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La investigación por la muerte de Ángel López, el pequeño de cuatro años cuyo fallecimiento conmocionó a Comodoro Rivadavia, tendrá una nueva instancia decisiva a partir del próximo 21 de octubre, cuando comiencen en Buenos Aires las pericias forenses solicitadas por la defensa. Mientras tanto, la Justicia resolvió mantener detenidos preventivamente a González y Altamirano durante otros seis meses, el mismo plazo concedido al Ministerio Público Fiscal para continuar con la investigación.
La decisión fue adoptada este martes durante una audiencia en la que el fiscal Sergio Oribones solicitó ambas prórrogas, argumentando la necesidad de incorporar los resultados de los estudios pendientes. El planteo fue acompañado vía streaming por el abogado Roberto Castillo, representante legal de Luis López, y no recibió oposición de las defensoras de los imputados.
El juez interviniente hizo lugar a los pedidos, al considerar que correspondía mantener las medidas cautelares mientras se completan las pruebas necesarias para avanzar en el proceso.
La resolución fue recibida con alivio por los familiares de Ángel, aunque la audiencia también dejó momentos de tensión e indignación por situaciones que, según denunciaron, se produjeron durante su desarrollo.
En diálogo con La Opinión Austral, el fiscal Sergio Oribones explicó que la ampliación del plazo de investigación responde principalmente a la necesidad de aguardar los resultados de una pericia que comenzará el 21 de octubre en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Solicitamos una prórroga en el plazo de investigación de seis meses más, fundamentalmente por la pericia que inicia el 21 de octubre. No sabemos cuándo finaliza, entonces es por eso que solicitamos una ampliación”, precisó.
El funcionario judicial sostuvo que tampoco se modificaron las circunstancias que motivaron originalmente la prisión preventiva de los dos acusados. “No cambió ninguna de las circunstancias que llevaron al juez natural de la causa a cautelar el proceso con la prisión preventiva”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la continuidad de las detenciones busca garantizar la presencia de los imputados y el normal desarrollo del procedimiento judicial. Oribones aclaró a La Opinión Austral que las defensas conservan la posibilidad de solicitar una revisión de las medidas cautelares si durante el proceso aparecen nuevos elementos que justifiquen una modificación.
Sin embargo, en esta oportunidad no hubo oposición al pedido formulado por la Fiscalía.
La pericia que comenzará en Buenos Aires representa uno de los puntos centrales de la investigación. Si bien fue solicitada por la defensa, sus conclusiones serán relevantes para todas las partes involucradas. La Fiscalía sostiene desde principios de abril una hipótesis relacionada con lesiones producidas por traumatismos y golpes contusos, de acuerdo con las conclusiones previas del Cuerpo Interdisciplinario Forense. “Tenemos confianza en que van a confirmar lo que ya ha establecido el Cuerpo Interdisciplinario Forense, que se trata de traumatismos, de golpes contusos, por así decirlo”, expresó Oribones.
No obstante, reconoció que el nuevo estudio también podría arrojar conclusiones diferentes y obligar al Ministerio Público Fiscal a revisar la interpretación de los hechos. “También puede resultar distinto el dictamen, lo que nos haga a nosotros, como representantes de la Fiscalía, replantear el caso y por ahí cambiar la teoría del caso que sostenemos desde principios de abril de este año”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de modificar la calificación legal del hecho, evitó anticipar cualquier definición. “Hasta no tener el dictamen, cualquier cosa que te diga sería hacer futurología. Nosotros necesitamos tener el dictamen para saber dónde estamos parados”, respondió.
Dolor e indignación de la familia
La audiencia también tuvo un fuerte impacto emocional para los familiares del pequeño Ángel, quienes continúan reclamando justicia. Lorena Andrade, su mamá del corazón, reconoció que vivió la jornada con nerviosismo, aunque valoró que la Justicia concediera las dos medidas solicitadas. “Nerviosa, pero bueno, al menos concedieron las dos cosas que fueron pedidas”, manifestó.
