Quiénes son los cuatro detenidos por el brutal ataque en Puerto Deseado y qué les encontraron

La violencia sindical volvió a golpear con crudeza en Santa Cruz. El contratista Fabio Dante Cattani, de 56 años, permanece en estado crítico tras ser salvajemente agredido por una patota vinculada a la UOCRA en Puerto Deseado. En las últimas horas, el juez Gabriel Contreras, de Caleta Olivia, ordenó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de cuatro sospechosos, uno de ellos hermano de una magistrada local que se había excusado de intervenir en la causa. El caso, que ya conmociona a la comunidad, expone con dramatismo la violencia desatada en el marco de disputas sindicales y deja en el centro de la escena a una víctima que lucha por su vida.

Las capturas se produjeron gracias a las declaraciones de testigos, incluidos agentes policiales que presenciaron el ataque y reconocieron a varios de los agresores. Los detenidos son Carlos Tapia, Oscar Aranda, conocido como “Cachumba“, un hombre apodado “Neri” y Fabián Hernández, señalado por varios como uno de los principales atacantes y familiar directo de una jueza de la ciudad. Durante los procedimientos, se secuestraron celulares y prendas de vestir utilizadas el día del hecho. Según trascendió, Tapia admitió haber estado en el lugar, aunque apuntó a Hernández como responsable del golpe más brutal que dejó al contratista al borde de la muerte.

El ataque ocurrió el pasado 11 de agosto, en el marco de una obra del Sindicato de Judiciales en la calle Ramos Mejía. Según la denuncia, un grupo de entre 30 y 40 personas llegó en camionetas y autos, bajó de los vehículos y, tras una orden directa de uno de los cabecillas -“A Cattani hay que matarlo“-, se abalanzó sobre la víctima. Lo golpearon con patadas y puños hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Testigos aseguraron que la agresión continuó incluso cuando Cattani ya estaba inmóvil, y que además le sustrajeron una pistola 9 milímetros registrada a su nombre y su teléfono celular.

El contratista fue trasladado de urgencia al hospital local, donde inicialmente fue dado de alta. Sin embargo, horas más tarde volvió descompensado y una tomografía reveló la gravedad de sus lesiones: rotura de bazo, fracturas costales múltiples, daño pulmonar y un cuadro de shock hipovolémico que obligó a una cirugía de urgencia. Durante la intervención recibió cinco litros de sangre y, pese a la operación, debió ser inducido a coma. Actualmente continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Caleta Olivia con asistencia mecánica respiratoria y un pronóstico reservado. Los médicos confirmaron que perdió un testículo, parte de la función pulmonar y que las secuelas permanentes aún no pueden dimensionarse.

El comunicado y el repudio

La UOCRA, en un comunicado emitido este jueves, repudió lo ocurrido y se despegó de los hechos. La organización calificó la agresión como “reñida con el legítimo ejercicio de la función sindical” y “atentatoria de la paz social”. En el texto, remarcaron que se encuentran “a entera disposición para el esclarecimiento” y sostuvieron que su compromiso es con “la ley y el diálogo como única vía para la resolución de los conflictos”. El mensaje cerró con una frase histórica en la tradición peronista y sindical: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada“.

Lo ocurrido en Puerto Deseado no es un hecho aislado. En los últimos años, distintos episodios de violencia ligados a disputas internas de la UOCRA y otros gremios de la construcción se repitieron en varias provincias. Los métodos de “apriete” contra empresarios o contratistas se convierten muchas veces en una práctica temida por quienes trabajan en la obra pública y privada, especialmente en localidades del interior donde las diferencias se resuelven a los golpes antes que en una mesa de negociación.

