“¿Amigo, tenés el 15 Pro Max? Es para un regalo”, fue lo que un hombre acusado de asesinar a otro le escribió a un vendedor de celulares, a través de Messenger, apenas minutos después de que se registrara el hecho.
Todo ocurrió en la noche del 19 de agosto de 2024 y tiene como víctima fatal a Nelson Ariel Romero, un conocido empresario de Río Gallegos que se dedicaba a la venta de sistemas de seguridad privada junto a su hermano Néstor.
El imputado, que puede llegar a recibir la pena de reclusión perpetua, es José Daniel Cabrera Gallardo, un integrante del Ejército Argentino que, tras ser detenido, se habría quebrado y confesado el hecho en sede policial.
Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento y en los últimos días con su cobertura especial del debate que se realiza en las instalaciones de la Cámara Oral, Cabrera Gallardo se negó a declarar y se realizó un juicio común.
Con una gran cantidad de testigos que pasaron por el recinto, en la jornada de este miércoles se realizaron los alegatos, fundamentos y pedidos de pena para el acusado.
La jornada se pudo ver y se encuentra disponible en las redes sociales de LU12 AM680, con el tribunal encabezado por María Alejandra Vila, Jorge Yance y Enrique Arenillas, este último como vocal subrogante.
Como pasó en las jornadas anteriores, los familiares y seres queridos de Nelson Ariel Romero estuvieron en el público, cerca de Néstor, su hermano, que estuvo como querellante junto a sus representantes legales Gabriel Bertorello y Cristian Arel. Al lado de ellos, la fiscal Verónica Zuvic y Aldana Ulloa, como jefa de despacho.
Cerca de las once y media de la mañana, Cabrera Gallardo fue ingresado esposado al recinto. Con una campera negra, le quitaron los “ganchos” y se sentó junto a sus abogados Gonzalo Marín y Matías Solano. El acusado, esta vez, estaba diferente a otras jornadas, desde la vestimenta hasta su postura: una campera negra le cubrió los brazos caídos y hundió sus manos entre las piernas, pero siempre atento a todo lo que sucedía dentro de la sala, en estado de alerta.
Alegato de la querella
Tal como lo reflejó la tapa de La Opinión Austral de este miércoles, comenzaron los alegatos y los primeros en dar sus fundamentos fueron los abogados que representan a la familia de Romero.
Dividido por partes, el primero en dar su alocución fue el reconocido letrado Cristian Arel. El querellante comenzó diciendo cómo fue la dinámica del hecho, además de destacar el trabajo de la Policía de Santa Cruz a la hora de poder resolver el caso en cuestión de apenas pocos días.
En el mismo sentido, hizo hincapié en el móvil económico que llevó -siempre según su teoría- a Cabrera a matar a Romero, remarcando las cuatro transferencias de 100 mil pesos y el uso de la tarjeta de crédito de la víctima por un monto superior al millón de pesos para comprar un celular a través de la plataforma Marketplace de la red social Facebook, con la frase con la que comienza esta nota.
Como dato, durante el alegato se usó el proyector de la sala para la proyección de imágenes que robustecían lo que el abogado iba alegando ante el tribunal. Algunas de las imágenes pudieron ser muy fuertes para gente sensible y esto se vio cuando una de las presentes comenzó a sollozar al ver el carnet de conducir de Nelson Ariel Romero, durante uno de los procedimientos. Se trataba de la empleada doméstica de la víctima que, tal como había informado este diario, cuando fue sentada a testificar había dicho que su patrón era la persona “más buena del mundo”.
Arel también habló sobre las pertenencias de Romero que le encontraron a Cabrera, como por ejemplo, el teléfono celular de la víctima y el iPhone nuevo que se había comprado con el dinero de la cuenta de Mercado Pago y de la tarjeta de crédito de la víctima, que estaban dentro de una mochila que había sido entregada por el Ejército Argentino y que el suboficial había dejado en los cuarteles centrales de las Fuerzas Armadas.
