La viralización del “plan” de una estudiante de 13 años para concretar un tiroteo en el Colegio Secundario N° 25 encendió las alarmas en Río Gallegos. Tal como informara La Opinión Austral la joven sufría -presuntamente- situaciones de acoso escolar y pretendía sustraer el arma reglamentaria del padre de una compañera.
“Qué ganas de atravesarles la frente con una bala”, “soñé que hacía un tiroteo en mi escuela”. “voy a genuinamente matar a todos en esta aula”, fueron algunos de los mensajes enviados por WhatsApp por la alumna que han conmocionado a toda la comunidad educativa.
Tras la denuncia de las autoridades el Consejo Provincial de Educación la apartó de las aulas para intervenir con equipos técnicos, mientras la causa recayó en el Juzgado Penal Juvenil.
Frente a la repercusión del caso, el juez Fernando Zanetta habló en Radio LU12 AM680 los alcances normativos que condicionan la actuación judicial cuando los involucrados no alcanzan la edad mínima de imputabilidad.
El magistrado explicó que la legislación vigente deja a la estudiante fuera de cualquier sanción penal. “Estamos hablando de una niña de 13 años, por lo que queda totalmente afuera de la aplicación de la nueva ley”, precisó Zanetta, al recordar que la punibilidad en el país comienza a partir de los 14 años.
Sin embargo, el juez remarcó que la falta de imputabilidad no frena el expediente. “Por más que estemos ante un joven no punible, el hecho hay que investigarlo hasta lo último porque puede aparecer un joven sí punible o un adulto involucrado”.
El objetivo de mantener abierta la causa es determinar si existió la participación o instigación de un adulto o de otro menor que sí sea punible.
De confirmarse que la chica actuó sola, la vía penal quedará cerrada de forma definitiva. En ese escenario, el expediente deberá derivarse formalmente a la Justicia de Familia, los organismos de niñez, las autoridades educativas y el entorno familiar para encarar un abordaje de protección e intervención social.
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