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El Gobierno de Santa Cruz respondió al documento difundido por intendentes, diputados y senadores de la oposición que rechazaron el proyecto de ley enviado por la gestión de Claudio Vidal para acceder a financiamiento por hasta USD 600 millones.
La respuesta oficial fue encabezada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, quien sostuvo que durante las administraciones provinciales anteriores se aprobaron leyes de endeudamiento en moneda extranjera, con cesión de regalías y coparticipación como garantía y con prórroga de jurisdicción extranjera.
Qué plantea el proyecto enviado a Diputados
La iniciativa ingresó el 13 de mayo de 2026 a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, con la firma del gobernador Claudio Vidal.
El texto solicita autorización legislativa para realizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones o su equivalente en otras monedas, con desembolsos durante el presente ejercicio y los siguientes.
El proyecto establece que los fondos podrán utilizarse para financiar gastos de capital, programas de desarrollo provincial y administración de pasivos, incluyendo renegociación o cancelación de deudas asumidas previamente por el sector público provincial.
También contempla distintos instrumentos financieros, como emisión de títulos públicos, acuerdos con organismos multilaterales, préstamos internacionales y operaciones en mercados de capitales nacionales e internacionales.
Según el articulado, el plazo máximo de amortización será de hasta 15 años y las tasas podrán ser fijas, variables o mixtas.
Conferencia
Horas después del ingreso formal del proyecto, el ministro Ezequiel Verbes brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, y parte del equipo económico provincial.
Durante la presentación, el titular de Economía explicó que el objetivo de la iniciativa es financiar obras de infraestructura y resolver problemas estructurales de Santa Cruz.
“Lo que buscamos es poder resolver los problemas históricos de Santa Cruz”, señaló Verbes.
El funcionario indicó que el Gobierno analiza distintas alternativas de financiamiento, entre ellas créditos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
También mencionó la posibilidad de emitir bonos en moneda extranjera.
Las obras previstas con el financiamiento
De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo provincial, una parte de los fondos estaría destinada a infraestructura energética, obras viales, infraestructura hospitalaria y proyectos vinculados al desarrollo productivo.
Entre las prioridades mencionadas aparecen la interconexión energética de localidades que actualmente funcionan con sistemas aislados, el acueducto del Lago Buenos Aires, infraestructura educativa y recuperación de infraestructura portuaria.
Verbes sostuvo que una de las metas es reducir costos estructurales y generar condiciones para el crecimiento económico provincial. “Tenemos que priorizar aquellas obras que nos permitan cambiar la matriz energética, la matriz productiva y también la matriz de empleo”, afirmó.
El ministro también explicó que el financiamiento externo permitiría liberar recursos corrientes que hoy la provincia destina a obras o administración de pasivos.
Salarios a docentes y estatales
Durante la conferencia de prensa, el ministro fue consultado sobre el impacto que el endeudamiento podría tener en las negociaciones salariales con trabajadores estatales.
En respuesta, aclaró que los recursos provenientes del crédito público no podrán destinarse directamente al pago de salarios ni a gastos corrientes, ya que el proyecto establece como destino infraestructura, desarrollo y administración de pasivos. Sin embargo, explicó que la ejecución de obras generaría un efecto indirecto sobre la economía provincial y las finanzas públicas.
Según sostuvo, la reactivación de la obra pública incrementaría el movimiento económico y permitiría liberar fondos corrientes para otras obligaciones del Estado provincial.
El documento de la oposición
Días después de la presentación del proyecto, intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales y senadores difundieron un pronunciamiento conjunto contra el endeudamiento.
En el texto manifestaron el rechazo “a cualquier mecanismo de endeudamiento en moneda extranjera y bajo jurisdicción de tribunales extranjeros”.
También sostuvieron que los recursos provinciales deben destinarse prioritariamente a salarios, obra pública y financiamiento de servicios esenciales.
Además, reclamaron una nueva ley de coparticipación y mayor financiamiento para las cajas de servicios y previsión social.
Entre los firmantes figuran los diputados provinciales Carlos Santi, Carlos Godoy, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora y José Bodlovic de Unión por la Patria; además de Daniel Peralta, Carlos Alegría y Javier Jara.