Luego llegó el momento de Bertorello. El letrado, quien también era muy amigo de la víctima, ratificó el trabajo realizado por la División de Investigaciones (DDI) respecto de las cámaras de seguridad que reconstruyeron el trayecto de la camioneta de Romero desde que salió de su trabajo hasta que fue encontrada a metros de la casa de Cabrera.
Como se dijo más arriba, Bertorello recordó aquella jornada cuando el cuerpo de su amigo fue encontrado y no dejó pasar sus sentimientos: “Fue un hecho luctuoso para todos los que lo conocimos”, dijo ante el tribunal.
En el mismo sentido, se refirió a la comunicación entre el imputado y su madre que permitió ubicar los restos del empresario. Es que, el día de la indagatoria, el 23 de agosto de 2024, cuando Cabrera ya había pasado a revestir carácter de comunicado, le acercaron un celular y pudo comunicarse con su mamá.
Según la parte acusadora, luego de este llamado, Cabrera se quebró y dijo dónde debían buscar los restos de Romero. “Al fondo del barrio Ayres Argentinos, cerca de las vías del tren”, habría dicho.
Lo que sostuvo la querella es que, más allá de lo dicho por Cabrera, se aplica la doctrina del hallazgo inevitable. Es que, por esos días, la Policía estaba rastrillando esa zona y, más pronto que tarde, iban a toparse con el montículo de tierra que cubría casi por completo a la víctima.
El pedido de pena estuvo a cargo de Arel. “Es por ello que solicitamos que el caso se encuadre en homicidio criminis causae y que sea condenado a la pena de reclusión perpetua”. En este momento, se pudo ver cómo tanto el abogado como Cabrera se miraron fijamente.
La Fiscalía
“No fue una discusión, no fue una excusa. Fue lo que Cabrera ya tenía pensado hacer”, comenzó diciendo la fiscal Verónica Zuvic al comenzar con su alegato, echando por tierra las teorías que, desde que se conoció el fallecimiento de Romero y hasta en el juicio, se elucubraron sin sustento material.
En un fundamento largo en el tiempo, pero necesario debido a las circunstancias del caso y el material probatorio, la representante del Ministerio Público dividió su alegato en materialidad y autoría en un primer momento y, desprendiendo el segundo ítem, sobre el recorrido, la prueba objetiva y lo que hizo Cabrera después del asesinato del empresario.
Para la parte de la materialidad, Zuvic se enfocó en las tareas hechas por la Policía en un primer momento, el informe médico y el resultado de la autopsia que daba cuenta de una destrucción encefálica del reconocido vecino.
Al igual que en el primer alegato, la fiscal se valió de material visual para acompañar su relato, haciéndolo más claro, con fotos de lo secuestrado en los procedimientos que realizó la Policía durante la instrucción, además de capturas de pantalla de cámaras de seguridad.
Continuando su relato, Zuvic indicó que había ocho lugares con sangre de la víctima, además de nueve puntos que también tenían sangre de la víctima fatal, como, por ejemplo, en el pantalón verde con el que se lo vio cerca del lugar donde Romero lo habría subido a su camioneta y que posteriormente fue hallado bañado en sangre dentro de su casa del barrio 366 Viviendas, horas después de que la camioneta fuera encontrada a metros de su morada.
En uno de los tramos más importantes del alegato, Zuvic cargó contra las teorías que la defensa infirió durante el debate y remarcó que “Cabrera no actuó en defensa, no había un estado de indefensión donde fuera atacado por Romero. No estuvo indefenso, sino todo lo contrario, él ya sabía lo que iba a hacer”.
