Chubut se adelantó y avanza hacia un nuevo Código Procesal

Por Hugo Ferrer

El Poder Judicial de Chubut vivió esta semana una jornada especial. La Sala de Plenarios que lleva el nombre del Dr. Jorge Eduardo Aubía no tuvo mejor homenaje y honró al dirigente radical, quien fuera vicegobernador,  intendente, diputado y ministro.

Cuando concluyó la cuarta etapa de debate abierto del proyecto de reforma del Código General de los Procesos no penales impulsado por el Poder Judicial de Chubut y debatido en la Legislatura, la provincia dio un paso gigante con el anteproyecto que recibió aportes de destacados profesionales, funcionarios y magistrados de Chubut y de otras jurisdicciones.

La reunión fue encabezada por su presidente, el vicegobernador Gustavo Menna, y la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone. También tuvo la participación relevante de Silvia Patricia Bermejo, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal (AADP).

Sin dudas, el anteproyecto se anticipó varios meses a la propuesta que en los mismos términos también impulsa el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de su ministro Juan Bautista Mahiques.

La propuesta había sido elevada a la cámara de Diputados provincial a mitad de año y tenía un objetivo clave: pasar en el ámbito civil a un sistema “oral, público y por audiencias”. Y casi con un mandato natural: “Garantizar la real tutela judicial efectiva desde el efectivo acceso a la justicia”.

Los cuatro lineamientos definidos por el ministro de Justicia de Nación Mahiques son coincidentes con el proyecto base que se encuentra en discusión en la Legislatura de Chubut y que fue impulsado por el Superior Tribunal de Justicia.

En la presentación se mencionó “la realización de las audiencias mediante la utilización de las tecnologías disponibles”, en la búsqueda de un proceso que “debe desarrollarse con celeridad y economía” con plazos perentorios y criterios de “eficiencia y eficacia”.

Además, puso en foco un tema que habitualmente tiene no sólo críticas desde la sociedad, sino también de los medios de comunicación: que “las actuaciones y resoluciones judiciales deben formularse en lenguaje claro, sencillo y comprensible para el ciudadano” y deben ser “públicas” ya que las decisiones judiciales “serán accesibles para la ciudadanía”.

Presencial y virtual: todos protagonistas

En la cuarta reunión también participaron como disertantes y expositores: Roxana Laudani, presidenta de la Asociación de Mediadores de la Provincia del Chubut; Graciela Rodríguez Noguera, vicepresidenta de la Asociación de Mediadores de la Provincia del Chubut.

Entre las intervenciones virtuales, estuvieron la María Victoria Mosmann, jueza de Minas de la Provincia de Salta y especialista en Derecho Procesal, Derechos Colectivos y Ambientales; Francisco Verbic, especialista en Derecho Procesal Profundizado (UNLP), docente y experto en Procesos Colectivos y Litigios de Interés Público; y Guillermina Di Luca, jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 23 del Departamento Judicial de La Plata.

En las deliberaciones también participaron las diputadas provinciales  Sonia Cavagnini y Paulina Hogalde (Bloque Despierta Chubut); Andrea Toro (Bloque PICH – Partido Independiente del Chubut).

Expertos abordaron temas críticos como la mediación, los procesos de familia, la tutela judicial efectiva y la regulación de conflictos colectivos.

Los autores del anteproyecto, María Marta Nieto, jueza camarista (Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia); Sergio Lucero, juez camarista (Cámara de Apelaciones de Trelew) y Guillermo Walter, juez camarista (Cámara de Apelaciones de Trelew) también tuvieron su participación y aportes al debate.

Entre los representantes institucionales y judiciales, Fernando Valentín y  Jordana Didolich, de la Defensoría General de Chubut; Marco Gallardo, abogado matriculado en Puerto Madryn, Zárate – Campana y CABA, en representación del Colegio de Abogados de Puerto Madryn; Gustavo Federico Sepúlveda, secretario Legal del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut.

Gustavo Menna destacó que “la modernización de la Justicia civil y comercial entró en la agenda nacional. Chubut es pionera en ese debate: acá ya está en marcha. Los ejes de la oralidad, tecnología y procesos más simples y más rápidos son los mismos ejes del Código General de los Procesos No Penales que estamos debatiendo”.

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, Dr. Andrés Giacomone, destacó: “Venimos debatiendo sobre la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia, tanto en términos estructurales y orgánicos como en términos procesales y de buenas prácticas”.

Ejes de la reunión

Después de las presentaciones de Giacomone y Menna, la presidenta de la Comisión, la diputada María Andrea Aguilera, lideró el último encuentro legislativo donde se desarrollaron varios temas de relevancia: sentencia, recursos, ejecución e implementación del nuevo sistema; en relación a la oralidad  destacaron la transición hacia un modelo procesal donde “la oralidad, la inmediación y la flexibilidad de las formas sean ejes rectores para garantizar respuestas eficientes y oportunas”. También se abordó la perspectiva de género, familia y personas vulnerables al analizar la inclusión de herramientas de lenguaje claro, adecuación de procedimientos y apoyo interdisciplinario.

