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“Flaco, no podés salir con el vaso” fue lo que dijo una agente de seguridad de un boliche de Río Gallegos a un joven minutos antes de lo que sería una tragedia que terminó con la vida de una joven.
El joven en cuestión era Ivar Martens, un chico que tenía un fernet en la mano y debió dejarlo. Luego, con las mismas manos, guiaría una Toyota Hilux que chocaría contra un Volkswagen Bora en el que viajaba un grupo de cuatro personas.
Entre las víctimas se encontraba Soledad Maidana, de 26 años, madre de dos menores e integrante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que aquella noche había trabajado como adicional en el mismo local nocturno donde estaba Martens.
El hecho ocurrió el 2 de febrero del año pasado en la esquina de las calles Juan B. Justo y Vélez Sarsfield de nuestra ciudad capital y, en la semana pasada, se realizó el debate de valoración de pruebas en contra del joven Martens.
Este lunes llegó la jornada de alegatos que fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de LU12 AM680. Desde las nueve de la mañana y hasta entrada la tarde, las partes dieron sus argumentos y pedidos de pena contra el joven que había llegado gozando del beneficio de la libertad domiciliaria, a raíz de las lesiones que también sufrió en el incidente en el que perdió la vida Soledad.
Jornada de alegatos
Pese a que en la última jornada Martens no había estado presente en la sala de juicio sino que estuvo en una sala contigua, este lunes reapareció en silla de ruedas. Llevaba puesta una remera negra de Attaque 77, un pantalón del mismo color y un semblante decaído. En reiteradas oportunidades se lo pudo ver llevarse el puño derecho a la boca o entrelazar las manos como si estuviera rezando, siempre con la mirada hacia el suelo. Sus ojos solo enfocarían sus piernas y, a los costados, los caños plateados de su silla de ruedas.
Gabriel Giordano, abogado querellante en la causa, fue el primero en dar su alegato ante la mirada atenta de los jueces María Alejandra Vila, Yamila Borquez y Marcelo Bersanelli. Para el reconocido letrado, con una vasta carrera en los pasillos del Poder Judicial de Santa Cruz, no había dudas: se trató de un homicidio simple con dolo eventual.
Giordano, quien también llegó a ser fiscal en su momento en Río Gallegos, aseguró que Martens, de manera deliberada “optó por no ceder el paso (NdeR: se trataba de una señalización de Pare), hizo caso omiso a los pedidos de sus amigos para que bajara la velocidad. Optó por usar la camioneta como un arma”, expresó ante los presentes.
Victoria Luna y Luis Maidana, además de los hermanos de Soledad, asentían con la cabeza cada frase dicha por su abogado. Incluso una ser querida de la víctima fatal miraba a Martens en varios tramos del alegato, quizás por furia, o para ver si habría una muestra de arrepentimiento por parte del joven que le arrebató la vida de su hermana.
La materialidad del hecho ya no se discutió ya que todos los testimonios ubicaban a Martens como el conductor de la camioneta y el impacto contra el Bora fue a una velocidad estimada de 54 km/h. El eje del caso es determinar si el joven estaba “consciente” y las partes tomaron el testimonio de un perito psicológico para robustecer sus argumentos: el de Gastón Mendicoa.
Giordano interpretó que Mendicoa explicó que la capacidad de Martens siempre estuvo conservada, “desde el momento en el que se subió a la camioneta, estaba en plena conciencia”.
Como dato particular, durante unos minutos la sala se oscureció. Es que se apagaron las luces para la proyección de un video: el de la clínica privada situada a pocos metros de la esquina donde ocurrió la tragedia. En ese momento, Verónica Luna debió ser contenida por sus hijos. Cabe recordar que en los días de juicio también se mostraron imágenes sensibles del caso y en todos, la madre de Soledad se acongojaba, reviviendo el hecho en el que perdió la vida su “Tole Tole” como le gustaba decirle con cariño.
El letrado que vela por los derechos de la familia Maidana fue tajante; para él, Martens dio cuenta de “una posible conducta lesiva y continuó” al manejar a alta velocidad por las calles del barrio Fátima.
La calificación para la querella
Respecto de la calificación legal y el quantum de pena, el abogado ratificó que se condene a Ivar Martens a la pena de quince años de prisión.
