Por Sabrina Pont

Desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, incluso antes de que desembarque la pandemia en el país, el sector minero pide que se quiten las retenciones y se respete a rajatabla la Ley de Inversiones Mineras. Lejos de atender ese reclamo, el Gobierno Nacional informa, en cambio, que desarrolló un nuevo esquema de retenciones móviles y optativas para el cobre.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el marco de la convención minera más importante a nivel global, que todos los años se hace en la ciudad de Toronto -salvo en 2021, cuando la pandemia obligó a la virtualidad- y que en las últimas dos décadas siempre contó con presencia argentina: la Prospectors and Developers Association of Canada 2022 (PDAC).

“La medida apunta a promocionar la producción y exportación de cobre a través de un nuevo esquema de derechos de exportación”, explicó Guzmán, quien no pudo llegar personalmente a la convención porque se canceló su vuelo y tuvo que hacer su presentación de manera virtual.
Con este esquema, las nuevas inversiones mineras para proyectos de cobre que quisieran reemplazar la alícuota fija hoy vigente (del 4,5%) podrán elegir por un sistema de derechos de exportación “progresivos” en función del precio, con un rango entre 0 y 8%.

Las empresas apuntan al cumplimiento de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras

La primera crítica del sector -aunque, en rigor, la minería por definición considera distorsivo e ilegal cualquier esquema de retenciones que se le pretenda aplicar- apuntó a que el nuevo marco no incorporaría progresividad, tal como se quiere instaurar desde el Palacio de Hacienda, sino que se trata solamente de un esquema de retenciones variables sobre el precio y que esto, lejos de generar certidumbres, sólo potencia el riesgo, sobre todo a largo plazo.

Oro fuera

Aunque la medida no afecte al mineral del oro -que por el momento tiene previstas las retenciones hasta fines de 2023 como parte de una extensión de la Ley de Solidaridad, que por definición es una normativa de emergencia y por lo tanto provisoria, las empresas que tienen en producción sus proyectos advierten que el anuncio es, al menos, negativo para la certidumbre que se demanda.

En ese sentido, referentes de empresas productoras coincidieron, ante la consulta de Santa Cruz Produce, en que las empresas que están produciendo metales hoy en el país, que no son promesas de inversión sino casos concretos, son producto de una ley de inversiones mineras “que no debe ser tocada”.

En rigor, a fin de atender el tema de las retenciones, la Secretaría de Minería, en la primera etapa al mando del sanjuanino Alberto Hensel y actualmente, a cargo de la catamarqueña Fernanda Ávila, tiene armada desde enero de 2020 una mesa técnica con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el Ministerio de Economía, luego de que fuera presentada la Ley 27.541 de Solidaridad -que bajó las retenciones mineras de un 12% a un 8% para el oro-.

Para el 31 de diciembre de 2021, se pretendía tener listo un esquema progresivo de implementación para las retenciones mineras del sector que acompañara los precios internacionales de los metales, aunque en las discusiones con la CAEM se hablaba de una movilidad a partir de márgenes de utilidades y costos operativos. No obstante, los acontecimientos de diciembre, con el #Chubutazo y la salida de Hensel de la órbita del gabinete nacional, obligaron a torcer la agenda. Lo que sí se planteó afectó sólo al oro: que el 8% de retenciones se extienda con un decreto hasta diciembre de 2023.

En tanto, las retenciones de los otros minerales metalíferos, como la plata, y también las del litio siguen plantadas en un 4,5%, según el Decreto 1.060, que no plantea en su texto ningún vencimiento para su vigencia que deba ser atendido. Las del cobre -aunque cobre no se produce en el país actualmente- son las que ahora tienen la novedad.

El nuevo esquema de retenciones “variables” se pensó para incentivar la producción de cobre

En el caso de esas últimas, las empresas saben que un decreto se puede modificar más fácilmente que una ley y por esa razón sostienen que van a insistir en el reclamo por el cumplimiento de la estabilidad fiscal previsto en la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que alienta el arribo de inversiones y no la incorporación de medidas no previstas en su normativa.

Esta postura, sin embargo, pierde firmeza si el proyecto minero está en una etapa de desarrollo más próxima a iniciarse. Por caso, Deprominsa, la empresa propietaria del proyecto de cobre Josemaría, que está ubicado en la provincia de San Juan, expresó en un comunicado su “expectativa hacia el nuevo esquema”, que sustituye -para aquellas empresas que así lo elijan- la actual tasa fija del 4,5% para los impuestos a la exportación de cobre e indicó que “revisará la nueva medida a fin de determinar los impactos en el proyecto, el cual actualmente se encuentra en una etapa de pre-construcción e ingeniería básica”.

“Entendemos que esta tasa variable, que oscila entre el 0% y el 8%, acompañaría mejor el ciclo del precio del cobre y la demanda global, y en ese sentido daría más previsibilidad a empresas e inversores”, expresó Alfredo Vitaller, director general de Josemaría.