Petróleo en Malvinas: Abogados Ambientalistas reclaman que Cancillería notifique a las petroleras por el freno a Sea Lion

El 16 de septiembre pasado, la Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el inicio y la ejecución material del proyecto petrolero León Marino (Sea Lion), que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum pretenden desarrollar sobre la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada por la jueza Mariel Borruto, al frente del Juzgado Federal de Río Grande, en el marco de una acción preventiva de daño ambiental colectivo impulsada conjuntamente por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). El fallo de la magistrada prohibió a la firma británica y a la compañía israelí realizar perforaciones en el lecho marino, colocar infraestructura submarina o flotante, iniciar la extracción comercial de hidrocarburos y ejecutar obras terrestres, portuarias, logísticas o de apoyo aeronáutico. Asimismo, intimó a ambas multinacionales a transparentar la estructura técnica, societaria y financiera que sostiene el proyecto en el Atlántico Sur.

En ese mismo fuero judicial, la jueza Borruto asumió recientemente la competencia en una demanda colectiva ambiental presentada contra empresas vinculadas a la actividad pesquera ilegítima en Malvinas, en la que se reclaman más de 26.400 millones de dólares por daños al patrimonio natural de la Nación. La causa busca frenar las operaciones pesqueras no autorizadas en el Mar Argentino mediante la incorporación de informes científicos e intervenciones de la Prefectura Naval Argentina, en medio de las discusiones sobre las políticas pesqueras y las sanciones a las firmas que operan con licencias británicas.

Daño ambiental

En este marco, el letrado Fabián Maggi, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos para analizar el escenario judicial tras el fallo y advertir por las demoras en las notificaciones internacionales a las petroleras demandadas.

“Efectivamente la demanda que hemos presentado, que es una acción preventiva de daño ambiental y que está dirigida contra las empresas que impulsan el proyecto Sea Lion, son las empresas Rockhopper y Navitas“, explicó.

Destacó los primeros pasos dados por los tribunales al señalar que “esa demanda tuvo una muy buena recepción en el juzgado federal y se ordenó una medida cautelar que dispuso varias cuestiones, oficios dirigidos a distintos organismos nacionales y fundamentalmente en lo que más nos interesa por el momento se ordenó también la notificación vía Cancillería a las empresas que están desarrollando este proyecto”.

Respecto a los plazos y la intervención del Ejecutivo nacional, el letrado remarcó que “la medida cautelar ordenó el cese de la ejecución y eso es lo que estamos intentando que el Gobierno nacional proceda a la notificación de las empresas demandadas”.

“Se está venciendo el plazo ahora en estos días, ya se ha ingresado debidamente el formulario que corresponde en Cancillería para que se haga cargo de esa notificación, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta efectiva“, advirtió.

Asimismo, precisó las diferencias en los tiempos administrativos y judiciales al aclarar que “una cosa es el plazo de contestación de demanda y otra cosa es el plazo de Cancillería que habitualmente se estipula en 30 días para que puedan gestionarlo administrativamente”.

“Al menos la respuesta que envié al juzgado, todavía no ha enviado una respuesta formal de qué ha sucedido con el último formulario que se ingresó”, acotó.

Sobre la responsabilidad legal del organismo, Maggi remarcó que “obviamente que Cancillería tiene la obligación de hacerlo porque son los deberes legales que están a cargo de Cancillería y es una orden judicial. Hay una orden judicial impartida para que se notifique y Cancillería no tiene la facultad legal de no hacerlo”, “en otras oportunidades no han sido claros ni efectivos en esas notificaciones, así que estamos muy atentos y la vamos a exigir tanto vía judicial y en caso de que sea necesario, denunciando penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y o desobediencia de orden judicial“, enfatizó.

En ese marco, subrayó el acompañamiento social del reclamo al manifestar que “es una causa que la comunidad entera decidió impulsarla, no solo la Asociación de Abogados Ambientalistas, sino que también está conformado el grupo con el CECIM, con el Centro de Combatientes de La Plata“.

