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La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para llevar adelante una nueva sesión para tratar la llamada “Ley Malvinas”, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Poder EjecutivoNacional.
La iniciativa se perfila como el eje central para el próximo miércoles y medirá el pulso de las alianzas legislativas. En paralelo, el cuerpo buscará dar sanción definitiva a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un expediente que regresa con modificaciones desde el Senado.
El debate
El proyecto original, remitido por la Casa Rosada en septiembre pasado, obtuvo dictamen el 28 de octubre tras cosechar las firmas de La Libertad Avanza y de diversos bloques dialoguistas aliados. Sin embargo, la letra chica del articulado nunca dejó de negociarse bajo un clima de máxima tensión política.
Durante la semana pasada, sectores aliados clave exigieron modificaciones sustanciales en apartados específicos e incluso amenazaron con reclamar su retiro total del recinto. La advertencia fue clara: si el oficialismo no contemplaba cambios o no lograba blindar una contrapropuesta sólida, esos títulos corrían serio riesgo de naufragar durante la votación en particular.
El derrotero del texto incluyó su paso por las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, donde los plenarios se caracterizaron por cruces encendidos y fuertes debates conceptuales. Por parte del Ejecutivo, la funcionaria de mayor peso político que acudió a defender la iniciativa fue la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, espada jurídica del asesor presidencial Santiago Caputo, considerado el principal ideólogo de la mega norma.
Recursos naturales
En su formulación original, la iniciativa constaba de 133 artículos, número que trepó hasta los 154 en el dictamen definitivo que llegó al recinto. El Título I, bautizado como “Defensa de los Recursos Naturales de la Nación“, plantea en su núcleo central la derogación de la histórica Ley 26.659, la norma vigente que regula y castiga las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
No obstante, el nuevo régimen amplía drásticamente el alcance sancionatorio: ya no se limita al petróleo y gas, sino que abarca cualquier aprovechamiento económico de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
Desde las bancas opositoras no tardaron en señalar las contradicciones del articulado. Advirtieron que únicamente el primer título guarda una relación directa con la defensa de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, mientras que el resto del extenso articulado introduce modificaciones de alto impacto en pilares normativos sensibles para el Estado, tales como la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), el régimen de Financiamiento de Partidos Políticos (26.215) y diversos artículos del Código Penal.
Seguridad nacional
El Título II estructura un nuevo “Sistema de Seguridad Nacional” mediante la creación de un Consejo específico. Para destrabar las negociaciones con los bloques intermedios, el oficialismo debió ceder e incorporar un mecanismo institucional de control parlamentario, estableciendo la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, órgano que tendrá la obligación de recibir informes periódicos sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en la materia.
El resto de los apartados de la ley abordan aspectos tan diversos como la protección de la soberanía aeroespacial, fluvial, marítima y lacustre, el resguardo de infraestructuras críticas, la revisión por razones de seguridad de inversiones extranjeras provenientes de capitales externos, la adecuación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos Terroristas y su Financiamiento (RePET), y un amplio abanico de disposiciones transitorias y complementarias.
Procesos electorales
Uno de los puntos de fricción más agudos se concentra en el Título VII, titulado formalmente “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”.
Este segmento prevé multas económicas de gran envergadura tanto para personas físicas extranjeras sin residencia permanente en el país como para corporaciones jurídicas foráneas que aporten fondos a campañas electorales.
Dentro de este capítulo, el artículo 111 —que pasó a ser el 129 en el texto definitivo del dictamen— se convirtió desde el primer día en el blanco de las críticas más severas. La propuesta original preveía penas privativas de la libertad de 5 a 12 años para cualquier actor que organizara o financiara lo que el Gobierno tipificó como “campaña de injerencia extranjera“.
Ante el rechazo generalizado de la oposición y de sectores académicos y periodísticos, el texto debió ser retocado en comisión para excluir expresamente de la tipificación penal a la actividad diplomática amparada por el derecho internacional, las expresiones públicas y de opinión emitidas por Estados extranjeros, el trabajo cotidiano de la prensa, la investigación científica y académica, y la legítima representación de intereses sectoriales realizada de manera abierta y transparente.
A pesar de estas cláusulas de salvaguarda, todo el capítulo electoral continúa generando profundos resquemores. En una cumbre celebrada la semana pasada en el Salón de la Presidencia de la Cámara baja, referentes de los bloques dialoguistas reiteraron sus reparos, exigiendo nuevas modificaciones o directamente pidiendo su exclusión del texto.
En términos operativos, la aprobación de este título representa un escollo numérico complejo para el oficialismo, ya que por tratarse de una modificación a la legislación electoral requiere obligatoriamente una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos para prosperar en la votación en particular.
“Flexibilización de la norma”
En medio de este complejo escenario político y legislativo, la diputada nacional de Unión por la Patria y vicepresidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Agustina Propato, emitió duras críticas y alertó sobre el verdadero alcance del dictamen oficialista. En declaraciones exclusivas concedidas a La Opinión Austral, la legisladora cuestionó con firmeza que la proyectada reforma de la Ley 26.659 consagra, en los hechos, una “flexibilización de la norma” que termina beneficiando de manera directa a las corporaciones extranjeras que explotan de forma ilegal los recursos naturales en las Islas Malvinas.
Propato denunció que el texto redactado por el oficialismo incorpora subrepticiamente un capítulo de “desistimiento y regularización”, un mecanismo que en la práctica opera como una “amnistía y un blanqueo” para los infractores. Según detalló, este esquema jurídico extingue la acción penal y las inhabilitaciones vigentes —reduciendo las sanciones a un mero pago pecuniario en determinados supuestos— y les abre la puerta a las empresas que operan sin habilitación en la Cuenca Malvinas para desembarcar e invertir en la plataforma continental argentina, amparándose incluso en los incentivos del régimen RIGI.
Para la referente opositora, estas concesiones normativas lesionan gravemente la posición histórica de la Argentina en materia de soberanía y chocan de frente con la doctrina respaldada por las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como la 2065, la 3149 y la 1514. En esa línea, remarcó que debilitar los instrumentos legales internos desarticula la capacidad de respuesta diplomática del país, especialmente de cara a las presentaciones en curso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
“Mientras esperamos una respuesta en una instancia internacional, flexibilizamos la norma interna a favor de las mismas empresas que decimos que vamos a ir a cuestionar”, sentenció Propato, quien también cuestionó severamente la pasividad de la Cancillería frente al avance del puente logístico marítimo entre Punta Arenas y el archipiélago, impulsando en paralelo un proyecto propio para que dicho tránsito comercial sea declarado formalmente como “paso no inocente” al amparo de las facultades que otorga la CONVEMAR.
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