La causa contra el concejal que le pegó a su novia no se archivó

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia definirá hoy qué hace con el pedido de Cristian Bazán, el concejal suspendido por un hecho de violencia de género.

Bazán fue denunciado penalmente, por un grupo de mujeres que dijo haberlo visto cuando le daba una paliza a su pareja. Sin embargo, ella negó los hechos y, al no haber condena, él reclamó al Deliberante que le restituyan su banca.

Tampoco debiera esperarse que las víctimas denuncien. Si algo hace bien el patriarcado es impedirle a muchas mujeres reconocer una actitud violenta, en otros casos es el miedo, la dependencia económica, la vergüenza.

Bazán no está solo. Tiene a su abogado, Heraldo Nanni y a por lo menos un concejal que está dispuesto a levantar la mano para que recupere su escaño, al que llegó cuando Gerardo Terraz asumió en la Secretaría de Minería, haciendo caso omiso a la ley de cupo femenino.

En el año en el que la Ley Micaela obligó al arco político a capacitarse en materia de género, al parecer en la ciudad de El Gorosito todavía se discute la gravedad de los hechos imputados a Bazán.

En declaraciones a La Opinión Zona Norte, el concejal Gabriel Murúa no tuvo empacho en decir que “para mí, hay que votarlo, ya no hay nada como para que continúe suspendido”.

Sesión extraordinaria en la que se decidió la suspensión de la banca. FOTO: DAVID CAPITANELLI

Las declaraciones de Murúa no hacen más que evidenciar la ausencia de perspectiva de género. Desde hace tiempo, el movimiento de mujeres rompió el cerco de la intimidad la violencia contra las mujeres y disidencias. Estos ya no se cometen en la privacidad, no existe tal cosa, sino que son un asunto de la sociedad del Estado.

Paola Álvarez y Carlos Juárez votan en contra de la vuelta de Bazán, y poco se sabe sobre la decisión que vaya a tomar el concejal Miguel Troncoso, aunque todo hace prever que no lo va a apoyar, sino más bien va a esperar que se expida la Justicia.

En una estrategia para volver, Bazán hizo correr la versión de que la Justicia había archivado el caso ante la ausencia de lesiones en el cuerpo de su pareja.

Sin embargo, como se sabe, no hace falta que exista una lesión para determinar si una mujer fue víctima o no de violencia de género.

Pero también hay que aclarar que las tres testigos que lo vieron pegándole a su pareja en un bar, acudieron con el patrocinio de la abogada feminista Pamela Pérez a los estrados de familia, donde la causa no tuvo avance.

Lo interesante fue que, en paralelo, el fiscal Carlos Borges inició una investigación de oficio luego de ver la noticia en La Opinión Austral, donde las mujeres relataron una escena del horror: una mujer tirada en el suelo, el concejal encima dándole golpes y luego arrastrándola.

Esa investigación se instruye en el Juzgado de Gabriel Contreras, que ya rechazó el pedido de la defensa de Bazán para que archiven el caso.

Contreras no la archiva, justamente, porque todavía se está investigando su culpabilidad y por eso, cuando Bazán dice que no hay “caso” contra él, está mintiendo.

Pero aún si todo esto no fuese suficiente para concejales como Murúa, que a viva voz niegan que la violencia de género pudo haber existido, hay que recordar que Bazán fue denunciado el año pasado por su expareja, por haberle roto la nariz de un cabezazo.

Este hecho, no se conoció sino hasta que las tres mujeres dijeron haberlo visto agrediendo a otra mujer, y debería ser tenido en cuenta a la hora de definir si va a representar a los y las caletenses desde el Concejo Deliberante, o si acaso, las acusaciones son lo suficientemente graves como para ponerle un freno.

En un país donde cada treinta horas una mujer es asesinada por la violencia machista, los mensajes hacia la construcción de una sociedad que erradique tanto daño, son más que importantes. La violencia de género es un asunto de interés público.