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Sigue el escándalo judicial en la provincia: el Gobierno de Santa Cruz presentó un recurso ante la Corte Suprema tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a tratar la ampliación del número de jueces.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso La Opinión Austral, el escrito fue presentado por la fiscal de Estado provincial, Natalia Linardi, el pasado viernes 27 de marzo. Este se suma a los ya elevados por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón (en febrero) y a las presentaciones de los cuatro nuevos jueces nombrados: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De La Vega.
La ampliación, fue declarada inconstitucional por cuatro de los actuales integrantes del TSJ (Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta) a mediados de diciembre del año pasado, lo que disparó una batalla legal que ahora busca definiciones en la Corte Suprema.
Ahora, el complejo escenario, suma un capítulo más: en un comunicado oficial extendido este domingo, el Ejecutivo provincial apuntó nuevamente contra la Justicia provincial, acusándola de tener un “rol opositor” y “afectar la institucionalidad”. Entendiendo esta situación, el gobierno de Claudio Vidal decidió pedir la actuación del máximo órgano judicial del país, contra un TSJ que profundiza su postura que raya lo “destituyente”,dijo el mandatario provincial.
En concreto, el Estado santacruceño presentó un recurso de queja luego de que el Tribunal Superior rechazara tratar un recurso extraordinario vinculado a la ley que ampliaba la cantidad de miembros del propio tribunal.
Desde el Gobierno sostienen que la decisión judicial no solo es cuestionable en términos legales, sino que además tiene un trasfondo político.
“Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición”, planteó Vidal, quien fue más allá al calificar la conducta de los jueces como “antidemocrática y anticonstitucional”. Según el mandatario, existe una actitud sistemática que busca frenar decisiones del Ejecutivo y del Legislativo.
El eje del reclamo ante la Corte
En la presentación realizada ante la Corte Suprema, la Fiscalía de Estado argumenta que el Tribunal Superior “incurrió en arbitrariedades” al rechazar el recurso extraordinario y evitar que el caso llegue a la instancia nacional.
El documento plantea que hay una situación de “gravedad institucional”, ya que —según la provincia— el fallo judicial interfiere en competencias propias de otros poderes del Estado, especialmente del Poder Legislativo.
Además, se cuestiona que el tribunal haya declarado la inconstitucionalidad de la ley que ampliaba su integración, una norma que había sido sancionada por la Legislatura provincial.
Según el escrito, el rechazo del recurso se basó en cuestiones formales y no en un análisis de fondo, lo que habría impedido discutir el tema en profundidad.
Qué busca ahora la provincia
Con esta presentación, el Gobierno provincial intenta que la Corte Suprema revise lo ocurrido y habilite el tratamiento del recurso extraordinario que fue rechazado en Santa Cruz.
En términos concretos, se solicita que el máximo tribunal del país declare mal denegado el recurso y avance sobre el fondo del conflicto, incluyendo la validez de la ley que ampliaba el número de jueces del Tribunal Superior.
Vidal: “Quieren desfinanciar y desestabilizar”
En el plano político, Vidal también apuntó con dureza contra los jueces del Tribunal Superior, a quienes acusó de mantener una postura “destituyente”.
“Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al Gobierno”, afirmó el gobernador, quien considera que existe una estrategia coordinada para frenar la gestión provincial.
El mandatario insiste en que la discusión no es solo jurídica, sino también institucional, ya que —según su mirada— está en juego el equilibrio de poderes en la provincia.
En ese contexto, Vidal también apuntó directamente contra una decisión reciente del Tribunal Superior que, según afirmó, agrava la situación financiera de la provincia. El gobernador cuestionó la intimación al Ejecutivo para otorgar un aumento salarial del 50% al Poder Judicial, lo que elevaría los ingresos de los magistrados por encima de los $25.000.000 mensuales.
“Es una medida irresponsable en un momento crítico. Mientras estamos discutiendo una emergencia económica para sostener el funcionamiento del Estado, estos jueces avanzan en decisiones que buscan desfinanciar a la provincia”, advirtió. Para el mandatario, este tipo de resoluciones no solo tensan el vínculo institucional, sino que además ponen en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
El TSJ, en Capital Federal
En tanto, La Opinión Austral pudo saber que varios del integrantes el Tribunal Superior de Justicia estarán en Capital Federal, tal el caso de su presidenta Renée Fernández y de la vocal Paula Ludueña. No se descarta que algunos de los cuatro vocales designados también participen de reuniones relevantes para analizar la grave situación judicial de Santa Cruz.
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