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Tres de las principales compañías internacionales de servicios y tecnología para la industria petrolera anunciaron que no intervendrán en proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes. Se trata de SLB —históricamente conocida como Schlumberger—, Baker Hughes y Halliburton, firmas con una importante presencia en el mercado energético argentino.

Las definiciones se conocieron luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei el jueves por la noche y de la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, que agiliza la aplicación de la Ley 26.659 y amplía el alcance de las restricciones para quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos en áreas bajo jurisdicción argentina.

SLB confirmó que no participará de licitaciones

La primera empresa en pronunciarse fue SLB. A través de un comunicado de su filial argentina, aclaró que no interviene actualmente ni tiene previsto hacerlo en procesos de contratación relacionados con operaciones hidrocarburíferas en las islas.

“SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes. En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”, remarcó el texto.

La compañía cuenta con operaciones en más de un centenar de países y una capitalización bursátil superior a los USD 85.000 millones. Su actividad abarca servicios, tecnología y soluciones digitales para la industria energética.

Baker Hughes y Halliburton adoptaron la misma postura

Pocas horas después, Baker Hughes Argentina difundió un mensaje casi idéntico. La firma, especializada en la fabricación y provisión de equipamiento para la actividad petrolera, señaló que tampoco proyecta intervenir en procesos de licitación destinados a emprendimientos de ese tipo en Malvinas.

La empresa manifestó que actuará “en atención a lo establecido por el Decreto 868/2026 del Poder Ejecutivo Nacional (…) que no tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”.

También se sumó Halliburton. Mediante un comunicado de su filial argentina, sostuvo que mantiene su compromiso con el país y negó tener participación en el desarrollo conocido como Sea Lion.

La compañía subrayó que respeta “la soberanía de la República Argentina”, al tiempo que reafirmó “su compromiso con Argentina, su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país”.

Asimismo, aseveró que “no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas”, y agregó que “desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”.

El canciller Pablo Quirno resaltó los anuncios a través de la red social X. Luego de la comunicación de Halliburton, destacó que se trata de “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”.

Las tres compañías ya estaban fuera de Sea Lion

Las decisiones tienen un elemento en común: ninguna de las tres empresas estaba vinculada al proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Navitas, de origen israelí, posee el 65% del emprendimiento, mientras que la británica Rockhopper controla el 35%. Ambas compañías comunicaron el viernes que las medidas adoptadas por la Argentina no modificarán el calendario previsto para el desarrollo offshore.

Según Daniel Dreizzen, CEO de la consultora Aleph Energy, la dimensión de Sea Lion es reducida frente al principal atractivo energético argentino: Vaca Muerta. El especialista estimó que el proyecto representa alrededor del 1% del tamaño de esa formación.

La importancia del mercado argentino aparece igualmente reflejada en la actividad de Baker Hughes. Su registro internacional de plataformas de perforación activas indicó que durante mayo pasado había 32 equipos de la compañía operando en Argentina, principalmente vinculados con la actividad en Vaca Muerta.

Qué establece el nuevo esquema de sanciones

El Decreto 868/2026 acelera la aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Las disposiciones no se limitan a la participación directa en explotaciones. También contemplan determinadas operaciones financieras, logísticas, técnicas, comerciales y de consultoría, lo que puede alcanzar a compañías que presten servicios a emprendimientos desarrollados en la plataforma continental sin autorización nacional.

En ese marco, el Gobierno argentino abrió un procedimiento contra 45 personas y empresas para determinar si incurrieron en infracciones relacionadas con actividades petroleras en Malvinas. La investigación también contempla a accionistas y proveedores de servicios.

El vínculo con Vaca Muerta, un factor clave

Para las grandes empresas internacionales del sector, Argentina representa un mercado de considerable interés debido al crecimiento de Vaca Muerta.

SLB, por ejemplo, mantiene acuerdos con actores centrales de la industria local. En marzo de 2026 anunció junto con YPF su incorporación al Instituto Vaca Muerta, con el objetivo de capacitar trabajadores para operaciones no convencionales. El anuncio se produjo después de una visita de Olivier Le Peuch, director ejecutivo de SLB, y Horacio Marín, titular de YPF, a Loma Campana.

A su vez, la empresa había ampliado en junio de 2024 su relación comercial con Vista Energy, mediante un contrato de completación integrada para operaciones no convencionales.

A eso se suman trabajos anteriores de estimulación, perforación e infraestructura asociada al transporte de gas producido en la formación neuquina. La capitalización internacional de Baker Hughes supera los USD 63.000 millones, mientras que Halliburton ronda los USD 33.000 millones.

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