Sin embargo, en diálogo con La Opinión Austral, expresó su indignación por los pedidos que, según relató, realizó Altamirano durante la audiencia, relacionados con la posibilidad de recibir asistencia psicológica y disponer de un teléfono celular. “Nos causó risa y rabia que Altamirano pida asistencia psicológica cuando ni siquiera nosotros la tenemos”, cuestionó.
Andrade consideró especialmente doloroso escuchar esos planteos mientras la familia continúa atravesando las consecuencias de la muerte del niño. También manifestó su malestar por las condiciones en las que los familiares deben presenciar las audiencias, sin posibilidad de intervenir directamente.
“¿Por qué nosotros no podemos hablar? ¿Por qué nosotros tenemos que escuchar, por qué se les da la palabra a ellos dos y a nosotros no?”, se preguntó.
La mujer señaló que los allegados deben permanecer sentados, respetar las disposiciones de seguridad y mantener silencio durante el desarrollo de las actuaciones judiciales. A esa situación sumó su cuestionamiento por los gestos y actitudes que atribuyó a una de las defensoras públicas mientras intervenía el abogado de la familia. “Se está tratando algo serio, donde asesinaron a un bebé de cuatro años, y ella mínimamente tiene que tener respeto”, expresó, dejando en evidencia su enojo por lo ocurrido.
Andrade reconoció que esas situaciones generan una profunda tensión emocional, aunque intenta mantener la calma para continuar acompañando cada instancia judicial. “Ángel fue castigado, golpeado y pasó hambre y frío”
La mamá del corazón del menor también se refirió a las pericias que comenzarán el 21 de octubre y expresó su convencimiento de que los nuevos estudios permitirán reforzar la acusación. “¿Qué van a decir? Ángel murió por los golpes y por todo lo que le hicieron”, afirmó.
Sus declaraciones reflejan la interpretación de la familia sobre las circunstancias de la muerte del niño, mientras la investigación continúa abierta y todavía se aguardan pruebas consideradas fundamentales para el esclarecimiento del caso.
Consultada sobre la posibilidad de que los resultados forenses modifiquen la situación procesal de los acusados, Andrade sostuvo que prefiere esperar las conclusiones, aunque manifestó su expectativa de que permitan agravar la acusación. “Esperamos llegar hasta ahí y ver lo que hay”, señaló.
La mujer también expresó su desconfianza hacia Altamirano y cuestionó el pedido que, según relató, realizó para disponer de un teléfono y mantener contacto con su hija.
Para la familia, esas situaciones resultan difíciles de comprender en medio del dolor que continúa provocando la muerte de Ángel.
Seis meses para completar investigación
Con la resolución adoptada este martes, González y Altamirano continuarán cumpliendo prisión preventiva durante otros seis meses, mientras el Ministerio Público Fiscal avanza con las medidas probatorias pendientes.
El próximo paso será el inicio de los estudios forenses en Buenos Aires, aunque todavía no existe una fecha confirmada para la presentación de sus resultados.
Las conclusiones podrían ratificar la hipótesis de la Fiscalía o aportar elementos que obliguen a revisar aspectos de la investigación, incluida eventualmente la calificación legal del hecho.
Mientras tanto, la familia de Ángel mantiene su reclamo de justicia y sigue de cerca cada instancia del proceso.
La continuidad de las detenciones representó una respuesta favorable a uno de sus principales pedidos, pero la expectativa está puesta ahora en los resultados científicos que permitan establecer con mayor precisión las circunstancias de la muerte del pequeño. A seis meses del inicio de la investigación, el caso ingresa en una etapa de especial importancia, con dos imputados que permanecerán detenidos preventivamente y una familia que espera respuestas definitivas de la Justicia. (Fuente: La Opinión Austral y Diario Jornada).
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