“El dueño de la historia soy yo”: los audios que complican a Lázaro Báez en la causa por narcotrafico y lavado de activos en Río Gallegos

Pese a cumplir una condena unificada de 15 años de prisión, Lázaro Báez habría continuado al frente de sus negocios desde el penal de Ezeiza. Una serie de escuchas telefónicas incorporadas a una investigación judicial en Río Gallegos expuso cómo el empresario impartía instrucciones para administrar propiedades embargadas, reclamar pagos, negociar alquileres y organizar operaciones comerciales, incluso sobre bienes alcanzados por órdenes de decomiso.

Los detalles de las grabaciones y de las pruebas reunidas en el expediente fueron publicados por la periodista Luciana Salinas en Clarín. Uno de los audios más contundentes registra una discusión por el alquiler de un inmueble embargado, en la que Báez reivindica su autoridad: “El dueño de la historia acá soy yo y, si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá”.

La investigación, identificada como causa 169831/26, fue presentada durante una audiencia ante la fiscalía federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate. La acusación sostiene que existió una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, con conexiones con una organización vinculada al narcotráfico. En total, fueron formalizadas investigaciones contra 16 personas y nueve quedaron bajo prisión preventiva por 180 días, entre ellas Báez, su pareja Claudia Insaurralde y su colaborador Cristian Ibáñez.

Las órdenes desde Ezeiza y el control de los bienes embargados

Las conversaciones telefónicas muestran que Báez mantenía comunicación con Ibáñez, señalado como uno de sus principales operadores en Río Gallegos, a quien identificaba como “Budín”. En ese esquema, el empresario era llamado “el Tío”, mientras que Insaurralde recibía el apodo de “la Tía”.

Desde la cárcel, Báez impartía directivas sobre la administración de establecimientos rurales, la contratación de personal, los alquileres y las operaciones de compra y venta de ganado. También reclamaba pagos y discutía estrategias para recuperar dinero. Según las pruebas, utilizaba un teléfono celular y el teléfono público del establecimiento penitenciario para comunicarse con sus colaboradores.

Una de las escuchas deja al descubierto la desconfianza que tenía hacia su propia pareja. “La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le advierte a Ibáñez. En otra conversación, le indica cómo proceder con la administración de la estancia La Entrerriana: “Que ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.

Una de las conversaciones más reveladoras ocurrió el 8 de octubre, cuando Báez habló con un inquilino de propiedades utilizadas por los laboratorios Trinidad, Cedimag y Prexa, en Río Gallegos. El objetivo era renegociar las condiciones del contrato para obtener mayores ingresos. “Acá hay una sola parte, y Claudia tiene una instrucción muy clara. Si no nos ponemos de acuerdo, terminémoslo de una vez por todas”, le advirtió al interlocutor.

Durante la discusión, el empresario dejó en claro quién consideraba que tenía la última palabra sobre esos inmuebles: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, sostuvo.

El material secuestrado durante los allanamientos también refuerza la hipótesis de que Báez seguía controlando las operaciones. En su celda encontraron al menos 25 hojas manuscritas y un cuaderno Gloria con anotaciones sobre movimientos de dinero, proveedores, abogados, cuentas y personas habilitadas para cobrar. También había registros de estrategias para recuperar fondos y referencias a operaciones comerciales.

En el expediente consta, además, que las comunicaciones con el empresario se realizaban mediante un teléfono al que los interlocutores llamaban preguntando directamente por “Lázaro”. También se incorporaron registros de visitas de Insaurralde, Ibáñez y Diego Navarro, contador y colaborador imputado en la causa.

El entramado investigado alcanzaba un patrimonio que ya estaba bajo medidas judiciales. Entre los bienes señalados aparecen las estancias agropecuarias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, identificadas para su decomiso en el marco de la causa Vialidad. También figuran inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, algunos destinados a alquileres comerciales y actividades médicas.

La Fiscalía sostiene que la organización no necesitó crear nuevas sociedades para introducir dinero ilícito en el circuito económico, sino que habría utilizado un patrimonio preexistente, alcanzado por embargos, depósitos judiciales y órdenes firmes de decomiso. Entre las empresas mencionadas aparecen Austral Agro S.A. y Kank y Costilla S.A., además de operaciones vinculadas con vehículos y presuntas ventas clandestinas de galpones.

De acuerdo con la acusación, el flujo financiero consolidado atribuido al entorno de Báez alcanzó aproximadamente los $390.880.000 en ocho meses.

Una investigación que conecta lavado de activos y narcotráfico

La causa también expone vínculos entre los movimientos patrimoniales y una presunta estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes. El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en dos expedientes conexos, uno por narcotráfico y otro por lavado de activos.

En el capítulo relacionado con drogas, la Fiscalía atribuyó a distintos integrantes de la organización la comercialización de cocaína y cannabis. Entre los hechos documentados figura la presunta venta de 66,43 gramos de cocaína, encontrados durante un allanamiento realizado el 22 de diciembre de 2025; otros 439,88 gramos, detectados el 9 de abril de 2026, y un procedimiento del 10 de noviembre en el que se secuestraron 1.305 gramos de cannabis y 725 gramos de cocaína, que los investigadores consideran destinados a la venta.

En paralelo, el capítulo económico analiza adquisiciones de vehículos y transferencias que, según la hipótesis fiscal, no tendrían justificación en actividades lícitas. A Ibáñez se le atribuye, entre otras operaciones, la compra de una Volkswagen Amarok por $65 millones y una Ford F150 por $5 millones. También se investigan movimientos de dinero vinculados con otros imputados, entre ellos transferencias a personas relacionadas con una causa en la que se secuestraron 36 kilos de cocaína.

Las billeteras virtuales también forman parte de las pruebas. La Fiscalía detectó movimientos millonarios sin respaldo económico suficiente en cuentas de Paula Bórquez, Juan Pablo Bórquez y otros investigados. A Valentina Devetac, por ejemplo, se le atribuye haber recibido $9.670.000 de Ibáñez a través de su cuenta de Mercado Pago entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

Claudia Insaurralde, pareja de Báez desde hace siete años, también quedó bajo investigación por su presunta participación en la administración de bienes y movimientos económicos. Fue detenida junto a otras dos personas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando arribó desde Río Gallegos. Los investigadores sospechan que intentaban abandonar el país.

Ante la magnitud de las operaciones, el juez dispuso ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio investigado. Las resoluciones incluyen secuestros e inhibiciones de bienes, congelamiento de activos financieros, afectación de cánones locativos y nuevos pedidos de información societaria. También se ordenaron allanamientos en establecimientos rurales para relevar y contabilizar el ganado.

Las calificaciones legales provisorias comprenden lavado de activos, asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas.

Las escuchas y los documentos secuestrados constituyen una parte central de la investigación: para los fiscales, permiten reconstruir cómo una estructura empresarial y patrimonial que ya estaba bajo control judicial habría seguido operando mientras su principal referente cumplía una condena en prisión.