Los integrantes del tribunal que condenó a los comandantes de la Junta Militar de la última dictadura cuestionaron la posibilidad de que se realice un nuevo juicio por el presunto abuso sexual en un camping de Miramar, denunciado en 2019, y por el que tres acusados fueron declarados "no culpables" por un jurado popular, informaron hoy fuentes judiciales.
León Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Ricardo Gil Lavedra, quienes formaron parte del histórico juicio realizado en 1985, adhirieron a las presentaciones formuladas en este caso por juristas, magistrados y profesionales del derecho, luego de que el Tribunal de Casación bonaerense anuló el veredicto absolutorio de primera instancia.
Los excamaristas expresaron su rechazo a la posibilidad de realizar un nuevo juicio, en calidad de "amicus curiae" de la Suprema Corte provincial, que debe fallar al respecto tras un recurso presentado por las defensas de los imputados.
En su presentación subrayaron "el carácter de cosa juzgada material" de los veredictos de no culpabilidad de los jurados, que "impiden al acusador recurso alguno".
Su adhesión fue en línea con los planteos ante la Suprema Corte por parte de las defensas de Lucas Pitman (26), Tomás Jaime (28) y Juan Cruz Villalba (28).
Los tres jóvenes, acusados del presunto abuso sexual de una menor de 14 años durante las celebraciones de Año Nuevo de 2019, enfrentaron un juicio por jurados en Mar del Plata en septiembre de 2021, y los miembros del tribunal ciudadano consideraron que no eran culpables.
Dos meses más tarde, a partir de un recurso presentado por el abogado de la víctima, Maximiliano Orsini, la Sala III de Casación provincial anuló el juicio y ordenó la realización de uno nuevo, bajo la misma metodología pero con una nueva composición del jurado.
En esa resolución, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini consideraron que el juicio presentaba "una insalvable nulidad" debido a la no intervención "necesaria" de una asesora de menores e incapaces, lo que representó "un claro avasallamiento a los derechos" de la joven.
A partir de esta resolución, las defensas de los imputados acudieron a la Corte bonaerense y subrayaron la inapelabilidad del veredicto absolutorio de un jurado.
Por su parte, los abogados Martín Bernat, en representación de Jaime, y Marcelo Giménez, de Villalba, presentaron un recurso extraordinario de nulidad y otro de "inaplicabilidad de la ley" contra el fallo de Casación, por considerar que "no actuó conforme a derecho", que "no ha respetado las mínimas formalidades del debido proceso", y que el fallo "adolece de nulidad de carácter absoluto".
En la misma línea, Noelia Agüero, defensora de Pitman, sostuvo que Casación utilizó "un subterfugio para violar la ley palmariamente, y aquí reside la arbitrariedad en su máxima expresión, pues al decretar la nulidad del juicio, cuyo veredicto absolutorio irrecurrible del soberano jurado posee efecto de cosa juzgada material, viola el principio de la prohibición a la doble persecución penal".
Los planteos de las defensas fueron respaldados desde entonces por diferentes instituciones que se presentaron como "amicus curiae", para acercar al máximo tribunal provincial "argumentos de orden convencional y constitucional para decidir el caso en armonía con el respeto al sistema de juicio por jurados".
Entre esas entidades figuran la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Red de Jueces Penales Bonaerenses y la Escuela Latinoamericana de Fiscales, y profesionales como Alberto Binder, Rosario Sánchez y Roberto Gargarella.
Los camaristas que juzgaron a los comandantes de las fuerzas armadas de la dictadura se sumaron a ellos y coincidieron en que "el empleo de nulidades no provocadas por el acusado o su defensor no debe ser utilizado para vulnerar por vía oblicua un veredicto absolutorio y provocar un segundo riesgo de enjuiciamiento". (Télam)

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