La desaparición de Nelson Ariel Romero movilizó durante agosto de 2024 a buena parte de la estructura investigativa de la Policía de Santa Cruz y fue seguido por La Opinión Austral desde un primer momento. Lo que inicialmente comenzó como una averiguación de paradero terminó convertido, apenas cuatro días después, en una investigación por homicidio. El empresario de 56 años había sido visto por última vez a bordo de su camioneta Ford Ranger blanca y acompañado por su perro. El vehículo apareció abandonado, con vidrios rotos y manchas de sangre. Días más tarde, el cuerpo fue encontrado semienterrado en un descampado de la periferia de Río Gallegos.
El próximo 28 de agosto, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes judiciales consultadas, comenzará el debate oral contra el único imputado, José Daniel Cabrera Gallardo, entonces suboficial del Ejército Argentino, quien llega acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permanece privado de su libertad.
La audiencia marcará el inicio de una instancia decisiva para una causa que, desde el comienzo, estuvo atravesada por una enorme cantidad de elementos probatorios: cámaras de seguridad, registros de telefonía celular, pericias forenses, análisis con luminol, rastros de sangre, una pala de campaña y una transferencia bancaria realizada desde el teléfono de la víctima.
Pero también será el escenario donde deberán confrontarse las distintas versiones sobre qué ocurrió aquella noche del 19 de agosto de 2024 y, especialmente, cuál fue el móvil que desencadenó el asesinato.
Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, Nelson Ariel Romero tenía 56 años y había nacido en Villa de Merlo, San Luis. En Santa Cruz había desarrollado una extensa trayectoria empresarial junto a su hermano al frente de Romero Sistemas, una firma dedicada al rubro de la seguridad privada y con más de 25 años de actividad.
Su desaparición generó inmediatamente preocupación entre sus familiares, amigos y allegados. La noche del lunes 19 de agosto, ante la imposibilidad de establecer contacto con él, la familia radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Primera de Río Gallegos.
A partir de ese momento comenzó una búsqueda que rápidamente adquirió una dimensión extraordinaria. Romero había sido visto alrededor de las 20:00 a bordo de su Ford Ranger blanca, dominio AF-029-AR, vehículo que contaba con las identificaciones correspondientes a su empresa. En el rodado también viajaba su perro, un bulldog francés.
El martes 20 de agosto apareció una de las primeras pistas concretas. La camioneta fue localizada en inmediaciones de pasaje El Salvador y Estados Unidos, en el barrio 366 Viviendas. El vehículo se encontraba abandonado y presentaba daños en sus cristales, además de rastros de sangre. La mascota, en tanto, fue encontrada deambulando en el barrio Marina, apenas a unas cuadras.
El hallazgo de la camioneta cambió radicalmente el escenario. Ya no se trataba simplemente de encontrar a una persona cuyo paradero se desconocía. Había indicios que permitían sospechar que Romero podía haber sido víctima de un hecho violento ya que la misma tenía sangre en uno de sus laterales. La investigación comenzó entonces a concentrarse en reconstruir los últimos movimientos del empresario.
La División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz desplegó una tarea que incluyó el relevamiento de aproximadamente medio centenar de cámaras de seguridad públicas y privadas. Entre ellas se analizaron registros pertenecientes incluso a la propia empresa de Romero.
La información obtenida de las cámaras fue cruzada con registros de telefonía celular y datos de antenas, lo que permitió reconstruir parte del recorrido de la Ford Ranger desde el barrio Forestal hasta el lugar donde finalmente fue abandonada.
Mientras tanto, los investigadores extendían los rastrillajes por distintos sectores de Río Gallegos. El miércoles 21 de agosto, la DDI detuvo a José Daniel Cabrera Gallardo, un cabo del Ejército Argentino que se encontraba en actividad. La detención se produjo mientras el despliegue de búsqueda continuaba en distintos puntos de la ciudad.
Alrededor de 70 efectivos participaron de los procedimientos realizados en sectores como Río Chico, la reserva natural y campos pertenecientes a la Armada Argentina. La búsqueda continuó al día siguiente en canteras y zonas periféricas. Los operativos abarcaron sectores próximos a los barrios Los Álamos y Forestal y se extendieron por las inmediaciones de la Ruta Provincial 53 hasta las vías del ferrocarril. Cada hora resultaba determinante.
