Tras el pedido de 12 años de prisión que solicitó el fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la llamada “causa Vialidad”, recayeron innumerables críticas al proceso llevado adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal y a los integrantes del tribunal que, entre otras cosas, impidieron a la ex mandataria ampliar su declaración indagatoria, obstaculizando un derecho fundamental.
Entre los cuestionamientos al actual judicial, se sumó el doctor Daniel Erbetta, integrante la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual también ha sido decano.
Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario.
“Quienes integramos el poder judicial, y además tenemos vocación docente, no podemos callar, porque el silencio puede ser cómplice y aquí, independientemente de las constancias que puede haber en una investigación y en un proceso judicial, que yo no las conozco completamente y, por lo tanto, no podría opinar sobre ellas, sí me parece que hay presupuestos sobre los cuales se debe dar una opinión”, consideró el magistrado, de origen radical, en diálogo con el programa “Acceso a los Derechos”.
En esa línea, el juez criticó duramente la descabellada comparación que hicieron ciertos medios de comunicación entre este juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, con el famoso juicio a las juntas militares de la última dictadura militar.
“Cuanto menos constituye una falta de respeto, no sólo a la sociedad toda que integramos, sino que constituye una afrenta al propio sistema democrático y al propio expresidente Alfonsín. Es vergonzante y no puede ser admitido ni aceptado por ningún integrante de ningún poder del Estado y mucho menos por ningún integrante de ningún partido político democrático, porque es una forma de minar la democracia”, remarcó Erbetta.
Fiscal federal Diego Luciani en su alegato en el juicio de la causa Vialidad.
Por otro lado, el profesor titular de Derecho penal sostuvo que “esto debe discutirse en las universidades. Porque este es un problema de debido proceso. Dejemos de lado la evaluación de los elementos completos que puede haber, porque yo no intervengo en el juicio. Pero lo que ha dejado traslucir la prensa, lo que ha dejado visualizar la revisión de las distintas audiencias comprometen principios básicos de un Estado de Derecho”.
“Este proceso, si tiene algún valor es el valor pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez“, añadió el magistrado.
En otro tramo de la entrevista, el juez citó casos como el de de María Julia Alsogaray y Milagros Salas, y sostuvo que “vivimos en una sociedad donde la mujer siempre paga, y creo que este es otro matiz que no podemos dejar de señalar”.
Cinco problemas con el juicio a Cristina Kirchner y la acusación del fiscal Luciani
Para adentrarse en cuestiones más técnicas, el doctor Erbetta se refirió a cinco puntos básicos que, según su opinión, descalifican la actuación de la fiscalía y el rol del tribunal.
Principio de inocencia
La presunción de inocencia constituye la máxima garantía constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de “no autor del delito” en tanto no se expida una resolución judicial firme; por lo tanto toda persona es inocente, y así debe ser tratada, mientras no se declare lo contrario.
“Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Si alguien dijera esto en una facultad de derecho obviamente no pasa la materia”, manifestó Erbetta.
Admisibilidad de la prueba
En segundo lugar, el magistrado hizo referencia a lo que considera un problema sobre la cuestión de la admisibilidad de la prueba en un juicio oral.
“La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y ante un tribunal imparcial. Valorar no sólo la validez sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato. Pero esto es una cuestión de examen, de examen de grado universitario”, explicó el juez.
En esa línea, el profesor universitario agregó: “Como docente por supuesto, no sólo lo desapruebo, sino que esta repetición de equívocos o ignorancia del Derecho es tan grande, que le sugiero (al fiscal Luciani) que estudie en otra facultad, arquitectura u otra carrera, no me parece que sea la vocación para un alumno que cometa tantos errores“.
Además, en el magistrado se explayó sobre este punto en particular, que se refiere a la incorporación de las páginas con las llamadas y mensajes del teléfono del ex secretario de Obras Públicas, José López.
“Dejemos de lado que esa prueba, traída por la ventana, no tenga ninguna incidencia en la resolución del caso respecto de la vicepresidenta, porque no representan nada, por el contrario, comprometen seriamente a otros funcionarios y a otros empresarios que tienen que ver con otra gestión de gobierno. Pero, dejando de lado esa cuestión, ¿Cómo van a incorporar una prueba por la ventana y el Tribunal va a permitir eso?“, sentenció.
Imparcialidad del juzgador
En relación a la falta de imparcialidad manifiesta, Erbetta señala la existencia de “jueces que integran un mismo equipo de fútbol, que juegan en una determinada cancha; personas vinculadas a la política claramente enfrentadas con los imputados y que, luego de ser cuestionados, aparecen por televisión con un mate, identificando con un escudo del equipo Liverpool, en una clara provocación que merecería la intervención de la justicia federal, o por lo menos la actuación del Tribunal de Ética. Porque cuanto menos, constituye una absoluta falta de ética y una falta de respeto la provocación en la que incurrió ese integrante del Tribunal”.
En ese sentido, remarcó: “Acá hay jurisprudencia internacional, hay jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Y la doctrina ha desarrollado la teoría de la sospecha del temor de parcialidad. No sólo debo hacerlo, sino que debo aparentarlo”.
La cuestión de la oralidad
Por otro lado, el magistrado de la Corte Suprema santafesina apuntó contra el fiscal Diego Luciani y su actuar en la etapa de alegatos, donde se lo vio durante largos pasajes leyendo su exposición.
“Los juicios son orales, no son juicios leídos”, subrayó Erbetta. “Hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Vaya a la provincia de Santa Fe a ver si algún fiscal o algún defensor está leyendo un guion como se leyó en este juicio”, criticó.
Los derechos del imputado
Por último, el juez y profesor de Derecho Penal fustigó la negativa del tribunal a la ampliación de la indagatoria solicitada por Cristina Fernández de Kirchner. “¡Negarle al imputado la posibilidad de declarar!”, exclamó el magistrado.
Por último, agregó, haciendo alusión al fiscal Luciani: “Si yo someto a estas 5 preguntas que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, sino que implican un examen de Derecho Procesal Penal, le aseguro que ese alumno obviamente va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia“.
“No somos todos iguales”
A modo de conclusión, el magistrado Erbetta manifestó su deseo de que el tribunal “corrija esto en la sentencia, porque pueden esforzarse tanto como para que el juicio sea fulminado de nulidad”.
En este marco, el profesor universitario concluyó que “ningún docente ni magistrado del poder judicial de la República Argentina puede callarse frente a este grotesco. Porque, si hoy 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia, esta gente está contribuyendo a que prácticamente lleguemos a batir un récord de falta de credibilidad. Y yo, por otra parte, me veo obligado a decirlo, no sólo por mi compromiso docente, sino que, como miembro del poder judicial, lo tengo que decir, porque yo soy distinto. Yo no quiero que me identifiquen con esa gente, no somos todos iguales”.
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