El exinterventor de YCRT, Omar Zeidán fue procesado por el juez Luis Osvaldo Rodríguez en la causa que investiga la presunta malversación de fondos de la empresa durante la gestión macrista, a partir de las irregularidades denunciadas por quien lo sucedió en el cargo, el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Junto al exinterventor macrista fueron procesados sus funcionarios Raúl Guimard y Sergio Lumachi por administración fraudulenta en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo esto, con un embargo por $45 millones.
Administración fraudulenta, abuso de autoridad, dos de los delitos detectados
El año pasado, la Fiscalía Federal en lo Criminal a cargo de María Mángano formalizó el pedido de indagatoria del exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en la causa que investiga la contratación de 417 personas a partir de diciembre de 2019. La relación laboral inició sólo días antes que Zeidán se marche del cargo.
A mediados de noviembre de 2020, La Opinión Austral había entrevistado al entonces interventor de la minera estatal Aníbal Fernández, quien aseguraba que los funcionarios de Cambiemos habían ejecutado “maniobras vinculadas al vaciamiento de la única mina de carbón a manos del Estado Nacional”. Bajo esta sospecha se vio en la obligación de dar de baja los contratos laborales.
En la causa judicial se probó que Zeidán; Guimard y Lumachi habían “diseñado y llevado a cabo una maniobra por la cual se facilitó y concretó el ingreso de 417 personas como trabajadores de YCRT, en los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos”.
La tapa de La Opinión Austral del 11 de noviembre de 2020. Aníbal Fernández denunció a Zeidán por compras de lujo con plata de YCRT
La Justicia entendió que ellos tomaron “las decisiones y los actos jurídicos” que generaron que el Estado Nacional asuma el pago de remuneraciones por “al menos $ 33.093.261,99 durante el período comprendido entre diciembre de 2019 y febrero de 2020”.
Gastos vip
Pero la contratación irregular de personal no fue la única denuncia. La Intervención de Fernández detectó que entre octubre de 2016 y enero del año 2020, cuando ya Cambiemos había dejado el poder, Zeidán, su coordinador general Sergio Lumachi y la secretaria privada y cuñada de éste, Cintia Da Silva, utilizaron tarjetas corporativas de la empresa estatal para gastos personales.
“Una empresa del Estado no puede tener tarjetas corporativas, ¿cómo va a tenerlas? Nosotros encontramos cosas como que pagaban pasajes de avión, cenas en lugares carísimos todo riquísimo eh, y que en un mismo día compraban en dos supermercados; en uno a la mañana y en otro a la tarde”, contó entonces el interventor del FDT a La Opinión Austral, al tiempo que se presentaba en la Justicia con comprobantes en mano.
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