“Hay toda una comunidad, sobre todo en el sur de nuestro país, pero alcanza de norte a sur. Hemos visto la reacción popular en torno a la cuestión Malvinas que siempre es un aspecto muy sensible de nuestra nacionalidad”, afirmó.

Gestión oficial

Al comparar el desempeño de los poderes del Estado, el abogado diferenció la tarea de la Justicia respecto de la administración central al sostener que “es importante destacar también que ese incumplimiento de los plazos lo vemos en el Gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, porque por el contrario el Poder Judicial, donde hemos presentado, ha respondido siempre a término y con la celeridad que estas cuestiones merecen. No hubo ninguna demora”.

En cuanto a la orientación política, planteó que “con el Ejecutivo vemos reflejado en su política, incluso en este tema puntual de Malvinas, los vaivenes permanentes entre una posición y otra, incluso cuando vemos que otras potencias extranjeras que tienen intereses directos sobre la expoliación de estos recursos y la usurpación del territorio nacional también generan esos vaivenes por intereses propios”.

“El Poder Ejecutivo se hamaca en torno a esas decisiones, un día parece ir con todo sobre el tema Malvinas y al día siguiente retrotrae incluso proyectos normativos que estaban presentados”, cuestionó.

En esa misma dirección, denunció la modificación de propuestas parlamentarias al señalar que “hemos visto que en el Congreso se ha borrado esa sanción que había a las empresas que indirectamente prestaban servicios a este proyecto ilegal que pretenden ejecutar potencias extranjeras en nuestro territorio nacional. Esa sanción a empresas indirectas lamentablemente ha sido quitada del proyecto de ley”.

Maggi señaló que “en lugar de ser un proyecto de soberanía es como una burla a la soberanía, porque justamente las herramientas más potentes que se estaban estableciendo en esa normativa fueron flexibilizadas y eso ocurrió justamente por presiones externas, lo que evidencia la notoria debilidad del Gobierno nacional y su poco interés en hacer valer la soberanía de nuestro territorio”.

“Efectivamente esa sanción era una herramienta muy valiosa, porque las empresas están atrás de un ánimo de lucro y las sanciones le impiden trabajar, lo que afecta sus ganancias. Evidentemente hubo una presión del lobby empresarial de estas multinacionales que causó efecto directo en el Poder Ejecutivo nacional“, remarcó.

Por último, al analizar la alternativa del Tribunal del Mar, opinó que “hay pocos antecedentes sobre el tema, aunque hay algunos que son medianamente alentadores. No creemos que esa haya sido la mejor decisión, pero es una de las herramientas disponibles”.

“Nosotros entendemos que era más efectivo seguir la línea diplomática, el posicionamiento ante la ONU en todos los aspectos que el país viene sosteniendo desde antes del conflicto bélico y que de a poco esta actual conducción del Gobierno nacional ha ido aflojando y flexibilizando sin mantener esa postura rígida y clara en cualquier aspecto de soberanía”, expresó.

“Se debe sostener una postura clara anticolonialista desde un Gobierno ejecutivo como el nuestro que tiene estos conflictos de colonias implantadas en su propio territorio nacional. No estamos seguros de que sea la más interesante y la más efectiva; el tiempo aclarará la cuestión sobre este tema”, concluyó.

Antecedentes judiciales

La medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Grande constituye un precedente central para la preservación ambiental del Atlántico Sur y la soberanía sobre la plataforma continental argentina. La jueza Mariel Borruto ordenó frenar en forma preventiva la totalidad de las obras marítimas, terrestres y portuarias vinculadas al yacimiento León Marino (Sea Lion), ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, haciendo lugar al planteo conjunto planteado por los Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata.

El fallo judicial no solo dispuso el cese de cualquier intento de perforación del lecho marino o de colocación de conductos, unidades flotantes y sistemas de extracción, sino que también bloqueó el desarrollo de la infraestructura logística en tierra. Esto incluye la prohibición de levantar o expandir bases logísticas, plantas de preparación de lodos de perforación y cemento, depósitos de insumos químicos, instalaciones de alojamiento para trabajadores y bases de apoyo aeronáutico que pretendan prestar servicios al proyecto hidrocarburífero ilegítimo.