Un tenso episodio se registró en pleno centro de Río Gallegos cuando un grupo de vecinos autoconvocados realizaba una junta de firmas para exigir el cierre y traslado del vaciadero municipal. La situación escaló cuando uno de los socios propietarios de la empresa concesionaria de la planta de reciclaje “Nueva Santa Cruz” confrontó en vivo a uno de los impulsores del reclamo.
El hecho ocurrió en la intersección de Kirchner y San Martín, donde Alejandro Pereyra encabezaba la recolección de adhesiones junto con otros vecinos que viven cerca del basural y la costanera del estuario. En ese contexto, el vecino sostuvo que el objetivo es “el cierre definitivo del vaciadero y su traslado a Punta Loyola”, en línea con proyectos que, según afirmó, existen desde 2015.
Pereyra, que inició sus reclamos para que trasladen el basural durante el verano, cuando la propagación de moscas en Río Gallegos llegó a uno de sus puntos más álgidos, denunció que la planta de tratamiento “no funciona con normalidad” y aseguró que cuenta con registros audiovisuales que respaldan sus dichos. “Una vez al día sale un camión hacia la disposición final, pero la planta está parada”, afirmó.
En ese momento, Leonardo Artieda, dueño de Nueva Santa Cruz, la empresa que tiene la concesión de la planta de separación de residuos que funciona dentro del predio del vaciadero, intervino y desmintió las acusaciones, lo que derivó en un intercambio cargado de tensión frente a la cámara de La Opinión Austral. “Te invito a que la vengan a ver”, respondió, mientras los vecinos insistían en que “la realidad la sufren quienes viven cerca del basural”.
Reclamo vecinal: contaminación, plagas y problemas de salud
El conflicto no se limita al cruce verbal. Los vecinos denuncian desde hace tiempo un escenario crítico en torno al vaciadero a cielo abierto, con impactos directos en la salud y el ambiente.
Durante la cobertura, una mujer que reside en las inmediaciones del predio describió la situación: “Vivimos entre moscas, ratas y el desagüe cloacal. Es un basural”. Además, vinculó su estado de salud con el contexto ambiental y cuestionó la falta de respuestas oficiales.
Los barrios cercanos —como Juan Pablo II, Madres a la Lucha, Gaucho Rivero y 240 Viviendas— se encuentran a escasa distancia del predio, lo que agrava la preocupación. Los vecinos sostienen que la acumulación de residuos sin tratamiento y la quema a cielo abierto generan un foco permanente de contaminación.
También advierten que la planta de tratamiento funciona de manera irregular, lo que deriva en el enterramiento de grandes volúmenes de basura sin control adecuado.
Inspecciones y posible clausura del vaciadero municipal
El episodio ocurrió pocos días después de una inspección realizada por la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz, que constató irregularidades en el funcionamiento del predio.
Desde el organismo remarcaron que la legislación vigente prohíbe los basurales a cielo abierto y obliga a trasladar los residuos al relleno sanitario habilitado. En ese sentido, el secretario Diego Procopio confirmó a Radio LU12 AM680 que avanzarán con intimaciones formales al Municipio.
“El vaciadero de Río Gallegos es el de mayor impacto ambiental en la provincia”, afirmó el funcionario, quien además advirtió sobre la presencia de quema de residuos, animales muertos y recuperadores informales dentro del predio.
Procopio aseguró que “no existen impedimentos para trasladar los residuos diariamente” al relleno sanitario ubicado camino a Punta Loyola, en funcionamiento desde 2022, y adelantó que se otorgará un plazo legal para regularizar la situación. En caso de incumplimiento, el proceso podría derivar en la clausura del basural.
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