También acompañaron el documento los intendentes Aldo Aravena, Darío Menna, Javier Belloni y Pablo Grasso, de Unión por la Patria, junto a Antonio Carambia, Zulma Neira y Juan Raúl “Pirri” Martínez, del Frente Por Santa Cruz.
El pronunciamiento también fue firmado por los diputados nacionales Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho, además de los senadores Alicia Kirchner, José María Carambia y Natalia Gadano.
La respuesta de Ezequiel Verbes
Tras la difusión del documento opositor, el Gobierno provincial recordó que durante las gestiones anteriores se aprobaron leyes de endeudamiento con características similares a las actualmente cuestionadas.
Uno de los puntos señalados por Verbes fue la Ley Provincial N.º 3.479, aprobada en junio de 2016 durante el gobierno de Alicia Kirchner.
Según explicó el Ejecutivo, esa norma autorizó operaciones de crédito público “en pesos o su equivalente en monedas extranjeras”, mediante préstamos, emisión de títulos y fideicomisos financieros.
La legislación también habilitó la cesión de recursos de coparticipación federal y regalías hidrocarburíferas y mineras como garantía de pago de obligaciones financieras.
De acuerdo con el Gobierno provincial, el artículo 5 de esa ley contemplaba como destino de los fondos el pago de deuda, regularización de atrasos de Tesorería, asistencia al Estado provincial en gastos corrientes, obras públicas y pago de salarios.
En ese contexto, Verbes afirmó: “La oposición rechaza el pedido de Vidal para cambiar la matriz productiva, pero a Alicia le aprobaron uno similar para gastos corrientes”.
Jurisdicción extranjera
Otro de los ejes del planteo opositor estuvo vinculado a la posibilidad de que eventuales litigios vinculados al financiamiento se resuelvan bajo jurisdicción extranjera.
Frente a eso, el Gobierno recordó la vigencia de la Ley Provincial N.º 3.503, sancionada en noviembre de 2016 durante la gestión de Alicia Kirchner.
Según explicó Verbes, esa normativa autorizó la incorporación de cláusulas de prórroga de jurisdicción extranjera para operaciones de endeudamiento y continúa vigente.
“Nos critican por lo que ellos mismos aprobaron. La ley de prórroga de jurisdicción extranjera sigue vigente y nosotros lo único que hacemos es cumplir con ella”, expresó el ministro.
Los datos oficiales sobre la deuda pública
El Ministerio de Economía provincial informó que entre 2003 y 2023 Santa Cruz acumuló deuda pública equivalente a USD 2.102 millones.
El detalle difundido por la cartera económica señala:
- Sergio Acevedo (2003-2006): USD 67,2 millones.
- Daniel Peralta (2007-2015): USD 1.419 millones.
- Alicia Kirchner (2015-2023): USD 612,8 millones.
Según el Gobierno provincial, esos compromisos incluyeron préstamos bancarios, refinanciaciones, programas nacionales, títulos públicos y acuerdos con organismos multilaterales.
Además, indicaron que una parte de esos recursos fue destinada a déficit estructurales, refinanciación de pasivos y gastos corrientes del Estado provincial.
El escenario financiero provincial
En los fundamentos enviados a la Legislatura, el Ejecutivo provincial indicó que Santa Cruz registra una necesidad bruta de financiamiento superior a los 356 mil millones de pesos.
Según el informe oficial, ese escenario está vinculado al déficit previsional, la caída de transferencias automáticas nacionales y la disminución de regalías hidrocarburíferas tras el retiro de YPF de áreas provinciales.
El documento también señala que la Secretaría de Estado de Hacienda analizó distintas alternativas de financiamiento en pesos y en moneda extranjera antes de elaborar el proyecto de ley.
Entre los argumentos incorporados en la iniciativa, el Gobierno sostuvo que las regalías hidrocarburíferas y mineras representan ingresos dolarizados que podrían funcionar como herramienta para mitigar riesgos cambiarios y respaldar los servicios financieros proyectados.
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