Durante las jornadas de debate, según la Fiscalía, la defensa habría consultado sobre la obtención de pruebas fundamentales para la causa, como los registros de cámaras de seguridad, ya que la empresa familiar tiene trato directo con la Policía debido a que se dedican a la seguridad privada. “No hubo problemas con la cadena de custodia, la familia no interfirió, sino que hizo todo lo que una familia habría hecho”, expresó la representante del Ministerio Público en un tono firme que hasta hizo a Cabrera tragar saliva.
Suponiendo que la defensa apelaría a que la declaración de su cliente era ilegal porque fue tomada en sede policial bajo posible coacción, Zuvic comentó que “no hubo apremios ilegales, ni siquiera un certificado médico que hable de heridas del acusado”, indicó.
Al igual que los querellantes, la Fiscalía solicitó la pena de reclusión perpetua, manteniendo la misma calificación con la que la causa había llegado al juicio. Si bien esa es la única pena que podría caberle en ese caso, Zuvic remarcó que mantuvo como agravantes “la violencia y la angustia provocada por el hecho”, tras explicar la diferencia entre homicidio en ocasión de robo y criminis causae. En este punto, ya se lo pudo ver al imputado un poco más intranquilo, acomodándose varias veces en su silla, siendo observado por su hermano desde el público, único familiar presente en la sala apoyándolo.
La defensa
Por último, llegó el turno de Matías Solano. En un duro alegato en el que adelantó que pediría la absolución de su cliente debido a nulidades insubsanables, el letrado comenzó diciendo que el caso estaba viciado de nulidad desde un principio, haciendo referencia a la doctrina del fruto del árbol envenenado con las primeras actuaciones del caso.
En ese sentido, Solano indicó que todos “quisieron minimizar” el hecho de que Cabrera haya dicho el lugar donde se encontraban los restos del empresario, en una sede policial, “en una pequeña sala rodeado de cuatro policías, el día que la Comisaría Primera iba a quedar sin recursos, siendo que ni Canes ni cadetes de la Escuela de Policía seguirían con los rastrillajes”, aseveró con crudeza sobre la potencial coacción contra el imputado por parte de las autoridades.
“No fue algo espontáneo, sino que el juzgado buscó agravar la situación de Cabrera”, expresó ante la atenta mirada de la querella, la fiscal y particularmente de la presidenta del debate, que lo miraba con el ceño fruncido y una de sus manos en el mentón.
Solano fue más allá al denunciar que el abogado Jorge Trevotich fue apartado ilegalmente de la causa y que el suboficial del Ejército no pudo defenderse. Incluso remarcó que, días después de la detención, Cabrera pidió que su abogado fuera Trevotich, además de citar jurisprudencia por casos similares.
“Es gravísimo lo que ha pasado con esta causa”, remarcó el defensor, también al decir que la incorporación de dos policías que dieron su testimonio como testigos “suplantaron el derecho de Cabrera, los usaron para acusar a Cabrera”, dijo.
Por último, el defensor expresó que “no hay certezas, sino indicios. No hay huellas de Cabrera en la camioneta, el arma nunca se peritó, no hay elementos suficientes para un criminis causae”, ante el tribunal.
Si bien sostuvo que el estado de inocencia no fue quebrado por las partes acusadoras, Solano pidió que fuera absuelto o que fuera condenado a la pena de diez años de prisión en orden al delito de homicidio en ocasión de robo, entendiendo que no cuenta con antecedentes penales. Para concluir, se le consultó al hermano de la víctima si quería decir algo al tribunal, pero este se negó. Lo mismo ocurrió con Cabrera, quien se negó a hacer una manifestación antes de que el tribunal comenzara a deliberar.
Lo que viene
El período de cinco días hábiles en el que el tribunal comenzará a deliberar comenzó cerca de las tres de la tarde de este miércoles. Se espera que el próximo 9 de septiembre, al mediodía, en las mismas instalaciones donde se hizo el juicio, se conozca la sentencia contra el suboficial, en uno de los juicios más resonantes que se registraron en Río Gallegos y que fue seguido por La Opinión Austral desde el primer momento.
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