Durante las exposiciones hubo ida y vueltas con argumentos sólidos, preguntas y respuestas de cada uno de los integrantes de la reunión.

588 artículos y la fecha del 21 de octubre

El proyecto, elaborado por jueces de Chubut, tiene 588 artículos. A través del Superior Tribunal de Justicia desde el 26 de agosto se analiza en la Legislatura. “Lo discutimos en reuniones abiertas, públicas y transmitidas en vivo, con colegios de abogados, magistrados, universidades y especialistas”, destacó Menna.

En la última reunión se definió que el 21 de octubre se conformará la Comisión Interinstitucional para el Análisis Temático  y Elaboración del Código General de los Procesos No Penales de la Provincia del Chubut.

En los argumentos del proyecto judicial, el eje está puesto en hacer más moderna, ágil, rápida y eficiente la justicia para la gente.

La Comisión que creó el ministro Mahiques

A todo esto, el Ministerio de Justicia de la Nación avanzó con  la creación de una Comisión Redactora para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a través de  la Resolución 515/2026. Para el  ministro Juan Bautista Mahiques también se busca incorporar la oralidad, aplicar nuevas tecnologías y simplificar los procesos judiciales: asegurar la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías constitucionales y convencionales del debido proceso. En 60 días corridos deben redactar un anteproyecto de reforma integral.

Sin dudas, para el Poder Judicial de Chubut  significa que los ejes de la reforma de la provincia marcan la necesidad de un camino que también es advertido a nivel nacional.

¿Qué pasa con los abogados?

Como ocurre en estos casos, hubo algunos planteos o voces en contra. Así se advirtió la posición que adoptaron desde algunos referentes de Colegios de Abogados de la provincia: atacaron la reforma y se opusieron a los cambios en la modernización de la justicia. Mientras tanto, otros, como el Colegio de Abogados de Sarmiento, no sólo apoyaron el  proyecto del Código General de los Procesos No Penales sino que además solicitaron integrar la Comisión Redactora. Y propusieron a los reconocidos  juristas Jorge Rojas y Edgardo Rubén Hughes. El pedido formal fue elevado con la firma del presidente del Colegio Público de Abogados de la localidad, Hansel Yalil Bravo.

Todas las voces, todas

• Gustavo Menna, vicegobernador de la Provincia del Chubut y presidente de la Legislatura: “No podemos perder de vista que hay un mandato constitucional de la Constitución del 94 de la provincia que habla de implementar la oralidad en todo tipo de procesos y es un tema pendiente en materia no penal”.

• Andrés Giacomone, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut: “Venimos debatiendo sobre la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia, tanto en términos estructurales, orgánicos, como en términos procesales y de buenas prácticas. El objetivo es garantizar procesos más seguros y respuestas eficientes”.

• Roxana Laudani, presidenta de la Asociación de Mediadores de la Provincia del Chubut: “Las características de la mediación y su relación con la ley y los acuerdos  está reglamentada por acuerdos. Tenemos establecida ya la co mediación, la interdisciplinariedad, la voluntariedad y la confidencialidad”.

• María Victoria Mosmann, jueza de Minas de la Provincia de Salta; Especialista en Derecho Procesal, Derechos Colectivos y Ambientales: Enfatizó que el proyecto contemple la tutela judicial efectiva, la flexibilidad de las formas, el lenguaje claro y la accesibilidad, además de herramientas que permitan adaptar los procesos para garantizar una participación efectiva y un mayor acceso a la Justicia.

• Francisco Verbic, Especialista en Derecho Procesal Profundizado (UNLP); Experto en Procesos Colectivos y Litigios de Interés Público: “El microcircuito de tutela colectiva necesita partir de la premisa de que parte de una idea de debido proceso completamente diferente a la que aprendimos y sobre la cual descansa el proceso tradicional individual”.

• Guillermina Belén Di Luca, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 23 del Departamento Judicial de La Plata: “La oralidad no es solo una audiencia, es una manera de conducir el proceso, es cercanía, es comprensión, es transparencia”.

• Silvia Patricia Bermejo, Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal (AADP):  “Cuando se pretende pensar en la oralidad, se lo hace con el sentido de poder dar una resolución más justa. Uno puede contar las experiencias ajenas, pero lo que cuenta es lo propio. Hay que trabajar en conjunto, sin egoísmos, y apostar a que vamos a ser parte del cambio que la sociedad esencialmente necesita”.

• Marco Gallardo, Abogado matriculado en Puerto Madryn, Zárate-Campana y CABA (representante del Colegio de Abogados): Destacó que la finalidad de la oralidad es buena y que  hay una cuestión más de fondo de estructura de cómo resolver la disminución del cúmulo que se genera.
  

