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La mañana de este jueves comenzó con un importante movimiento en la sede de la Justicia Federal de Río Gallegos. Desde temprano, personas detenidas en el marco de una investigación de gran magnitud por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos comenzaron a ingresar al edificio para participar de las audiencias en las que la Fiscalía formalizó los cargos que les atribuye.
El expediente, que tiene como uno de sus nombres centrales al empresario Lázaro Báez, representa el resultado de meses de investigación y de una serie de procedimientos que, desde el lunes 9 de noviembre, sacudieron distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires.
La jornada judicial se extendió desde las primeras horas de la mañana hasta pasadas las 16.30. Durante ese período se desarrollaron dos audiencias por separado, una vinculada con la presunta organización dedicada al narcotráfico y otra relacionada con posibles maniobras de lavado de activos.
En total, son doce las personas involucradas en el marco de las investigaciones: nueve en Santa Cruz y tres en Buenos Aires. Entre los involucrados se encuentran Báez y Claudia Insaurralde, quienes participaron mediante videoconferencia desde los lugares donde permanecen detenidos o a disposición de la Justicia.
Minutos antes de las 9.30, cinco personas, entre ellas una mujer, ingresaron esposadas a la sede judicial de Río Gallegos para participar de la primera instancia. La presencia de los detenidos marcó el inicio de una jornada que tuvo como objetivo central comunicar formalmente las acusaciones, exponer los elementos reunidos durante la investigación y determinar el grado de participación que la Fiscalía atribuye a cada uno.
La mujer que también quedó alcanzada por la investigación había sido detenida el lunes en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando arribó a Buenos Aires en un vuelo procedente de Río Gallegos. Su aprehensión formó parte de los procedimientos desplegados en distintos puntos del país.
Dos investigaciones
Detrás de las audiencias de este jueves existen dos expedientes que, aunque tienen objetos de investigación diferentes, se encuentran relacionados por las hipótesis que busca comprobar la Justicia Federal.
Según pudo saber La Opinión Austral, la primera investigación comenzó hace aproximadamente once meses y está orientada a determinar la existencia de una presunta organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes. La segunda, iniciada hace alrededor de dos meses, profundiza sobre posibles maniobras de lavado de activos y administración de bienes que podrían tener un origen ilícito.
La conexión entre ambas pesquisas constituye uno de los aspectos más relevantes del expediente. Mientras una parte de la investigación intenta establecer cómo habría funcionado el circuito de traslado y distribución de drogas, la otra busca determinar si existió una estructura organizada para administrar, explotar y poner en circulación bienes vinculados con Lázaro Báez.
En las audiencias, el fiscal federal Julio Zárate expuso ante el juez de garantías Claudio Vázquez los hechos que atribuye a cada uno de los investigados, la calificación legal provisoria, el grado de participación que considera que tuvo cada persona y los elementos que sostienen las acusaciones.
Camiones, cocaína y un lavadero
Uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores está relacionado con el presunto uso de camiones pertenecientes a una empresa transportista para trasladar cocaína.
Según la información incorporada al expediente, la hipótesis fiscal apunta a que una estructura habría utilizado esos vehículos para movilizar estupefacientes, al menos desde diciembre de 2025.
La sospecha sobre el funcionamiento de una logística de transporte constituye uno de los ejes de la investigación por narcotráfico. Los investigadores buscan establecer cómo se habría organizado el movimiento de la droga, quiénes habrían intervenido en las distintas etapas y cuál habría sido el destino de las sustancias transportadas.
En paralelo, otro de los lugares que quedó bajo la lupa es un lavadero de autos ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, que habría funcionado como un posible punto de distribución.
La presunta utilización de un establecimiento comercial como parte de una estructura de distribución es una de las líneas que la Fiscalía deberá respaldar con los elementos reunidos durante los procedimientos y las medidas de investigación. Por el momento, se trata de hipótesis que forman parte del expediente y cuya veracidad deberá ser determinada durante el proceso judicial.
El patrimonio de Lázaro Báez
El segundo expediente tiene un componente económico y patrimonial que amplía el alcance de la investigación. La Fiscalía intenta establecer si existió una organización destinada a administrar, explotar y poner en circulación bienes vinculados con Lázaro Báez que podrían haber quedado alcanzados por las consecuencias patrimoniales de las condenas judiciales que pesan sobre el empresario.
La pesquisa busca determinar quiénes habrían intervenido en la administración de esos bienes, qué mecanismos se habrían utilizado y si existieron operaciones destinadas a ocultar, transferir o disponer de activos que debían permanecer sujetos a las decisiones de la Justicia. La investigación adquiere especial relevancia por la situación judicial del empresario, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
En ese contexto, la Fiscalía busca reconstruir posibles movimientos patrimoniales y establecer si determinadas personas habrían participado en una estructura destinada a gestionar bienes relacionados con Báez.
Veintisiete allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires
Las audiencias de formalización llegaron después de un despliegue operativo de importantes dimensiones que comenzó el lunes 9 de noviembre.
Tal como lo informó La Opinión Austral, por orden del juez federal de garantías Claudio Vázquez, y a partir de los requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), se realizaron 27 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires.
Los procedimientos incluyeron domicilios particulares, propiedades vinculadas al empresario, establecimientos rurales, locales comerciales, inmobiliarias y el lavadero de autos ubicado sobre la calle Spilimbergo.
Los operativos se extendieron por Río Gallegos, El Calafate y distintos establecimientos rurales de la provincia, además de domicilios y otros puntos de interés en territorio bonaerense.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en el Servicio Penitenciario Federal, específicamente en el establecimiento de Ezeiza donde permanece detenido Lázaro Báez. La intervención en ese ámbito se inscribió dentro de las medidas ordenadas por la Justicia para avanzar en la investigación patrimonial.
Doce involucrados directos
Al finalizar la jornada de este jueves, pasadas las 16.30, concluyeron las audiencias correspondientes a las dos investigaciones. El balance procesal dejó a doce personas formalizadas, nueve en Santa Cruz y tres en Buenos Aires.
Según pudo saber La Opinión Austral, existen otros involucrados que se encuentran sujetos a distintas restricciones, entre ellas arrestos domiciliarios e impedimentos para salir del país.
La situación procesal de cada uno de los involucrados deberá analizarse de manera individual, de acuerdo con los elementos que la Fiscalía haya podido reunir y el grado de participación que atribuya a cada persona. Por tratarse de una investigación que continúa bajo reserva, no se conocen públicamente todos los detalles de la evidencia incorporada ni la totalidad de las personas alcanzadas por las medidas judiciales.
Tampoco se descarta que puedan producirse nuevos procedimientos a medida que avance el análisis de la documentación, los elementos secuestrados y la información obtenida durante los allanamientos.
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