, regulan la recarga de cuencas, nutren ríos y lagos, sostienen biodiversidad y sostienen economías locales (turismo, pesca, pequeños asentamientos).
Qué dicen sobre el impacto en Santa Cruz, científicos y ambientalistas
Más de 25 organizaciones ambientalistas, científicas y sociales difundieron un comunicado en el que advierten sobre el riesgo de modificar una norma que consideran un pilar de la protección de recursos hídricos y biodiversidad.
El especialista en glaciología del CONICET, Lucas Ruiz, advierte que en Santa Cruz hay glaciares visibles y “ocultos” (como los de escombros o periglaciales) que cumplen funciones hidrológicas. Relajar la protección sería “una amenaza directa” para esas funciones vitales.
Para organizaciones ambientales como Greenpeace, la reforma implica un “retroceso ambiental” de magnitud sistemática. Han expresado que “sin glaciares no hay agua”, señalando que los glaciares y zonas periglaciares son reservas esenciales de agua dulce para comunidades, para biodiversidad y para el futuro.
Alertan sobre riesgos latentes de una flexibilización
Para los ambientalistas y críticos a realizar cambios en la Ley, si prospera la reforma propuesta por el gobierno nacional, se abre la puerta a un riesgo potencial, en Santa Cruz, de:
- Pérdida de reservas de agua a mediano/largo plazo: Al modificar los criterios de protección, zonas que hoy están protegidas podrían quedar habilitadas para minería, hidrocarburos u otros desarrollos. Eso implicaría alterar suelos congelados o geoformas que funcionan como esponjas de agua y reguladores de caudales.
- Amenaza del régimen hídrico: Si se debilita la protección, el régimen hidrológico podría alterarse: caudales más erráticos, menos almacenamiento natural, mayor vulnerabilidad ante sequías o variabilidad climática.
- Riesgo ecológico y de biodiversidad: Los lagos alimentados por glaciares sustentan biodiversidad —fauna, flora, ecosistemas acuáticos — que podrían sufrir si cambia el régimen de caudales, si se habilita minería o industrias, o si se modifican suelos y cursos de agua.
- Impacto en el turismo y economía local: Zonas de montaña, lagos, glaciares —como los existentes en el Parque Nacional Los Glaciares— son un atractivo turístico que mueve parte de la economía en la provincia. Si la protección se debilita, podría afectar el turismo sostenible.
¿Qué se viene? El debate en el Congreso
El Ejecutivo anunció que la reforma a la Ley de Glaciares formará parte del paquete ambiental-productivo que pretende tratar en las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre. Todavía no se conoce el texto definitivo del proyecto —aunque ya estaría redactado y se girará este miércoles—.
De aprobarse, el cambio no solo podría abrir decenas o cientos de proyectos mineros y energéticos en zonas protegidas hasta ahora, sino que también redefiniría el modelo de gestión de agua y cuencas en la Argentina: de centralizado y nacional, a descentralizado y provincial.
Así, para muchos, la reforma de la Ley de Glaciares representa un punto de inflexión: no se trata solo de redefinir palabras técnicas, sino de decidir qué tipo de desarrollo quiere la Argentina en las próximas décadas. Un debate que se mueve entre el desarrollo económico y la protección de las reservas del bien esencial del agua.
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