  Quiénes integran la Comisión

  Ahora, el cronograma de la Legislatura establece que el próximo miércoles 21 de octubre se conformará la Comisión Redactora.

  La Resolución N° 170/26 de la Legislatura del miércoles 8 definió que estará integrada por 9 miembros titulares: un representante del Superior Tribunal de Justicia; un representante de la Legislatura; la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia; un representante del Poder Ejecutivo Provincial; un representante por los Colegios Públicos de Abogados del Chubut; un representante de la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut; un representante del Ministerio de la Defensa Pública; un representante del Ministerio Público Fiscal; y un representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La presidenta Aguilera pidió que sea presencial.

  Como ocurre con la Comisión creada a nivel nacional por el ministro Mahiques en el Ministerio de Justicia  de Nación, en Chubut  también los integrantes tienen el cargo ad honorem.

  De esta manera, el trabajo interdisciplinario definirá el futuro para modernizar el sistema judicial de Chubut.

De Onganía a Milei: se viene la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

La Resolución 515/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, firmada el 6 de octubre de 2026 por el ministro Juan Bautista Mahiques destaca creación de una Comisión Redactora, la que fue definida como la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Todos los miembros ejercerán sus funciones de manera ad honorem.

Mahiques busca adecuar el ordenamiento nacional, que data de  1967, al Código Civil y Comercial vigente desde 2015 y acortar la brecha con las provincias que ya implementaron la oralidad efectiva en sus procesos. La actualización es una necesidad imperiosa.

Para su elaboración se tiene como referencia a Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial de la Nación, desarrolladas en el marco del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, y el anteproyecto de ley presentado en 2019.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación fue establecido por la Ley 17.454, dictada el 20 de septiembre de 1967 en la Capital Federal. En esa época, el presidente de facto de Argentina era el teniente general Juan Carlos Onganía: gobernaba en el marco del régimen militar autodenominado Revolución Argentina. Hay que destacar que al encontrarse disuelto el Congreso Nacional durante la dictadura, la norma no fue sancionada por el Poder Legislativo, sino promulgada directamente como una “ley decreto” expedida por el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por Onganía.

En 1981, después de las modificaciones introducidas por la Ley 22.434, se aprobó mediante el Decreto 1042 un texto ordenado que incorporó esos cambios.

Recordemos que desde entonces hubo nuevas reformas parciales, entre ellas la dispuesta por la Ley 25.488, aunque sin una revisión integral de su estructura.

Hasta que se llegó al 1 de agosto de 2015, cuando entró en  vigencia el actual Código Civil y Comercial de la Nación.

Según la resolución, aquella reforma introdujo modificaciones sustanciales, que no fueron adaptadas en su totalidad.

Dos meses para el anteproyecto

En 60 días corridos deben redactar un anteproyecto de reforma integral a partir de la primera reunión de la Comisión. Para Mahiques, entre los ejes principales se destacan: instaurar el sistema de oralidad en el proceso civil y comercial; incorporar herramientas tecnológicas para modernizar la gestión judicial; simplificar procedimientos y favorecer la resolución de conflictos; garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

En la estructura de trabajo se determinó que Martín Cardone será el coordinador general. La Subcomisión Redactora, encargada de evaluar los artículos desarrollados, estará compuesta  por Martín Cardone, Director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; Osvaldo Alfredo Gozaíni, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tratadista y jurista; y Juan Manuel Converset, vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. En la Subcomisión Revisora participarán representantes del Ministerio de Justicia, como Pamela Viviana Kazmirczuk, funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación y especialista en Derecho Procesal Civil; los  magistrados Gabriela Mariel Scolarici, integrante de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Maximiliano Luis Caia, integrante de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil;  Alejandro César Verdaguer, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 102; Julio Fernando Ríos Becker, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 43; María Constanza Caeiro, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 30; Javier Jorge Cosentino, vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial;  Silvina Andrea Bracamonte; jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1; los funcionarios judiciales Agustín Prada Errecart, secretario judicial en el fuero Civil de la Capital Federal; Romina Kelly, secretaria de juzgado en el fuero Civil de la Capital Federal; Fernando Roberto Dinici, secretario de juzgado en el fuero Civil de la Capital Federal; Diego Raúl Rosas, funcionario judicial vinculado al Departamento Judicial de San Isidro y especialista en derecho procesal civil; Especialistas del ámbito académico, Jimena Jatip, Magíster en Derecho Procesal, coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Derecho de la UBA y especialista en la materia.

Una vez terminado, el anteproyecto deberá ser presentado ante la Secretaría de Justicia para su consideración y posterior elevación al ministro Mahiques.

El desafío es para todos, por una justicia más ágil y más cerca de la gente.