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El presidente Javier Milei, tras la decisión de volver a comisión en Diputados la Ley Ómnibus, compartió en una publicación titulada “La casta contra el pueblo” su firme compromiso: “Continuaremos con nuestro programa, con o sin el respaldo de la clase política que ha arruinado nuestra nación”.
Esta declaración reavivó el interés en el plebiscito (del latín plebiscitum, traducido como “decreto aprobado por el pueblo”), especialmente después de que el Presidente reaccionara positivamente a una publicación de una usuaria en la red X: “Es hora de un plebiscito, y que se vayan estos traidores”.
Es relevante recordar que durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+ el martes 26 de diciembre, se le consultó al presidente: “¿Consideraría convocar a un plebiscito o consulta popular en caso de que el DNU sea rechazado?”. Su respuesta fue contundente: “Por supuesto”. Y agregó: “El mega decreto cuenta con más del 75% de aprobación, así que explíquenme por qué están en contra de la voluntad del pueblo”.
¿Qué implica un plebiscito?
En una democracia, el plebiscito se considera un mecanismo excepcional para la creación de leyes, permitiendo la participación directa de los ciudadanos en decisiones nacionales cruciales.
El plebiscito ofrece a los votantes la oportunidad de expresar su apoyo o rechazo sobre asuntos de gran importancia. Según la Constitución de algunos países, tanto el Presidente como el Congreso pueden convocar a estas consultas populares. Sin embargo, es importante destacar que los resultados no son vinculantes y la participación no es obligatoria.
La diferencia entre un plebiscito vinculante y uno no vinculante
Dentro del marco legal actual, se distinguen dos tipos de plebiscitos: vinculantes y no vinculantes.
Los plebiscitos vinculantes tienen el poder de convertir directamente un proyecto de ley en ley, siempre y cuando reciban un apoyo mayoritario del electorado. Por otro lado, los plebiscitos no vinculantes sirven para medir la opinión pública sobre temas específicos, sin necesariamente obligar al Gobierno a seguir la voluntad popular.
¿Qué temas puede contemplar un plebiscito?
- Acto político o medida de gobierno
- Cuestiones no constitucionales y no legislativas
- Ratificar un acto del Poder Ejecutivo
- Aprobar una transformación política o territorial
El último plebiscito en Argentina fue en 1984 por el conflicto con Chile
En Argentina, el último plebiscito se remonta a 1984, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando se consultó a la población sobre la aceptación del Tratado de Paz y Amistad con Chile respecto al Canal del Beagle, una cuestión de gran relevancia nacional que recibió un amplio respaldo popular.
La población argentina brindó un amplio respaldo al acuerdo con un impresionante 82% de votos a favor el 25 de noviembre de ese mismo año. Este respaldo allanó el camino para su posterior ratificación por parte del Congreso el 30 de diciembre y su formalización definitiva el 2 de mayo de 1985. Este hito representó un momento crucial en las relaciones bilaterales, al poner fin a años de tensiones y evitar un posible conflicto armado entre ambas naciones.
Para llegar a este punto, Alfonsín emitió el decreto 2.272, convocando a esta consulta popular no vinculante. Aunque el proceso enfrentó debates legales, incluso con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la voluntad del pueblo argentino fue inequívoca y decisiva.
La jornada electoral permitió una amplia participación ciudadana, incluso para aquellos que no estaban registrados en el padrón electoral, siempre que presentaran su libreta de enrolamiento o cívica. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar una participación masiva en una decisión considerada crucial para el futuro del país.
La ratificación del tratado, liderada por el canciller argentino Dante Caputo y su homólogo chileno, Jaime Del Valle, contó con la observación del Papa Juan Pablo II, destacando así la importancia del apoyo popular en la resolución diplomática de conflictos.
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