Un testigo complicó a Claudio Villamide y el acusado pidió ampliar su declaración para “evitar inexactitudes”

Este miércoles se realizó la séptima audiencia del juicio que busca determinar posibles responsabilidades por el hundimiento del ARA San Juan, tragedia que enlutó a todo el país en noviembre de 2017.

Tras los testimonios técnicos brindados el martes en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, la jornada de hoy marcó un giro en la orientación del debate de valoración de pruebas, que se centró en las inspecciones realizadas tanto en el ARA San Juan como en otras unidades de la flota de las Fuerzas Armadas. El tribunal está conformado por Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.

El primero en declarar fue Pablo Leandro Lestingi, auditor encargado de programar y ejecutar tareas vinculadas a la actividad del Estado en materia económica y financiera.

“Lo que hacemos es analizar pagos; la unidad de Auditoría trabaja con la Sindicatura”, explicó a través de la plataforma Zoom. El testigo se refirió a un informe elaborado tiempo antes del hecho que derivó en la muerte de los 44 submarinistas. “Se realizó en el marco de la gestión de la ministra Nilda Garré, con el objetivo de supervisar las inspecciones”, indicó, en una afirmación que podría tener implicancias en la situación de uno de los imputados.

Cabe recordar que, desde el inicio de esta segunda etapa de audiencias, el juez Guillermo Adolfo Quadrini, integrante del tribunal, sigue el debate de manera remota desde Tierra del Fuego, a través de Zoom, tal como se observó en la transmisión oficial replicada por La Opinión Austral. La misma modalidad se aplica en el caso de los imputados Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes participan desde la ciudad de Buenos Aires.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene un equipo encabezado por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, Lucas Colla y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos.

También participan las querellas, representadas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, este último de manera remota. En tanto, Natalia Piriz da Motta y Marcos González, defensores oficiales de Correa y Alonso, siguen la audiencia bajo la misma modalidad.

Por su parte, Luiz López Mazzeo estuvo presente junto a su defensor oficial, al igual que Claudio Villamide, acompañado por su abogado particular, Juan Pablo Vigliero.

Inspecciones clave

Uno de los momentos más relevantes de la jornada se dio con la intervención del contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quien integró la Inspección General de la Armada Argentina entre 2016 y 2020. “Estuve hasta la época del COVID-19”, recordó ante el tribunal.

Su predecesor fue el contralmirante Guillermo Luis Lezana, quien se espera que también sea convocado a declarar en las próximas audiencias.

Pérez Bacchi indicó que, al momento de asumir su cargo, el informe solicitado sobre el submarino ya había sido elevado. “El informe todavía podía encontrarse en las oficinas del Estado Mayor de la Armada”, señaló.

Consultado sobre cómo se programan las auditorías, explicó que desde 2012 existe una estrecha articulación con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “Defensa y todos los organismos realizamos auditorías bajo los mismos criterios establecidos por la SIGEN”, detalló.

Asimismo, precisó la cronología del informe: el 5 de enero de 2017 fue aprobado; el 11 de enero se remitieron observaciones a la superioridad; el 12 de enero pasó a la instancia de firma; el 15 de febrero fue enviado al Ministerio de Defensa; el 19 de abril se giró el informe de inspección a las autoridades correspondientes; y, para el 1 de julio, los sectores observados debían presentar informes de avance.

En ese marco, indicó que las observaciones se mantuvieron en estado “vigente” hasta su verificación in situ por parte de la Inspección General. Además, remarcó diversas anomalías detectadas en la nave. “Está en resolución, pero se mantiene como observación vigente”, explicó en relación con uno de los puntos señalados.

Según el auditor, se había determinado que el ARA San Juan presentaba “deficiencias” que “dificultaban” su alistamiento para cumplir con los planes en vigor.

También mencionó que, en febrero de 2017, el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, le encomendó realizar una inspección. El informe resultante señalaba que “las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo de la agrupación de buzos tácticos dificultan su alistamiento para cumplir con los planes en vigor”, así como que “el incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco, con la periodicidad establecida para los submarinos en servicio del Comando de la Fuerza de Submarinos, afecta su capacidad operativa”.

Uno de los puntos más críticos del informe indicaba: “El ARA San Juan, al no disponer de la certificación de escotillas, se ve impedido de ejecutar el adiestramiento específico y combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia del personal de un submarino siniestrado. Las obras pendientes al momento del traspaso al Comando de la Fuerza de Submarinos afectan sensiblemente el estado de alistamiento de la unidad”.

El informe también destacó que, en 2016, el submarino navegó menos de la mitad de las millas, días y horas de inmersión que en 2017. “Entre las conclusiones se menciona al ARA Salta, un submarino que permanece inactivo desde hace años en el puerto de Mar del Plata, y se indica que se encontraba en condiciones similares al ARA San Juan, por lo que esta última unidad no debería haber zarpado”, señalaron fuentes consultadas por este diario.

En este contexto, surge un interrogante clave: ¿por qué este informe podría comprometer a uno de los acusados? El Comando de la Fuerza de Submarinos (COF), responsable de elaborar los programas de mantenimiento a través del área de mantenimiento y arsenal, estaba a cargo de Claudio Villamide al momento de los hechos.

Ante esta situación, y tras las preguntas de las partes, Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, adelantó: “Con la cantidad de inexactitudes que se dijeron, vamos a solicitar una ampliación de la indagatoria”.

Según pudo saber este diario, dicha ampliación no se concretaría en lo inmediato debido al volumen de testigos previstos para la última jornada de esta batería de audiencias que busca conocer la verdad y buscar justicia por las posibles responsabilidades del hundimiento del ARA San Juan.

Lo que viene

La jornada de juicio terminó relativamente temprano este miércoles, debido a que el tribunal dio a conocer el estado de salud en el que se encontraba uno de los testigos, ya que no podía prestar declaración. A esa ausencia se le sumó el breve  testimonio de un capitán de Fragata que ayudó a desasnar y explicar cuestiones técnicas de una válvula en particular que, en teoría, podría haber sido la que falló aquella fatídica jornada.

De acuerdo al cronograma oficial al que accedió La Opinión Austral, el jueves cerrará la semana con las exposiciones del contraalmirante Mario Claudio Alessio, el vicealmirante Francisco Javier Medrano, el comodoro Gabriel Eduardo Attis, el capitán de navío Daniel Gustavo Chaluleu y el suboficial segundo César Alberto Figueroa. Este último tramo podría aportar definiciones clave sobre la articulación entre distintas áreas y niveles jerárquicos. Como viene ocurriendo desde la primera semana de juicio, se ha notado que la jerarquía es fundamental en la búsqueda de responsabilidades ya que se ha nombrado “la cadena de mando”.