La trama secreta de “El Clan” de Lázaro Báez y la caída del imperio por narcolavado

En la inmensidad de la estepa santacruceña, donde las rutas parecen interminables y el viento suele borrar las huellas, los rastros del poder de Lázaro Antonio Báez se resistían a desaparecer. Cuando todo indicaba que el otrora hombre fuerte de la obra pública patagónica había quedado relegado a la soledad de una celda en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para cumplir su condena unificada de 15 años, un sismo judicial sacudió los cimientos de Río Gallegos hace casi una semana. La Justicia Federal acababa de descorrer el velo de una presunta asociación ilícita que demuestra que, pese a las rejas y las inhabilitaciones legales, el empresario nunca soltó las riendas de su imperio.

La historia, que tiene ribetes cinematográficos, se tramita bajo el expediente 169831/26 en el Juzgado Federal de Garantías de la capital provincial, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez.

Lo que comenzó hace casi un año como una pesquisa discreta sobre camiones que transportaban cocaína hacia el sur, derivó en una megacausa por narcolavado que hoy tiene en vilo al país. Al frente de la investigación, la Unidad Fiscal Río Gallegos -comandada por el fiscal federal Julio Zárate– junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el fiscal Diego Velasco, descubrieron que los referentes de esa banda narco no solo movían dinero de la droga, sino que también administraban estancias, inmuebles y cuentas pertenecientes al patrimonio embargado de Lázaro Báez.

La trama se divide en dos legajos conexos pero bien diferenciados. Por un lado, la causa patrimonial que los propios investigadores -y el empresario en sus apuntes- bautizaron como “El Clan“. Por el otro, un expediente puro y duro sobre narcotráfico y reciclaje de divisas mediante billeteras virtuales.

El denominador común entre ambos mundos tiene nombres propios: cuatro personas que actúan como bisagra operativa, lideradas por Cristian Sebastián Ibáñez, más conocido en los pasillos y en las escuchas como “Budín“. Es importante precisar la frontera jurídica del caso: ni Lázaro Báez ni su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, están imputados en la pata de estupefacientes. Lo de ellos, según la hipótesis fiscal, era otra cosa: sustraer del control del Estado bienes que la Justicia ya había ordenado decomisar.

Para entender la magnitud del desafío a la autoridad judicial hay que recordar que en junio de 2025, tras quedar firme el fallo de la Ruta del Dinero K, el Tribunal Oral Federal N° 4 le revocó el arresto domiciliario a Báez y lo mandó a cárcel común. Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, esa condena de cumplimiento efectivo activó automáticamente el artículo 12 del Código Penal argentino, que prohíbe taxativamente a los presos administrar o disponer de sus bienes. Sin embargo, para el hombre que supo construir una fortuna monumental en el sur, las leyes parecen haber sido una simple formalidad.

“El dueño de la historia acá soy yo y, si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá“, bramó Báez en una de las escuchas telefónicas más impactantes que salieron a la luz en las audiencias públicas de esta semana. Las conversaciones, obtenidas tanto de un teléfono celular ilícito dentro del penal como de las líneas públicas de Ezeiza, revelaron un entramado de obediencia ciega y tensiones internas por el control de la caja. En los audios, sus interlocutores preguntan directamente por “Lázaro” o lo tratan respetuosamente de “Tío”. Allí se refleja la disputa territorial entre “La Tía” -como el empresario llama a su mujer, Claudia Insaurralde- y su operador de confianza, “Budín” Ibáñez.

Las directivas eran precisas, casi de patrón de estancia. “Decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”, ordenó Báez sobre el manejo de uno de los campos bajo la lupa judicial. En otra comunicación, dejó en claro su desconfianza hacia los manejos de su pareja: “La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”.

Cuando Ibáñez le confesó en secreto que un colaborador le había comentado que “la señora me está pidiendo 50 y que después me va a hacer entrar a la Alquinta“, pidiéndole reserva (“no le digas nada todavía, yo te voy a mantener al tanto Tío, no te hagas drama”), la respuesta del preso de Ezeiza fue lapidaria: “No, no me estas entendiendo, porque lo va a hacer, y sino yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos”.

La reconstrucción del expediente muestra también cómo Báez negociaba cuentas pendientes y manejaba flujos de dinero en las sombras. “Bueno pero que te lo dé a cuenta eso de Gregores”, instruía. “Si si, en Gregores yo tengo unas cosas guardadas que son mías“, respondía su operador, antes de que el Tío le pusiera número al asunto: “¿Y qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”. La contestación fue igual de vaga que elocuente: “Si si, 40 o 50 ponele, eso y otras cosas mas que tengo, ponele eehh… entendes, como para dejar saldado”.

La cronología del derrumbe de esta estructura paralela tuvo el ritmo vertiginoso de una semana inolvidable en Santa Cruz. Tal como lo informó La Opinión Austral en su cobertura especial durante la última semana, todo estalló el lunes 9 de noviembre de 2026 en el ámbito aeroportuario de Buenos Aires.

