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A más de 20 años de una desaparición forzada en la provincia de Chubut, hay expectativas sobre el surgimiento de novedades en el caso.
La Opinión Austral pudo saber que este lunes 11 de mayo en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumará tumbas NN.
Es a raíz de la causa de la desaparición forzada de Iván Torres, donde participarán el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez y el secretario penal, Lautaro Mazzoletti.
El caso
Iván Torres desapareció en la madrugada del 3 de octubre de 2003 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Con base en la reconstrucción judicial, el joven de 26 años se encontraba en cercanías a un local bailable cuando un móvil de la Seccional Primera lo interceptó.
A pesar de que los registros oficiales de la comisaría fueron posteriormente manipulados para negar su ingreso, hay evidencias contundentes de que Iván fue llevado a la Seccional Primera.
El testimonio de Miguel Ángel Sánchez, quien se encontraba detenido en la dependencia policial en esas fechas, fue clave: Sánchez afirmó haber estado con Iván en la comisaría durante en octubre de 2003.
En tanto que David Alberto Hayes, otro detenido en la misma comisaría, declaró haber visto a través de la ventana del baño cómo varios efectivos policiales golpeaban brutalmente a Iván hasta dejarlo desmayado, para luego retirarlo “a la rastra” de la vista de los demás internos.
El relato de Hayes coincide con la hipótesis de que Torres sufrió torturas que pudieron derivar en su muerte o en una incapacidad tal que motivó su posterior eliminación física y ocultamiento del cadáver.
La desaparición se vio agravada por una respuesta judicial que fue negligente y, en ocasiones, cómplice por parte de las autoridades de la provincia.
En enero de 2005, Hayes fue apuñalado y muerto mientras estaba detenido en la Alcaidía. El asesinato ocurrió una semana después de que sus abogados solicitaran medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger su vida luego de que denunciara recibir amenazas directas por parte del personal policial.
Sentencia de la CIDH
En agosto de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró al Estado Argentino responsable internacionalmente por la desaparición.
La Corte concluyó que Argentina violó el derecho a la Libertad Personal, a la Integridad Persona, a la Vida, al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica y a las garantías Judiciales y Protección Judicial, todos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, ordenó al Estado dar continuidad a la búsqueda e investigar y sancionar a todos los responsables.
Ante el avance del caso en la Corte IDH, Argentina sancionó la ley 26.679, modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal de la Nación, que incorporó el Artículo 142 tipificando la desaparición forzada como un delito cometido por un funcionario público o por una persona o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, cuando se priva de la libertad a una persona y se niega la información sobre su paradero.
Las condenas
Por el caso, hubo dos juicios. En julio de 2016, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Fabián Alcides Tillería a 15 años de prisión al considerarlo partícipe necesario del delito de desaparición forzada y a Marcelo Alberto Chemin a 12 años de prisión al acreditar su participación en la cadena de custodia y su rol activo en el hostigamiento que culminó en la desaparición.
Otros seis policías fueron absueltos por el beneficio de la duda.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar las absoluciones de algunos de los imputados iniciales lo que dio lugar a un nuevo juicio en diciembre de 2021.
Pablo Miguel Ruiz y Mario Alberto Gómez fueron condenados a 12 años de prisión habiéndose probado que ambos eran integrantes de la Seccional Primera y que participaron en la detención y posterior desaparición de Torres.
Hay un tercer juicio oral contra otros efectivos de la fuerza que sigue pendiente de realización.
Próximos avances
El expediente ha tenido demoras, cambios e impugnaciones. La familia de la víctima ha recusado a los jueces y fiscales de Comodoro Rivadavia que intervinieron.
A raíz de esto es que la Cámara Federal designó a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez para que se haga cargo.
La magistrada dispuso una serie de medidas, entre ellas las de las exhumaciones hace dos años.
La jueza actualmente se encuentra de licencia y la subroga el juez Vázquez, quien decidió darle impulso e inició el proceso para avanzar en esto. Así fue como tanto la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura dispusieron de los fondos para que el equipo de antropología forense pueda hacer las excavaciones.
Las excavaciones representan una erogación de alrededor de 22 millones de pesos.
Las exhumaciones iniciarán este lunes 11 y se extenderán hasta el jueves 15.
En esta primera instancia no participarían familiares de la víctima y hay gran expectativa dado que en esa zona del cementerio hay varias tumbas NN.
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