La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil volvió a poner en el centro de la discusión la edad de punibilidad y la capacidad del sistema para responder ante los delitos cometidos por adolescentes. En diálogo con Radio LU12 AM680, el juez penal juvenil de Río Gallegos, Fernando Zanetta, explicó los alcances de la nueva normativa, diferenció su aplicación de la reciente decisión judicial adoptada en la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar Santa Cruz.
En su entrevista con “La Mañana de LU12“, el magistrado aclaró, en primer término, que la suspensión por 60 días dispuesta por la Justicia bonaerense no implica que la nueva ley haya dejado de aplicarse en el resto del país. “No, no, es una cuestión muy puntual”, explicó, al referirse al habeas corpus presentado en Buenos Aires y a la decisión adoptada allí.
Zanetta recordó que la nueva legislación, que comenzó a regir luego de un período de seis meses desde su aprobación, establece la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años y contempla la necesidad de contar con establecimientos específicos para adolescentes privados de su libertad. La norma, explicó, prohíbe que los menores sean alojados en establecimientos destinados a adultos.
Según planteó, uno de los principales problemas aparece en los grandes centros urbanos, donde la infraestructura disponible puede resultar insuficiente frente al incremento de adolescentes alcanzados por el nuevo régimen. “Con la baja de la edad de punibilidad, se va a multiplicar”, advirtió, en referencia a la cantidad de jóvenes que podrían quedar sujetos a procesos penales.
Qué ocurre actualmente en Santa Cruz
En el caso de Santa Cruz, Zanetta explicó que la situación actual presenta algunas diferencias respecto de las jurisdicciones con mayor densidad poblacional. La provincia cuenta con un único dispositivo de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, ubicado en la calle Córdoba de Río Gallegos, con capacidad para cuatro jóvenes.
“Por ahora estamos bien”, señaló el magistrado, al explicar que desde hace aproximadamente dos años no hay adolescentes alojados allí. Sin embargo, planteó una incógnita hacia adelante: “Ya no sé con esta baja de edad de punibilidad qué puede pasar de acá en adelante. Puede pasar que tengamos más de cuatro adolescentes para alojar, y ahí también se nos va a complicar el asunto”.
El juez destacó además que Santa Cruz tiene actualmente un solo juzgado penal juvenil especializado, mientras que la situación institucional del sistema provincial representa otro desafío para una eventual ampliación de la demanda.
La privación de libertad, como último recurso
Durante la entrevista, Zanetta defendió la necesidad de abordar los casos de adolescentes desde una perspectiva que priorice la reinserción y evite la privación de libertad como primera respuesta.
Explicó que los lugares de alojamiento deben garantizar educación, salud y atención profesional, con la intervención de psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos. “Cuando salga de ese lugar, salga mejor de lo que entró”, resumió sobre el objetivo que debe tener una medida de privación de libertad.
Desde su experiencia de ya varios años como juez penal juvenil, afirmó que fueron muy pocos los adolescentes que terminaron privados de su libertad bajo su intervención. “Por suerte hemos privado la libertad muy, muy escasa cantidad de adolescentes”, sostuvo. Según explicó, desde que ocupa el cargo pasaron por el dispositivo “cinco, seis jóvenes y no más”.
“Nosotros siempre evitamos por todos los medios privar la libertad adolescente y es el último recurso realmente”, remarcó. La idea, explicó, es trabajar previamente con los adolescentes que cometen delitos mediante otras herramientas.
Sin embargo, reconoció que la nueva normativa puede modificar ese escenario. “Ahora con la baja de la edad de punibilidad se va a complicar, se va a multiplicar el trabajo y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos”, afirmó.
“No justificaba la baja de la edad de punibilidad”
En otro tramo de su reportaje con “La Decana de la Patagonia”, Zanetta fue consultado sobre los argumentos utilizados para justificar la reducción de la edad de punibilidad.
El magistrado coincidió con el planteo de que la incidencia de los delitos graves cometidos por adolescentes menores de 16 años es reducida. “Hay estadísticas de la Corte que señalan que la incidencia de delitos graves en adolescentes de menos de 16 años es un 1%, o sea, no justificaba la baja de la edad de punibilidad de ninguna manera”, sostuvo.
Zanetta consideró que la modificación legislativa no aborda las causas profundas de la problemática. “Es barrer la mugre bajo la alfombra”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que se están atacando las consecuencias de una situación social más amplia. “Estamos atacando las consecuencias de un problema mucho más grande, un problema social, un problema económico que se profundiza día a día”, planteó.
Para el juez, el abordaje debe centrarse en las condiciones que rodean a cada adolescente. “Lo que hay que atacar son las causas, no las consecuencias”, afirmó, y agregó que ante un delito grave cometido por un adolescente también debe analizarse qué está sucediendo dentro de su entorno familiar y social.
Qué implica la nueva etapa para la Justicia
Pese a sus cuestionamientos, Zanetta dejó claro que la nueva legislación ya está vigente y que, como integrante del Poder Judicial, deberá aplicarla. “Ahora no nos queda otra alternativa más que aplicar la ley así, tal como está, y bueno, lo vamos a hacer de la mejor manera”, sostuvo.
La ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal podría generar, según su análisis, un aumento del trabajo judicial y mayores exigencias para los dispositivos de acompañamiento y alojamiento.
Al mismo tiempo, remarcó que el impacto no será necesariamente igual en todas las provincias. Las mayores dificultades podrían concentrarse en las jurisdicciones con grandes centros urbanos, donde existe una población adolescente más numerosa y una demanda potencialmente mayor sobre el sistema.
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