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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recientemente llevó adelante una reunión con representantes del sector pesquero, en la que se abordaron cuestiones vinculadas a las retenciones a la actividad, la protección del recurso en la Milla 201 frente a la pesca ilegal, y otros aspectos contemplados en la agenda de desarrollo, producción e inversiones que impulsa la gestión provincial.
Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos y explicó que “más allá de abordar la gestión de las retenciones, se trabajó sobre la situación de la milla 201 y la pesca no declarada ni reglamentada. Es fundamental visibilizar la necesidad de eliminar esta distorsión que significa pagar para exportar”. señaló.
El sector reclama que la pesca sea considerada como economía regional, tal como sucedió con otras matrices productivas. Este pedido se ha manifestado bajo distintas modalidades durante la presidencia de Mauricio Macri y en gobiernos anteriores.
“Pagar para exportar genera una distorsión enorme. En destinos como Europa o Estados Unidos se deben pagar aranceles para ingresar, por lo que se llega al precio final con una estructura de costos que no es competitiva“, explicó en sus declaraciones.
Señaló que el mundo demanda productos premium que lleguen en tiempo y forma para quedar a disposición de los consumidores. Las “empresas de Chubut y Santa Cruz exportan a más de 90 países enfrentando costos logísticos enormes. Por ello, la quita de retenciones debe ser valorada, ya sea de forma transitoria o permanente”, describió.
Reinversión y competitividad
Existe un paralelismo con las decisiones tomadas recientemente en la industria hidrocarburífera. El gobernador Ignacio Torres planteó un esquema similar, lo que no sea pagado en exportación deberá ser destinado directamente a mejorar las condiciones de producción.
Se estima que la eliminación de derechos de exportación impactaría entre USD 100 y 120 millones. Estos fondos podrían destinarse, por ejemplo, a la renovación de la flota para mejorar la competitividad.
“A pesar de pagar tributos y tasas que distorsionan los costos, el sector sigue invirtiendo. Se ve reflejado en mejores plantas de proceso y embarcaciones más eficientes. La reinversión es permanente y es lo que nos permite ser competitivos ante las exigencias globales de calidad y trazabilidad”, señaló de la Fuente.
En los puertos de Rawson y Puerto Deseado se observan embarcaciones nuevas con gran capacidad instalada. “No es necesario imponer obligaciones a un sector que, aun sin incentivos, sigue invirtiendo para adecuarse a las mejores condiciones del mercado”.
Puerto Deseado
La pesca posee una gran potencialidad para generar puestos de trabajo, según lo expresado por el gobernador de Chubut. Las empresas asumen la responsabilidad social de mantener la operatividad pese a las dificultades de la disparidad cambiaria y las discusiones paritarias.
“Hoy estamos en una situación de sostener los puestos de trabajo existentes. La armonía que se da en Puerto Deseado con las descargas de calamar es importantísima. Se ha fundamentado en una agenda de trabajo articulada con la gestión del gobernador Claudio Vidal para garantizar un servicio coherente en el puerto”, puso de ejemplo lo que sucede en esa terminal marítima como en la de otros distritos.
Milla 201
La riqueza de las aguas internacionales en la milla 201 contrasta con la política pesquera de la Zona Económica Exclusiva Argentina, que mantiene la sustentabilidad de los recursos desde hace años.
El impacto en la zona adyacente implica un descontrol ambiental, laboral y de trazabilidad. Argentina busca ratificar acuerdos internacionales, como la subvención de banderas extranjeras para que sean declaradas pesca ilegal a partir de los subsidios que adquieren.
“Se elevará al Parlamento el acuerdo del Estado Rector del Puerto- FAO. Esto obligará a quien necesite tránsito en un puerto argentino a someterse a las leyes y controles necesarios. Son medidas de desaliento para la pesca no reglamentada”.
Es necesario tener prudencia técnica: lo que ocurre en la milla 201 son aguas internacionales, por lo que no es pesca ilegal en términos estrictos, pero sí representa un descontrol absoluto. “Estamos preocupados porque pescan en épocas de desove y destruyen todo el cuidado que hacemos dentro de nuestra zona”.
El daño económico por la actividad en la milla 201 se estima en USD 1.000 millones por temporada. Es difícil cuantificar el impacto total debido a la falta de trazabilidad.
“Competimos contra productos que no tienen control y que incluso provienen de las Islas Malvinas, llegando a las mismas góndolas en los mejores mercados. Hay una cuestión de soberanía que no vamos a negociar”.
Desde Cancillería se ha expresado la intención de girar al Parlamento las herramientas de la FAO sobre el Estado Rector del Puerto. Estas acciones buscan desalentar la actividad extractiva sin control que afecta los recursos nacionales.
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