Una alerta de Aerolíneas Argentinas por un equipaje excesivamente voluminoso puso en la mira a un trío que acababa de aterrizar desde Río Gallegos: Claudia Insaurralde, Cristian Ibáñez y su pareja, Valentina Devetac. Cuando las fuerzas de seguridad abrieron las valijas, hallaron un verdadero tesoro para la causa: el pasaporte de Lázaro Báez, dinero en divisas extranjeras, varios teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, un disco rígido externo, tarjetas de débito con sus claves anotadas y carpetas con rendiciones de cuentas y listados de proveedores.

A partir de allí, la maquinaria judicial se puso en marcha con fuerza. El martes 10, por orden del juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez, se ejecutaron 27 allanamientos simultáneos entre Santa Cruz y Buenos Aires.

Los agentes desembarcaron en domicilios vinculados a la histórica firma Kank y Costilla S.A. y en propiedades de Río Gallegos. En la vivienda de Pedro Nahuel Leal, en la calle Madame Curie, la policía secuestró 725 gramos de cocaína, más de un kilo de cannabis y balanzas de precisión. Mientras tanto, en Ezeiza, una requisa en la celda de Báez arrojó otra prueba clave: una hoja escrita de puño y letra bajo el título “EL CLAN“, que contenía la nómina exacta de los integrantes de la banda -incluyendo al estanciero Oscar Raúl Núñez, ya condenado por una megacausa de abigeato en la provincia-, junto a contratos de arrendamiento y listas de deudores.

Para el jueves 12 de noviembre se concretaron las audiencias de formalización, con el juez imputando formalmente a 16 personas de ambos expedientes. La estructura patrimonial, cuyo flujo de fondos consolidado se calculó en $390.880.000 en apenas ocho meses, dejó en evidencia una ingeniería que no necesitó crear sociedades fantasma; simplemente reutilizó el andamiaje empresarial y los bienes ya embargados.

La Fiscalía identificó roles claros: la conducción ejecutiva (Insaurralde e Ibáñez), el soporte logístico (los hermanos Fausto y Valentina Devetac), el canal agropecuario para justificar movimientos con ovejas (Paula Beatriz Godfrid y Mauro Trevisan Godfrid), la custodia documental en manos del contador Diego Navarro -en cuya casa hallaron cajas de seguridad empotradas con papeles de Austral Agro S.A. y armas de Báez-, y operadores financieros como Jorge Manuel Ulloa y Jorge Agüero.

La otra cara de la moneda, el expediente narco, demostró cómo el lubricentro Esperanza Trucks funcionaba como aguantadero y centro de operaciones. De acuerdo con la acusación, Juan Pablo Bórquez, Paula Makarena Bórquez, Pedro Leal y los nexos del Clan movían cientos de millones sin respaldo en billeteras virtuales para lavar el dinero de la cocaína. ¿El destino de esos fondos? La compra de una imponente flota de vehículos de alta gama —desde Toyota SW4 y VW Amarok hasta una Dodge RAM y un BMW— que terminaban inscriptos a nombre de terceros.

Al cierre de esta semana intensa, el sábado 14 de noviembre trajo novedades contundentes: cinco imputados ingresaron a la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos, se encontraron tres camiones abandonados en campos cerca de la Ruta 53 y otros dos detenidos cayeron en allanamientos nocturnos con más droga y otro BMW secuestrado.

En total, nueve de los 16 acusados quedaron con prisión preventiva por 180 días, una mujer recibió arresto domiciliario y otros seis gozan de libertad con estrictas reglas de conducta.

El contrapunto procesal más fuerte de las audiencias giró en torno al pedido del fiscal Zárate para alojar a Lázaro Báez y a Claudia Insaurralde en el régimen penitenciario de alto riesgo.

El juez Vázquez rechazó el pedido al considerarlo prematuro, tras los planteos de la defensa del empresario, que lo tildó de medida “excesiva y desproporcionada”, mientras que los defensores locales advertían: “Todavía no hemos accedido a las actuaciones”, según expresó el abogado Gabriel Giordano en declaraciones a La Opinión Austral el día de la audiencia. Por su parte, el fiscal aclaró en diálogo con la prensa que todas las pruebas exhibidas formaron parte de audiencias públicas y recordó que el delito de asociación ilícita tiene penas graves que no admiten condena en suspenso.

Mientras la causa fue declarada compleja -otorgando un plazo de dos años para la investigación y 30 días para inventariar todos los bienes secuestrados-, el golpe definitivo al patrimonio del empresario llegó por vía paralela: la Justicia Federal ordenó avanzar de inmediato con la liquidación de Austral Agro S.A., convocando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para tomar el control y subastar cinco estancias y más de mil ovejas. El objetivo es claro: empezar a saldar las multas multimillonarias impuestas en la Ruta del Dinero K.

Con los teléfonos intervenidos, el patrimonio en vías de remate y los nexos con el narcotráfico al desnudo, la historia del hombre que se creía dueño de todo parece enfrentar finalmente su capítulo más oscuro y definitivo.