Fuerte repercusión

La Opinión Austral pudo saber que después que este medio le diera difusión al duro reclamo y pedido del diputado Santiago Aberastain (Por Santa Cruz) la causa comenzó a moverse. “La Justicia no hace nada, la causa no avanza“, había dicho el legislador. Este medio confirmó –además- que un secretario penal del Tribunal Superior de Justicia se abocó de inmediato al tema. Fuentes de la investigación reconocieron que el hecho que fue anticipado en laopinionaustral.com.ar y luego fue tapa de nuestro diario, en la edición del jueves 21 de agosto, “sirvió para llamar la atención y enterarnos de la gravedad del tema, ya que por nuestro procedimiento habitual hubiera sido muy tarde”.

A raíz de esto, designaron al juez Gabriel Contreras, de Caleta Olivia, que es juez de instrucción y tiene más experiencia en este tipo de situaciones violentas. A última hora, desde el Ministerio de Seguridad dijo que tras una investigación llevada adelante por la DDI, se logró dar con el paradero de un grupo de individuos vinculados a la violenta agresión a una persona que trabajaba en una obra en construcción, el pasado 11 de agosto.

Versión policial

Una vez concretadas las detenciones de los sospechosos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz emitió un comunicado. Es que, tras los reveses que hubo en los primeros días de la investigaciones, tal como lo informó La Opinión Austral, el secretario penal Sergio Poisson fue quien estuvo a cargo de las testimoniales a los policías que estuvieron aquel fatídico día.

En el parte, al que tuvo acceso este diario, desde la cartera de Seguridad no tardaron en calificar al hecho como “brutal” se indicó que, además, se secuestraron municiones de arma de fuego, armas blancas y hasta una réplica de una pistola.

Las tareas fueron supervisadas por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, junto al comisario mayor Pablo Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.

¿Autor intelectual?

Entre los detenidos no se encuentra Franco Moreyra, un hombre que había sido calificado por la familia de la víctima como una persona peligrosa y que podría estar involucrada en el caso (Ver recuadro). De igual manera, tal como se dijo más arriba, uno de los sospechosos señaló al familiar de la jueza local como la el auto material del hecho

¿Quién es la víctima?: Una vida marcada por dos hechos lamentables y un miedo latente

Lamentablemente, no es la primera vez que el apellido Cattani aparece en las páginas del área de Policiales de La Opinión Austral. Desde hace cinco años, aproximadamente, la familia ha tenido que atravesar un largo proceso judicial por otro caso.

Tal como lo informó este diario, se trató del caso de Millaray Cattani, hija de Fabio que en medio de la pandemia, tomó la drástica decisión de quitarse la vida, luego de dos años en los que no pudo tener las herramientas para seguir, tras haber sido víctima de un hecho de abuso.

La causa de “Milla” fue nacional. Es que, éste año, luego de un largo proceso, la causa por su violación llegó a juicio y la Justicia decidió darle una dura condena a su abusador, un ahora ex integrante del Ejército Argentino que había llegado al debate de valoración de pruebas en libertad y que actualmente se encuentra cumpliendo una pena de 13 años de prisión.

Con esa herida en el corazón, Dante y toda la familia seguían con su vida hasta este 11 de agosto cuando un nuevo hecho conmocionó a la familia. Además, por estas horas, el resto del círculo íntimo denunció que temían por su vida.

El la entrevista brindada a La Opinión Austral, el día jueves desde el centro de salud, Sonia expresó su profundo temor por la seguridad de su familia y la del propio Fabio. Responsabilizó directamente a Franco Moreyra en caso de que algo les suceda, afirmando que su cuñada ya ha sido amenazada. “Quiero agregar que si nos llega a pasar algo, el responsable es Moreyra, nosotros estamos siendo amenazados y tenemos miedo”, dijo.

Las declaraciones de Sonia reflejaron el temor y la incertidumbre que embargan a la familia Cattani, quienes exigen justicia y garantías de seguridad ante las amenazas recibidas. La agresión sufrida por Fabio Cattani a manos de afiliados al gremio de la construcción generó una conmoción en la comunidad, además del antecedente del caso de Millaray.