En cuanto a la instancia civil y la compensación económica, Giordano desglosó cada uno de los puntos que, para él, debían resarcir a la familia Maidana y llegó a la suma de 566 millones de pesos, algo que llamó la atención de los presentes. Mientras, el acusado solo intercambiaba algunas palabras con Alejandro, su padre, quien se sentó detrás de su abogado.
Luego fue el turno de Ricardo Julián, querellante adherente por uno de los sobrevivientes del lamentable suceso que iba dentro del Bora y terminó con lesiones graves, aunque el letrado usó el término “gravísimas” entendiendo que las heridas con las que terminó su cliente serían permanentes. El abogado explicó que se trataban de lesiones físicas en la zona pélvica y costillas, además de las psíquicas por haber visto morir a Soledad, quien era su compañera de trabajo.
La teoría de la Fiscalía
La representante del Ministerio Público, Verónica Zuvic, dio su alegato. Quizás el más esperado de la jornada ya que se esperaba saber si, para la Fiscalía, se trataba de un homicidio culposo o de un homicidio simple con dolo eventual.
Tras realizar un breve relato sobre la materialidad de los hechos y algunas menciones a la Ley Nacional de Tránsito y los deberes de cuidado, la fiscal calificó como “repudiable el accionar” de Martens, mientras la madre de Soledad nuevamente comenzó a sollozar.
Llegó el momento en el que Zuvic afirmó que la calificación legal por la que se inclinó fue la de homicidio culposo. Para explicarlo, la fiscal se refirió al reconocido caso “Cokito” (el joven mecánico que murió en un incidente vial en marzo del 2023 en pleno centro de Río Gallegos).
La funcionaria dijo que, en esa oportunidad, se dieron las condiciones especiales para que se tratara de un caso de dolo eventual (NdeR: el condenado era inspector de Tránsito Municipal, había una persecución y debía conocer las potenciales consecuencias de la conducción temeraria).
“No se pudo llegar a demostrar el presunto dolo” indicó sobre este caso y, considerando su edad y la falta de antecedentes, solicitó la pena de cinco años de prisión para el acusado que, como se dijo más arriba, estaba cabizbajo y sus ojos claros, rodeados de esas profundas ojeras, apenas se podían ver.
La madre del acusado
Llegó el momento de que las defensas dieran a conocer sus fundamentos. El primero de ellos fue Santiago Pintos, representante de la empresa Fuerza Patagónica, propiedad de los padres de Martens y afectada en la firma, denunciada civilmente.
Pintos comenzó calificando el caso, al igual que Zuvic, como un hecho “aberrante” y dio sus condolencias a la familia doliente. Paso siguiente comenzó a objetar algunas pruebas como asegurar que las cámaras de seguridad podrían no estar calibradas y que no daban cuenta de los detalles sobre el día o la hora.
Además, habló sobre la cadena de custodia de la evidencia digital y de las falencias. “Hubo displicencia de algunos agentes a la hora de secuestrar los videos”. En otro tramo de su alocución, indicó que uno de los ocupantes del Bora expresó que ese rodado iba a una velocidad entre 40 y 50 km/h y que “en la esquina no hay luminaria, sino en los costados” dando a entender que podría ser una “boca de lobo”.
Hubo un momento de estupor en la sala. Es que una vez que Pintos concluyó su fundamento, quien pidió hablar fue Patricia Mansilla, madre de Martens, quien en la previa había sido señalada por la familia Maidana como quien “se reía de la situación en las redes sociales, poniéndole ‘me divierte’ en las publicaciones en las que pedimos justicia” tal como dijo Verónica Luna el domingo pasado a LU12 AM680, durante un izamiento dominical.
La intervención de Mansilla fue breve pero dejó a todos perplejos, incluso se dio antes de un cuarto intermedio por lo que después fue tema de charla en el patio de la Cámara entre los seres queridos de Soledad. La madre de Martens se sinceró ante el tribunal: “sentimos mucho esta situación. Nosotros trabajamos todo el día, es lo único que hacemos. Nunca pensamos que esto nos podía pasar, no es nada grato estar de este lado” dijo al tribunal casi pidiendo clemencia ante una eventual decisión de la Justicia.
Antes del alegato de Jesús Moroso, llegó el turno de Elian Smith, representante legal del conductor del Volkswagen Bora en el que iba Soledad como acompañante y demandado civilmente. En su relato, el letrado coincidió con Pintos respecto de las fallas en la instrucción y afirmó que su cliente “es una víctima más en este caso”.