El hallazgo
Finalmente, el viernes 23 de agosto, la investigación tuvo el desenlace más temido. El cuerpo de Nelson Romero fue localizado en un terreno baldío situado entre los barrios Ayres Argentinos y Chimen Aike, en las inmediaciones de las calles 38 y 63, cerca de la avenida Asturias y Chimen Aike.
El cadáver se encontraba semienterrado, cubierto por una capa de tierra de aproximadamente entre 50 y 60 centímetros. La zona facial había quedado expuesta y el cuerpo presentaba signos propios del paso de los días, además de evidencias de acción de fauna cadavérica.
La escena aportó otro elemento de enorme relevancia para la investigación: una pala plegable de campaña, de características similares a las utilizadas por el Ejército Argentino. La investigación ya había comenzado a reunir piezas que parecían conducir hacia el acusado.
Los peritajes posteriores terminaron de aportar elementos que serían incorporados al expediente. En la chacra de Romero, ubicada en el barrio Forestal, los investigadores encontraron fragmentos de vidrios rotos. También se analizó una cámara de seguridad que habría captado dos destellos lumínicos intensos compatibles con detonaciones de arma de fuego.
La autopsia determinó que la víctima había fallecido como consecuencia de una herida provocada por un proyectil de arma de fuego en la región parietal izquierda. El proyectil quedó alojado en el cráneo, sin presentar orificio de salida, y las características de la lesión fueron compatibles con un disparo efectuado a corta distancia.
La investigación comenzó así a delinear una hipótesis sobre la mecánica del crimen.
Esa jornada, además, tal como lo informó La Opinión Austral, Cabrera Gallardo habría realizado una manifestación extrajudicial ante policías de la Comisaría Primera en la que reconoció la autoría del hecho. Sin embargo, posteriormente mantuvo silencio en sede judicial.
Esa diferencia será uno de los aspectos que deberá analizar el tribunal durante el debate oral, donde toda la prueba deberá ser incorporada y discutida bajo las reglas propias del juicio. La evidencia científica también ocupó un lugar central.
El sábado 24 de agosto se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en Estados Unidos 75, en el barrio 366 Viviendas. Allí se utilizó luminol, un reactivo que permite detectar rastros de sangre que no son necesariamente visibles a simple vista.
El resultado fue significativo. Se detectaron patrones compatibles con salpicaduras hemáticas por goteo en el piso de la sala de estar. También aparecieron rastros de sangre en el lavamanos del baño y en el tambor de un lavarropas, elemento que fue analizado bajo la hipótesis de que allí podrían haberse intentado higienizar prendas.
A esto se sumó otro hallazgo realizado en instalaciones militares: la mochila táctica personal de Cabrera Gallardo presentaba manchas de sangre que, según las pericias incorporadas a la investigación, correspondían a Nelson Romero. La suma de estos elementos fue dando forma a una investigación en la que la tecnología y la ciencia forense tuvieron un papel central.
Las cámaras permitieron establecer recorridos. Las antenas aportaron información sobre la ubicación de dispositivos. Las pericias químicas permitieron revelar rastros de sangre. Los análisis médico-legales establecieron la causa de muerte. Y los procedimientos realizados en distintos puntos de Río Gallegos permitieron reconstruir parte de la secuencia investigada.
El posible móvil
Pero detrás de esa evidencia también apareció una discusión sobre el posible móvil. Con el avance de la causa surgieron dos versiones diferentes sobre la relación existente entre Romero y Cabrera Gallardo.
Desde el entorno familiar del imputado se sostuvo una hipótesis vinculada con una supuesta situación de extorsión y amenazas. Según esa versión, Romero habría utilizado un video íntimo para presionar a Cabrera y amenazarlo con revelar la situación ante su esposa y su hija que se encontraban viviendo en el norte del país.
La familia del acusado sostuvo que esa situación habría generado un fuerte estado de presión psicológica sobre el suboficial y que el crimen se habría producido en ese contexto. En sentido contrario, personas cercanas a Romero rechazaron de manera categórica esa interpretación.
Damián Quiróz, amigo íntimo del empresario, habló en esos días con La Opinión Austral y sostuvo que Romero no tenía motivos para extorsionar al acusado y puso el foco en la relación personal y comercial existente entre ambos. También cuestionó la posibilidad de que el empresario hubiera ejercido algún tipo de coacción. En esa línea, Quiróz planteó que nadie podía ser obligado a mantener encuentros coordinados mediante aplicaciones de citas.
