Los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) iniciaron una nueva semana de medidas de fuerza en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se extenderá hasta el sábado y tendrá nuevas acciones durante la semana, en un escenario que el gremio ADIUNPA calificó como “muy conflictivo”.
En diálogo con Radio LU12 AM680, la secretaria adjunta de ADIUNPA, Karina Dodman, aseguró que el Gobierno Nacional lleva “300 días” incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó que tampoco se esté cumpliendo una sentencia cautelar.
“Hoy estamos hablando de 300 días que el Gobierno está incumpliendo la ley de financiamiento universitario, con sentencia firme de una cautelar”, sostuvo.
Según explicó, la medida cautelar obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados fundamentalmente con salarios y becas. “La cautelar trae la aplicación del artículo 5 y 6 de esta ley, que es nada más ni nada menos que salarios y becas, por su carácter alimentario”, señaló.
Dodman remarcó que el reclamo no se limita a esos puntos y que la discusión de fondo comprende el incumplimiento de toda la ley. “Lo que está incumpliendo la cautelar es eso, pero está incumpliendo la ley en su totalidad”, afirmó en diálogo con Pablo Manuel y Victoria Lescano, en “La Mañana de LU12”
“Estamos hablando de más de 300 días de incumplimiento”
La dirigente cuestionó además el mecanismo judicial dispuesto para el próximo 21 de agosto, al considerar que la audiencia convocada puede terminar retrasando aún más la aplicación de la normativa.
“Ya manifestó su disconformidad respecto a esta convocatoria, como un artilugio más, en relación a la dilatación del cumplimiento de la ley de financiamiento”, sostuvo.
En ese marco, señaló que el conflicto también está marcado por la falta de actualización presupuestaria y salarial. “El año pasado, cuando tuvieron la posibilidad de solucionar el conflicto, después que se promulgó la ley, podría haber sido tomada la ley de presupuestos, la ley de leyes. Bueno, eso no fue así, pusieron la mitad de plata que se necesitaba para sostener las universidades según la ley”, afirmó.
La dirigente sostuvo que el problema se profundiza a medida que avanza el calendario y se aproxima una nueva discusión presupuestaria. “Estamos ante la antesala de una nueva discusión de proyecto de ley, ya estamos en agosto, en un abrir y cerrar de ojos vamos a llegar nuevamente a la discusión de la ley de presupuestos”, advirtió.
“Nos deben un 28,5%”
En materia salarial, Dodman afirmó que la pérdida de poder adquisitivo continúa creciendo. “El cálculo que hacemos es que nos deben un 28,5 a junio, en julio dieron pauta salarial cero, en agosto ya estamos casi en las mismas condiciones”, señaló.
También cuestionó que, frente a la protesta, el Gobierno haya convocado a una nueva instancia de negociación recién para septiembre. “Ante las medidas de fuerza convocaron a paritaria el primero de septiembre, donde no hay un horizonte que nos diga que rápidamente se va a recomponer”, sostuvo.
Para la dirigente, el deterioro presupuestario no afecta solamente a los trabajadores docentes, sino a todo el funcionamiento universitario.
“La universidad tuvo que rediscutir, ingeniárselas para resistir la asfixia”, explicó.
Dodman recordó que el impacto se observa desde hace años y mencionó las primeras dificultades que tuvieron las universidades para afrontar gastos básicos. “La primera ajuste que hizo el Gobierno lo hizo en las universidades, a partir de trasladar los mismos presupuestos que en 2023”, indicó.
Según relató, la situación llegó a generar problemas para sostener servicios esenciales. “Algunas universidades se habían cerrado ya porque no se podían pagar los servicios”, afirmó.
Becas, comedores y estudiantes
Otro de los puntos señalados por la dirigente fue el deterioro de las políticas de acompañamiento a los estudiantes. Mencionó las becas, los comedores y las residencias como parte de los recursos que debieron ser reacomodados para sostener la permanencia de los alumnos.
“También está el estudiantado, por las políticas que tiene la universidad en relación al sostenimiento de la matrícula”, explicó.
En ese marco, señaló que Santa Cruz atraviesa una situación económica especialmente compleja y que esto también impacta en quienes intentan sostener sus carreras universitarias.
“Estamos asistiendo a procesos de despidos”, planteó, y puso como ejemplo la pérdida de puestos laborales en la provincia.
Para Dodman, esta realidad genera nuevos obstáculos para quienes intentan continuar sus estudios. “¿Cómo se puede sostener a esas personas en la universidad, quienes están llevando adelante su trayectoria si no hay partida?”, cuestionó.
Sobrecarga y aulas masivas
La dirigente también hizo hincapié en el impacto que el contexto económico tiene sobre las condiciones de trabajo de los docentes.
“Estamos en una situación muy compleja en esto, en la sobrecarga, en el desgaste, que eso implica en tener aulas masivas”, sostuvo.
Explicó que la UNPA registró este año un crecimiento importante en la cantidad de estudiantes y recursantes, en parte porque la crisis económica dificulta que muchos jóvenes se trasladen a otras ciudades para estudiar.
“Nuestra universidad tuvo récord de inscriptos este año. Y de recursantes”, señaló.
El incremento de matrícula tuvo una traducción directa en las aulas. Dodman mencionó casos en los que cursos que anteriormente tenían 100 estudiantes llegaron a reunir 278 y otros que alcanzaron cifras aún mayores.
“Estamos hablando de cuestiones que implican en las condiciones de trabajo”, planteó.
Un salario de $600.000
Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la situación salarial de los docentes.
Dodman explicó que buena parte de la estructura docente de la universidad está conformada por dedicaciones simples y sostuvo que la remuneración no refleja la cantidad de tareas que realizan.
“Estamos hablando que todavía nos falta recuperar un 30% y aun así recuperándolo nuestros salarios son bajísimos”, afirmó.
Como ejemplo, describió la situación de un profesor adjunto con 19 años de antigüedad, especialización y una dedicación de 10 horas.
“Con 19 años de antigüedad, percibiendo el 80% de zona desfavorable y con un postítulo de especialización, el mes que pasó percibió 600.000 pesos”, relató.
Y fue contundente al comparar ese ingreso con el costo de vida: “Un sueldo por debajo de la línea de la indigencia”.
Según agregó, la canasta básica total supera los $2 millones, por lo que muchos docentes se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos.
“Tenés que tener más trabajo”, resumió.
La continuidad del paro
Las medidas de fuerza iniciadas esta semana se extenderán hasta el sábado. Duhlmann explicó que durante estos días habrá nuevas instancias de discusión gremial y acciones en todo el país.
“Sí, hasta el sábado. Mañana tenemos mesa ejecutiva. Seguramente ya se resolverá la próxima instancia de evaluación”, señaló.
También confirmó que el miércoles habrá acciones en distintas universidades y que en la UNPA deberán compatibilizar la medida con las actividades de los órganos de gobierno universitario.
“El día miércoles en todo el país van a haber acciones”, indicó.
Dodman cerró la entrevista con una definición que resume el planteo del sector: la defensa de la universidad pública y el esfuerzo de docentes y estudiantes por mantenerla en funcionamiento pese al deterioro presupuestario.
“Hemos sostenido la docencia, los trabajadores y las trabajadoras en la docencia, y el estudiantado, esta universidad abierta”, sostuvo.
La dirigente afirmó que ese esfuerzo responde a una concepción de la educación superior como derecho. “La universidad pública sea un derecho para la población”, concluyó.
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