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El Gobierno nacional adjudicó este viernes dos corredores viales estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. La medida se formalizó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía y forma parte del esquema impulsado por Javier Milei para transferir al sector privado la operación y mantenimiento de rutas nacionales.
La decisión se conoció mientras la Casa Rosada acelera negociaciones con gobernadores para reunir respaldo político en el Congreso antes del envío de nuevos proyectos económicos y de desregulación. Entre las iniciativas figuran el súper-RIGI, la Ley Hojarasca y reformas sobre seguros, mercado inmobiliario y capitales.
Según informó Vialidad Nacional, las concesiones adjudicadas abarcan más de 1.800 kilómetros y comprenden corredores ubicados en el centro del país, principalmente en Buenos Aires y La Pampa.
Qué rutas adjudicó el Gobierno nacional
El denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur quedó en manos del consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. Ese corredor incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.
Por otra parte, el Tramo Pampa fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (Ceosa), empresa mendocina que tendrá a cargo la concesión de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa.
El esquema establece contratos por 20 años y prevé que las empresas privadas financien las tareas de mantenimiento, modernización y operación sin aportes del Estado nacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el nuevo modelo implica “inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio”.
Cuánto costará el peaje en la ruta 5
En el caso del Tramo Pampa, la tarifa ofertada fue de 2.355,37 pesos sin IVA. Con el impuesto incluido, el valor ascenderá a 2.850 pesos. El primer peaje de La Pampa se instalará en cercanías de Lonquimay.
La concesión comprende uno de los corredores productivos más transitados del país por su conexión entre zonas agrícolas y ganaderas de Buenos Aires y La Pampa.
Durante el proceso licitatorio se presentaron distintas empresas y consorcios. La segunda oferta más baja correspondió a CN Sapag S.A. junto a Víctor M. Contreras y Cía S.A., mientras que otras propuestas quedaron a cargo de CPC S.A., Clear Petroleum S.A., Merco Vial S.A., Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Vial Agro S.A.
La resolución oficial no precisó si la tarifa corresponde a un valor por tramo o por kilómetro recorrido.
El Gobierno acelera la privatización de rutas nacionales
Con esta adjudicación, el Gobierno nacional ya suma 5.112 kilómetros concesionados dentro de la Red Federal de Concesiones, que contempla más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas bajo operación privada.
A comienzos de 2026, la administración de Milei adjudicó los corredores de la Etapa I, conocidos como “rutas del Mercosur”, que abarcan 741 kilómetros en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Además, el 11 de mayo se realizó la apertura de sobres para la Etapa II-B, que incluye más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
Todavía resta definir la adjudicación de casi 4.000 kilómetros correspondientes a la Etapa III. Allí figuran corredores de las regiones Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Mesopotamia y Chaco-Santa Fe.
La relación con los gobernadores y el Congreso
La Casa Rosada busca fortalecer el vínculo con las provincias en medio de las negociaciones legislativas que se abrirán en las próximas semanas.
El Gobierno prepara el envío de al menos diez proyectos de reforma al Congreso y necesita garantizar respaldo parlamentario para avanzar con su agenda económica.
Entre las iniciativas aparece el súper-RIGI, un régimen de incentivos para inversiones estratégicas que prevé beneficios fiscales, reducción de Ganancias al 15 %, amortización acelerada y exención de aranceles de importación.
También se encuentra la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para derogar leyes consideradas obsoletas.
En paralelo, la Cámara de Diputados convocó para el próximo 20 de mayo a una sesión especial pedida por La Libertad Avanza para tratar modificaciones al Régimen de Zona Fría y el proyecto de derogación de legislación obsoleta.
El reclamo de las provincias por el estado de las rutas
El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en uno de los principales reclamos de gobernadores hacia la administración nacional.
Semanas atrás, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó: “No vamos a dejar de reclamarle al Estado nacional que se haga cargo de reparar las rutas nacionales”.
Sin embargo, otros gobernadores, como el de Chubut acordaron la reparación de las rutas nacionales a cambio de eliminar deudas que la provincia tenía con el Gobierno nacional. La semana pasada Ignacio “Nacho” Torres, confirmó el desendeudamiento total de la provincia con el Fondo Fiduciario de las Provincias tras firmar junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, la última modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) que garantiza el avance de obras de infraestructura vial, entre ellas el inicio de la Doble Vía Trelew – Rawson sobre la Ruta Nacional 25, una vez finalizada la última etapa de la Doble Trocha de la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn y Trelew.
En respuesta a planteos como los de Pullaro, el Gobierno nacional también habilitó a nueve provincias —entre ellas Santa Cruz— a otorgar concesiones por peaje sobre tramos de rutas nacionales dentro de sus jurisdicciones.
La medida quedó establecida en el Decreto 253/2026 y alcanzó a Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan.
Qué puede pasar con las rutas nacionales en Santa Cruz
En Santa Cruz, el nuevo esquema abrió la posibilidad de futuras concesiones sobre rutas estratégicas como la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 40.
El decreto habilita a las provincias a licitar obras, establecer esquemas de financiamiento mediante peajes y firmar contratos con empresas privadas o mixtas, aunque mantiene la titularidad nacional de las rutas y la supervisión de Vialidad Nacional.
El Gobierno provincial todavía no definió si hay tramos que podrían ingresar en ese esquema. La Opinión Austral pudo saber que están estudiando el asunto, e incluso calculando los costos que podrían tener para poner en condiciones el paupérrimo estado de las rutas.
En ese contexto, el diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz, Jairo Guzmán, sostuvo que un sistema de peajes en la provincia “no resulta viable” por la baja rentabilidad y el escaso volumen de tránsito.
“El mercado evalúa si es rentable o no, y en la Patagonia es poco probable que haya inversiones privadas en rutas”, señaló.
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