El entorno de la víctima también describió a Romero como un hombre de trabajo, con actividad empresarial y comunitaria, y rechazó las versiones que buscaban presentarlo como una persona capaz de utilizar su posición económica o política para amenazar a terceros. La discusión sobre el móvil será, precisamente, uno de los puntos centrales que deberá dilucidarse durante el juicio.
Porque una cosa es determinar quién fue el autor material del disparo y otra, no menos importante, establecer qué ocurrió antes de que se produjera.
En paralelo, los investigadores siguieron una pista económica. Las pericias informáticas detectaron una transferencia de 500.000 pesos realizada desde la cuenta personal de Romero mediante su teléfono celular durante la noche de su desaparición. El dinero fue enviado a una cuenta perteneciente a un joven cuyo rol, de acuerdo con la información aportada, permaneció bajo secreto de sumario.
El movimiento financiero fue considerado relevante y quedó incorporado a una investigación que también analizó la situación económica del imputado. Según los elementos mencionados en la investigación, Cabrera Gallardo atravesaba una situación de fuerte endeudamiento, con préstamos bancarios recurrentes. Ese dato fue analizado junto con otros elementos para determinar si podía existir una motivación económica detrás del crimen.
Sin embargo, las diferentes hipótesis deberán ser sometidas a la prueba del debate oral.
El 7 de septiembre de 2024, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cabrera Gallardo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La causa avanzó posteriormente hacia su elevación a juicio.
En ese camino también se produjo un episodio particular relacionado con la defensa del imputado. El juez Fernando Zanetta resolvió apartar al abogado particular Jorge Trevotich, considerando que algunas de sus declaraciones e intervenciones podían afectar garantías vinculadas con la defensa en juicio y el principio de inocencia. La representación de Cabrera quedó entonces en manos de la defensora oficial Adriana Peralta.
Por su parte, la familia de Romero se constituyó como querellante, con la representación de los abogados Gabriel Bertorello y Cristian Arel.
La investigación también mantuvo abierta la posibilidad de determinar si existieron otras personas que pudieran haber intervenido en las etapas posteriores al homicidio, particularmente en el traslado y ocultamiento del cuerpo.
Ese aspecto no es menor. El cuerpo de Romero no fue encontrado en el lugar donde, de acuerdo con la reconstrucción investigativa, se habría producido el ataque.
Fue necesario trasladarlo hasta un sector periférico de la ciudad y realizar una inhumación clandestina de escasa profundidad. La pala encontrada en la casa de Cabrera y los elementos secuestrados durante los allanamientos fueron incorporados a la hipótesis de la acusación.
El juicio
A dos años del crimen, la causa llega finalmente a una etapa decisiva. El próximo 28 de agosto, en la Cámara Oral de Río Gallegos, ubicada en Malaspina 41, comenzará el juicio contra Cabrera Gallardo, quien es hasta el momento el único imputado.
El debate deberá poner bajo análisis una enorme cantidad de evidencia acumulada durante aquella investigación contrarreloj que comenzó la noche del 19 de agosto de 2024 y que, cuatro días después, había logrado localizar el cuerpo y orientar la causa hacia un presunto autor.
La desaparición de Romero había generado una pregunta urgente: dónde estaba el empresario. La aparición de la camioneta abrió otra: qué había ocurrido dentro de ella y en los lugares por los que había pasado. El hallazgo del cuerpo aportó la certeza de que se estaba frente a un homicidio. A partir de allí comenzó la etapa más compleja: determinar cómo, por qué y quién había terminado con la vida de Nelson Romero.
La evidencia tecnológica fue una de las grandes protagonistas de la investigación. Las cámaras de seguridad permitieron seguir movimientos y reconstruir recorridos. Los registros de telefonía aportaron información sobre desplazamientos. Las pericias químicas permitieron detectar sangre. La medicina forense estableció la causa de muerte. Y los análisis financieros sumaron una línea de investigación vinculada con el posible móvil.
Incluso existe una particular paradoja alrededor de la actividad profesional de Romero: el empresario había dedicado buena parte de su vida al rubro de la seguridad privada y comercializaba sistemas destinados precisamente a prevenir delitos y registrar acontecimientos. En su propio caso, la tecnología de vigilancia terminó siendo una de las herramientas fundamentales para intentar reconstruir qué había sucedido.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar qué valor corresponde asignarle a cada una de esas pruebas en uno de los casos más resonantes que conmocionaron a Río Gallegos.
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