Abogada Elba Soria: “Lo único que nos podía garantizar la defensa de los docentes era la ley Facu”

Luego de la sanción de la “Ley Facu” en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, la abogada que impulsó la contención a docentes investigados destacó el alcance de la norma. El texto garantiza asistencia legal y psicológica, mantiene los salarios durante los procesos administrativos y crea la figura del acompañante socioafectivo.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó la denominada “Ley Facu”, una iniciativa presentada por la legisladora Adriana Nieto que busca amparar a los profesionales de la educación que atraviesen investigaciones sumarias o sumarios administrativos.

La normativa dispone la creación de la figura del acompañante como vínculo socioafectivo durante las notificaciones, otorga asistencia jurídica y terapéutica, y garantiza que la percepción del haber salarial no se vea afectada durante el proceso.

En entrevista con el móvil de LU12 AM 680, la abogada Elba Soria precisó el alcance de la norma y el trabajo previo realizado.

Soria aclaró su rol al señalar: “Yo estoy representando en la actualidad a muchos profesores y docentes de la provincia de Santa Cruz que están atravesando falsas denuncias o algún sumario administrativo”.

Asimismo, explicó que su intervención no fue como representante de la mamá de Facu, sino que, tras el hecho original, se comenzó a estructurar un proyecto para “acompañar y amparar a los docentes en un sentido amplio, no solamente en el tema emocional, sino también en el jurídico”.

La profesional remarcó la trascendencia de plasmar estas garantías en un texto normativo de alcance provincial.

“Los gobiernos pasan, a veces al poder se lo pierde, pero lo único que nos podía garantizar a nosotros en la defensa de los docentes era una ley”, afirmó Soria.

A su vez, relató el ejercicio directo de esa protección en el ámbito cotidiano: “Yo lo vivo en forma cotidiana acompañando a docentes a notificarse de situaciones, como así lo dice la ley, sin que la ley haya estado aprobada, y también defendiendo desde el punto de vista jurídico sus derechos”.

Construcción colectiva

Respecto al origen de este tipo de legislaciones, la letrada las vinculó directamente con la necesidad de respuesta ante situaciones dramáticas.

“Nacen del dolor desgarrador de una familia que padece una situación injusta, desgraciada”, sostuvo, reconociendo el aporte de diversos sectores de la comunidad educativa: “Muchísima gente ha colaborado en esto; un docente me hablaba de los granitos de arena”.

El proceso de elaboración técnica requirió un trabajo minucioso para no colisionar con el marco normativo vigente.

Según detalló Soria, “educación tiene un estatuto que tiene mucha normativa que la abraza, un estatuto nacional del docente y muchas resoluciones; entonces hay que meterse, eran como hendijas que, el que no la transita, no las puede encontrar, porque si no chocaría con las otras normas”.

En ese sentido, recordó que desde el año 2020 se mantuvieron reuniones para identificar los puntos débiles del sistema administrativo.

Un componente central fue la identificación de la contención emocional y la eliminación de la indefensión como eje del proyecto.

La abogada destacó la labor del profesor Teira, de Luis Piedrabuena, quien realizó relevamientos empíricos sobre los efectos de los procesos administrativos y las falsas acusaciones: “Él trabajó a través de cada uno que entrevistaba que decía tener una falsa acusación o un sumario. Sabíamos que no podía no ser el desamparo la columna vertebral de lo que esta ley debía llevar”.

A partir de esta premisa, la norma quedó estructurada sobre dos pilares.

El primero otorga el derecho inmediato al acompañamiento en el momento inicial del procedimiento.

“Te llaman y te dicen: ‘Andá a notificarte de algo’. Bueno, ‘Pare, señor, stop. Acá alguien me va a acompañar, alguien va a entrar conmigo a ese lugar’. Ese es el primer punto”, graficó Soria sobre la aplicación práctica del dispositivo.

Por otra parte, consultada sobre el debate nacional en torno a la ley de falsas denuncias impulsada por la senadora Carolina Losada, Soria fijó su posición personal y la vinculó con la estrategia utilizada en Santa Cruz.

“Hasta que los legisladores decidan, la sociedad debe colaborar y las personas que llevan adelante promoviendo esa propuesta deben trabajar socialmente para dejarla instalada”, manifestó.

Para finalizar, la letrada ponderó la concientización ciudadana previa a la sanción legislativa como un paso indispensable para consolidar el espíritu de una norma: “La ‘Ley Facu’ estaba en la boca de casi toda la sociedad porque hubo un trabajo previo muy fuerte de instalar eso. Hasta que el grupo de legisladores realmente tenga el conocimiento pleno de lo que se busca, la sociedad ya debe ir un paso adelante y saber de qué se trata”.