Jesús Moroso, metódico, comenzó diciendo cómo sería su alegato adelantando que presentaría dos líneas de defensa principales: la solicitud de nulidad de la acusación y de la prueba digital.
El defensor de Martens solicitó la nulidad de la acusación argumentando que fue ampliada fuera del momento procesal oportuno, lo cual vulneró el principio de defensa en juicio, el debido proceso y afecta el principio de congruencia, que exige una correlación necesaria en los hechos y el derecho entre la acusación y la sentencia.
Además, se postuló la nulidad de la obtención, conservación e inexistencia de cadena de custodia de la prueba digital. Moroso, quien integró las filas de la Policía de Santa Cruz y que llegó a ser comisario, sostuvo que hubo una obtención, custodia e incorporación irregular de esta evidencia al plexo probatorio.
Como se sabe, el objetivo de la cadena de custodia es garantizar la autenticidad de la evidencia digital, y se argumenta que en este caso no se cumplieron los protocolos vigentes (incluyendo el registro del código hash o la cantidad de bytes), impidiendo la trazabilidad de la prueba y afectando garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa. En ese sentido, dijo que los agentes siempre tienen intereses a la hora de sus intervenciones, a veces hasta por los mismos juzgados que les piden celeridad.
Por otro lado, respecto de cómo ocurrió el hecho en el que murió Soledad Maidana, Moroso dijo que, aunque la materialidad del hecho no está en discusión, sí lo está el carácter del reproche penal a Martens. El primer planteo del caso se centra en el consumo concomitante de alcohol y marihuana.
El informe toxicológico arrojó una concentración de alcohol en sangre de 1,94 g/l y la presencia de marihuana en orina. La defensa planteó si Ivar Martens estaba en dominio de sus acciones al momento de la colisión.
“Varias declaraciones de testigos sugirieron que Martens no reaccionaba, se reía o gesticulaba sin dar respuesta, y que podría haber estado desorientado, indicando que su conciencia estaba grave y severamente afectada. Incluso luego del impacto, se escuchaba que Martens no habría quitado el pie del acelerador” indicó el letrado.
Fundamentándose en la Teoría del Delito, la defensa argumentó que la grave perturbación de la conciencia implica una falta de acción. Por lo tanto, solicitó la absolución, que contempla el estado de inconsciencia como causa de no punibilidad, ya que el imputado no pudo dirigir sus acciones. Esta tesis se refuerza con la doctrina que indica que sin conciencia no hay acción, y que la embriaguez y delirios febriles encuadran en el supuesto de trastorno o grave perturbación de la conciencia.
En un segundo planteo de caso, se discutió la mecánica del accidente y la velocidad. Moroso cuestionó la estimación de la velocidad (79,26 km/h) aportada por la querella, señalando que la aplicación del mismo método en otros casos con mayor penetración arrojó velocidades significativamente menores.
Antes de concluir con su alegato, Moroso mostró los antecedentes jurisprudenciales de la Cámara por hechos similares, mostrando a algunos que se registraron antes y después de la implementación del famoso artículo 84 bis.
Finalmente, teniendo en base los dos planteos realizados por la defensa, Moroso indicó que había dos posibilidades: o que se absuelva a Martens por no estar consciente al momento de los hechos o bien se lo condene a la pena de tres años de prisión en suspenso, manteniendo la prisión domiciliaria.
Palabras finales
Antes de que el tribunal comience a deliberar, Martens dijo unas palabras ante el tribunal. Apenas levantando el rostro y mirando a los padres de Soledad Maidana tomó un micrófono y dijo: “quiero pedirles perdón a ellos, nunca fue mi intención provocar ese accidente, si pudiera volver a ese día, haría todo lo posible para que el único damnificado sea yo, es algo que me va a atormentar toda mi vida, quiero pedir disculpas” dejando un silencio en toda la sala que solo fue interrumpido por algunos murmullos.
De esta manera, el próximo martes 9 de diciembre al mediodía, en las instalaciones de la Cámara, se conocerá la sentencia, una vez que se cumplan los cinco días hábiles, tiempo que tiene el tribunal para deliberar y así darle cierre a uno de los casos más relevantes que se registraron en el último tiempo en Santa Cruz.
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