Prisión preventiva para la mujer acusada de secuestrar y torturar a su expareja en Río Gallegos

La Justicia de Santa Cruz dispuso la prisión preventiva de la mujer acusada de mantener cautiva y someter a graves agresiones físicas y psicológicas a Yamina, una joven de 23 años que logró escapar después de un prolongado período de violencia, según su denuncia. La decisión fue adoptada por la jueza Yamila Bórquez, a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2, luego de procesar a la imputada por privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial. La causa conmocionó a Río Gallegos por la brutalidad de los hechos denunciados y por el relato de la víctima, que describió un escenario de aislamiento, intimidaciones y lesiones.

El caso, que salió a la luz a comienzos de octubre de 2026 y que fue seguido por La Opinión Austral desde un primer momento, volvió a poner en el centro de la discusión la violencia ejercida dentro de las relaciones de pareja, las dificultades que pueden atravesar las víctimas para pedir ayuda y la importancia de que las medidas judiciales de protección sean efectivas. La joven había permanecido sometida a un régimen de control y agresiones que le impedía comunicarse libremente con sus familiares y abandonar la situación.

La resolución judicial representa un avance en el expediente, aunque la responsabilidad penal definitiva de la acusada deberá establecerse mediante el proceso correspondiente. Según la información aportada sobre la causa, si en un eventual juicio se acreditaran los delitos y las circunstancias agravantes contempladas por la Justicia, la pena podría alcanzar los nueve años de prisión.

El caso

La investigación reconstruye una relación que, de acuerdo con el testimonio de Yamina y las declaraciones de sus allegados a La Opinión Austra, habría pasado de los conflictos de pareja a un escenario de violencia sistemática, aislamiento y amenazas.

En declaraciones a este diario, la joven relató que las agresiones se intensificaron con el correr del tiempo. Según su testimonio, el control sobre sus actividades cotidianas y sus vínculos personales se convirtió en una herramienta para limitar su autonomía y dificultar cualquier intento de pedir ayuda.

La víctima denunció que sufrió golpes, amenazas y distintas formas de violencia física. Entre los episodios más graves que describió se encuentran las quemaduras que, según afirmó, le habría provocado su expareja con una plancha y que le ocasionaron lesiones de segundo grado, tal como lo indicó a La Opinión Austral, cuando abrió las puertas de su casa en una entrevista exclusiva.

También sostuvo que habría sido atada con alambres y golpeada con un martillo. A esos ataques se sumarían intimidaciones con un destornillador y amenazas dirigidas tanto contra ella como contra integrantes de su familia.

Romero le había quitado el teléfono celular y limitado el acceso a sus redes sociales y otras vías de comunicación. De acuerdo con los familiares de Yamina, la acusada también habría enviado mensajes haciéndose pasar por ella para transmitir que se encontraba bien y desalentar los intentos de contacto.

Ese mecanismo, siempre según la denuncia, habría profundizado la distancia entre la joven y su entorno afectivo, al tiempo que dificultaba que sus allegados pudieran conocer su situación real.

Las amenazas también habrían tenido un papel determinante. Yamina contó que temía que su expareja tomara represalias contra sus hermanos menores si intentaba escapar o buscar ayuda. Ese miedo, según su testimonio, fue uno de los factores que la mantuvieron sometida durante parte del período investigado.

Yamina relató que, durante un nuevo episodio de violencia mientras se desplazaba en un auto, encontró una oportunidad para escapar. La joven consiguió bajarse del vehículo y correr por la calle, descalza y sin abrigo, hasta llegar a una zona próxima al natatorio municipal de Río Gallegos.

Allí recibió ayuda de una familia que se encontraba en las inmediaciones. Sus integrantes la resguardaron y dieron aviso a la Policía, una intervención que resultó decisiva para poner en marcha las actuaciones posteriores.
La víctima también pidió que se contactara a su padre. Luego fue trasladada para recibir atención médica por las lesiones que presentaba.

La intervención de los vecinos tuvo un papel fundamental en ese momento. Frente a una joven que pedía ayuda en condiciones de evidente vulnerabilidad, la familia que la encontró decidió asistirla y alertar a las autoridades.

Tras la denuncia, la División Comisaría de la Mujer y la Familia tomó intervención y se puso en marcha una investigación bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos.

Los efectivos de la División de Investigaciones realizaron tareas para localizar el lugar donde habrían ocurrido las agresiones. Las averiguaciones condujeron a una vivienda de la calle Tres Lagos, donde se concretó un allanamiento y se localizó a la joven, de acuerdo con la reconstrucción publicada por medios santacruceños.

Qué significa el procesamiento con prisión preventiva

La decisión de la jueza Yamila Bórquez marca una nueva etapa en la causa. De acuerdo con la información aportada, la magistrada procesó a la imputada por privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial, y dispuso que permanezca detenida bajo prisión preventiva, en las instalaciones de la Escuela de Policía, en las afueras de Río Gallegos.

El procesamiento supone que, durante esta etapa de la investigación, el juzgado considera que existen elementos suficientes para sostener provisionalmente la imputación penal en los términos de la resolución. No equivale, sin embargo, a una condena definitiva.

La prisión preventiva, por su parte, es una medida cautelar que restringe la libertad durante el proceso cuando se reúnen los requisitos legales correspondientes. Su finalidad no es anticipar una pena, sino asegurar que el procedimiento pueda desarrollarse conforme a las disposiciones judiciales.

La situación procesal de Romero deberá continuar su curso con las garantías previstas por la ley, mientras la Justicia evalúa las pruebas y determina los pasos siguientes.

En cuanto a la eventual pena, la información proporcionada sobre el expediente señala que podría alcanzar los nueve años de prisión si en un juicio se acreditaran los delitos imputados y se mantuvieran las circunstancias agravantes consideradas. La sanción concreta dependerá de la calificación legal definitiva, de los hechos que se tengan por probados y de la decisión que adopte el tribunal competente.