Tal como estaba previsto, esta semana se espera que los primeros imputados en la megacausa de contrabando comiencen a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del doctor Claudio Vázquez.
Se trata del resto de los involucrados que fueron identificados y demorados en el marco de la decena de allanamientos desplegados en Chile y Argentina, bajo el operativo denominado “Alianza Austral”, por el cual la Justicia de ambos países logró desbaratar a una banda criminal dedicada no sólo a contrabandear diferentes artículos, sino también sospechada de tráfico migratorio y trata de personas.
Entre los principales acusados hay cinco santacruceños tras las rejas: Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo. A ellos, se le suman otras 22 personas entre gendarmes, contadores, trabajadores de estancias y demás involucrados en toda la logística que representaba cargar elementos de Santa Cruz, para trasladarlos de manera ilegal hacia el vecino país.
Es que no solamente hubo “cabecillas” que llevaban adelante todo el “trabajo” para el contrabando de cigarrillos, cubiertas, drogas, armas de fuego y dinero, sino también la colaboración y el compromiso de varias personas más para que las operaciones se concretaran con éxito. Así lo marcó el fiscal Julio Zárate en su última entrevista a LU12 AM680, en la que subrayó que “hay una ingeniería técnica y contable que sostiene este tipo de organizaciones“.
La calificación legal más baja que podría atribuírsele a estas personas es la de “asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos“. A esto, hay que tener en cuenta las posibles imputaciones por otros delitos.
Según pudo conocer La Opinión Austral, las indagatorias comenzarían hoy en Río Gallegos, a cargo del juez Claudio Vázquez, a quien acompañará el fiscal federal Julio Zarate, quien fue uno de los principales hacedores de que esta causa prospere -junto a Gendarmería y otras fuerzas argentinas y la destacada colaboración con autoridades de Chile- y se pueda desbaratar a la banda criminal.
Por la complejidad de la causa y la gran cantidad de personas imputadas (22, más las cinco que continúan detenidas y ya declararon) se prevé que la toma de indagatorias se extienda durante todo el mes. Mientras tanto, con las pruebas que ya posee, el juez federal podrá ir resolviendo la situación procesal de cada uno de los involucrados.
Paralelamente, en Chile, la Justicia resolvió dictarle prisión preventiva a las ocho personas que se encontraban tras las rejas.
Así operaban
Tal como informara La Opinión Austral, la hipótesis que sostiene la Fiscalía es que el contrabando se efectuaba a través de pasos fronterizos no habilitados, en 28 de Noviembre y Río Turbio. Allí, se contaba con la complicidad de funcionarios públicos pertenecientes a Gendarmería Nacional. En tanto que, en las ciudades de El Calafate, Río Gallegos, Puerto San Julián y Bahía Blanca, la banda tenía su base. Mientras que en Chile, operaba en las localidades de Puerto Natales y Punta Arenas.
La banda usaba estancias privadas ubicadas en zonas estratégicas cerca del límite fronterizo. Los propietarios y trabajadores son algunos de los imputados.
La investigación, que demandó muchísimas horas y un despliegue en zonas con temperaturas inhóspitas (inteligencia criminal), tuvo su inicio en noviembre de 2021. Tras casi más de dos años de un trabajo sostenido, se ejecutaron más de 60 allanamientos simultáneos en Argentina y Chile el 24 de agosto, que terminó con resultados inéditos e históricos.
Se secuestraron armas, municiones, dinero en efectivo (con cifras de aproximadamente 46 millones de pesos en dinero y cheques: 55 mil dólares, 5,7 millones de pesos chilenos, como así también cantidades menores de euros, guaraníes y de pesos uruguayos), aproximadamente 140 dispositivos electrónicos, unos 60 teléfonos celulares, documentos, cigarrillos, neumáticos, 19 vehículos (entre automóviles, motos y camiones) y material estupefaciente, entre otras mercaderías.
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